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Attorney at Law
Attorney at Law, Abogado de Colombia
Categoría: Ley de Colombia
Clientes satisfechos: 494
Experiencia:  Asesoría Jurídica y Empresarial
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Saludo cordial, Mi PYME ha firmado un contrato de obra

Pregunta del cliente

Saludo cordial,

Mi PYME ha firmado un contrato de obra con una entidad del estado, dentro del contrato se encuentran estas clausulas:

Que conoce las condiciones del sitio donde se desarrollará el objeto del Contrato, y que en la confección de su ofrecimiento tuvo en cuenta las características determinantes de aquél que incidirían sobre la ejecución del Contrato

Que en su calidad de CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones legales y contractuales necesarias para el debido cumplimiento del objeto del Contrato, y en especial actuará con toda la diligencia y cuidado que le son propias a la naturaleza del mismo, de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil

Que conoce las disposiciones sobre conflictos de interés consignadas en los Estatutos, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética del CONTRATANTE y las consecuencias que se derivan al contrariarlas.

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, constituyan fuerza mayor o caso fortuito (entendidos éstos en los términos del artículo 64 del Código Civil).
Solo se exonerará de responsabilidad al CONTRATISTA, en relación con aquél incumplimiento que sea consecuencia directa de hechos o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.

Sin perjuicio de otras causales previstas, EL CONTRATANTE podrá declarar la terminación anticipada del Contrato en los siguientes eventos:
10. Cuando la situación de orden público lo imponga.

En este momento estamos siendo víctimas de amenazas y extorsión por parte de la guerrilla y por eso no hemos podido continuar los trabajos en campo.

La amenaza dice que si sacamos personal y/o equipos a campo serán volados, por lo que nos hemos abstenido de ejecutar los trabajos (ya una maquina fue volada hace algunos meses).

Quisiera saber bajo que argumento legal puedo solicitar la terminación bilateral anticipada del contrato debido a la falta de seguridad de mi personal y equipos y al alto riesgo que representa para nosotros el ejecutar en esas condiciones.

La empresa contratante nos dice que garantiza la seguridad en el área de los trabajos, pero nadie nos garantiza la seguridad durante las movilizaciones o fuera del horario laboral.

El contratante me requiere una carta solicitando la terminación bilateral del contrato y basado en mis argumentos y en las evidencias el definirá si es viable terminar o en su defecto no nos lo permitirá.

Yo tengo las pruebas de la extorsión (denuncio, los números telefónicos, el antecedente de una maquina volada al servicio de nuestro contrato) pero no se bajo que argumentos legales enmarcar mi solicitud.

Gracias, XXXXX XXXXX
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de Colombia
Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.

Carlos Alberto Arias :

buenos dias

Customer:

holaaaa

Carlos Alberto Arias :

pero su interes especifico es iniciar la actuacion penal o terminar el contrato??

Customer:

terminar bilateralmente el contrato

Carlos Alberto Arias :

el primer paso seria iniciar una conciliacion con la procuraduria administrativa

Carlos Alberto Arias :

dando a conocer los hechos por lo cuales usted desea dar por terminado el contrato

Customer:

el ejecutarlos nos conlleva unos riesgos muy altos

Carlos Alberto Arias :

tambien es una opcion tratar de enmarcar la terminación en una de las causales justas de la ley 8

Carlos Alberto Arias :

ley 80

Customer:

ya hicimos reuniones con el administrador del contrato, el dice que no es potestad de él, el declarar la terminacion, que se debe hacer la solicitud, que el departamento de seguridad fisica y el juridico estudian la veracidad y la viabilidad y segun eso se decide si se puede terminar bilateralmente o no lo permiten, dejando la puerta abierta para que yo solicite una terminacion unilateral (cosa que no quiero, no quiero aparte de quedarme sin el trabajo salir en problemas con el contratante)

Customer:

holaaaa

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
Nuestro Chat ha terminado, pero usted todavía puede continuar formulándome preguntas aquí hasta que obtenga su respuesta 100% satisfactoria. Vuelva a esta página para ver nuestra conversación.

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Si ha terminado, por favor, valore la respuesta. O bien, puede responderme usando la caja ubicada más abajo.
Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
tiene alguna otra pregunta???
Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
La liquidación de los contratos no sólo es parte del curso normal del contrato, sino una obligación legal.
La extinción del vinculo, no niega el nacimiento con la liquidación de las obligaciones que en el futuro deban ser asumidas por el ex contratista, a diferencia de la ejecución contractual, pues esta se habrá cumplido.
La entidad deberá ejercer su potestad exorbitante y liquidar unilateralmente el contrato, en el evento en que exista desacuerdo entre las partes del contrato, si el contratista se rehusa a suscribir la liquidación bilateral, para el efecto; la Entidad expedirá una resolución debidamente motivada dentro del término legal contemplado.


Tema interesante es este de la liquidación de los contratos estatales, pues si bien pareciera que el nuevo estatuto contractual dejó claro este tópico, la verdad es que han quedado vacíos, sobre todo en lo que tiene que ver en la realidad el cumplimiento de este trámite.
Consciente de que no es un tema fácil por cuanto esta facultad típica del derecho administrativo, es relativamente nueva en nuestro medio jurídico, ya que solo a partir del año 1993 se empieza a hablar legalmente en nuestro país de éste novedoso trámite, razón por la cual en el ambiente nacional no es prolijo el material existente sobre éste tópico. No obstante para esta monografía, se quiere abordar su estudio tomando como soportes fuentes como la Ley, extractos jurisprudenciales, importantes conceptos de la doctrina nacional y extranjera, la cual ha influenciado notoriamente y en forma determinante en lo que tiene que ver con el poder del Estado en el sistema jurídico colombiano.
Como etapa final en el trámite contractual, en gran parte de nuestras entidades estatales, las oficinas de contratación no le brindan la importancia que merece ejecutar ésta etapa, bien sea por desconocimiento o por ineficiencia, por lo demás se reitera que se debe a la falta de investigación o conceptualización del tema que pareciera muy sencillo en la teoría.
Con el presente trabajo se quiere concebir un análisis haciendo comentarios de índole personal para llegar a establecer los efectos que genera la liquidación de los contratos estatales y los problemas de tipo legal que se han incurrido por la indebida o no-aplicación de ésta figura.
El estatuto de contratación pública, cumple doce (12) años de existencia, la necesidad de modificar en algunos aspectos de sus etapas, es apremiante, entre ellas, la liquidación de los contratos estatales.
Al realizar esta investigación se pretende de una u otra forma contribuir en alguna medida a que esta etapa tan importante de la CONTRATACIÓN ESTATAL, se aplique adecuadamente, y de esta forma no desencadenar incumplimiento en la terminación de los contratos o desatar en demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Es bueno entonces preguntarse que es en realidad un acta de liquidación de un contrato estatal, cual es el verdadero alcance de este documento y sobre todo la importancia de este documento, ya que es la última oportunidad que tienen las partes de restablecer el equilibrio del contrato que se pudo haber roto durante la ejecución del contrato.
Como en el documento no se hace referencia alguna a declaraciones de paz y salvo definitivas, ni a la solución de algún tipo de controversias pendiente (que en este caso eran previamente conocidas por la entidad), el contratista lo suscribe confiado de que simplemente se está definiendo cual es el valor de lo adeudado por obras ejecutadas para luego encontrarse con que las entidades esgrimen ese documento como un acta de liquidación final del contrato que tiene el carácter de finiquito o paz y salvo definitivo.
Este tipo de documentos debe ser firmados por los contratistas para que se les pague lo que se les debe sin discusión alguna, sumas que incluso debían ser pagadas por las entidades oficiales sin condicionar su cancelación a la suscripción de este documento.
Las entidades estatales deben presentar al contratista un oficio en el que se evalúe el contrato, fija el monto de las obligaciones (derivadas, reajuste, obra ejecutada), en una "acta de liquidación", que no pasa de ser un simple balance contable del desarrollo contractual.


La liquidación del contrato tiene como propósito hacer el ajuste final de cuentas revisiones y reconocimientos a que haya lugar para finiquitar el negocio contractual, mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de las partes así estás puedan declararse a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución, y liquidación del contrato.
Con la liquidación del contrato, el círculo negocial queda terminado y cerrado definitivamente en lo que atañe al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo para las partes, lo que implica la extinción definitiva del vínculo contractual, la certeza acerca del pasado y futuro del contrato.
La figura de la liquidación contractual, es desatendida por la mayoría de los entes estatales.
La liquidación es el fin último de lo que en principio fue un acuerdo de voluntades, para llevar a cabo un negocio jurídico en beneficio de las partes. Esta culminación puede ser con un acuerdo o un acto administrativo, implicando de esta manera un proceso de discusión, de conversaciones y análisis.
La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes constituye un acto de autonomía privada de aquellas, que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas no susceptibles de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo.

Es importante resaltar lo relativo a las clases dictadas por la Doctora: MYRIAM GUERRERO HERNANDEZ, en el primer semestre de ésta especialización en Derecho Administrativo, para formular los principios que rigen la liquidación de los contratos estatales, los cuales son vistos por la docente desde un punto de vista mas critico:
TRANSPARENCIA: La ley lo enuncia pero no lo define; tiene que ver con la objetividad, es decir con el interés general.
OBJETIVIDAD: Al igual que la relación con el interés general, el contrato no puede desconocer su objetividad ya que le generaría un vicio de nulidad.
PUBLICIDAD: Las actuaciones contractuales son de conocimiento público, por lo que no son reservadas, y a través del derecho de petición a la información, se puede acceder al conocimiento del mismo.
Este último elemento, tiene que ver con la obligación de darle la oportunidad a una persona de intervenir en una decisión de la administración; cuando ya se toma la decisión se ejerce éste derecho, a través de la vía gubernativa incoando los recursos de reposición o de apelación.
DEBIDO PROCESO: Esta integrado por tres elementos, a) Competencia: El funcionario debe estar facultado por una norma precisa la cual le asigna su competencia, b) Procedimiento: XXXXX XXXXX camino, pasos o trámite a realizar, c) Derecho de Defensa: Tiene dos momentos, antes y después de tomada la decisión.
ECONOMIA: La entidad no puede crear un procedimiento diferente o documentación que no se encuentre prevista en la ley, por lo tanto no se pueden exigir requisitos extras en el pliego de condiciones. Este principio no tiene nada que ver con escoger al proponente mas barato sino con el de valorar a la mejor propuesta.
EQUILIBRIO FINANCIERO: Este principio indica que hay dos extremos en la relación contractual entre las partes, teniendo en cuenta el contenido económico previsto en los derechos y las obligaciones.



para resumir.- usted realiza una solicitud bien soportada generalmente las entidades del estado no niegan esas solicitudes, usted adecue la solicitud que presente con uno de los principios que ya le mencione y es muy probable que salga a su favor, si despues de ralizar esta solicitud usted obtiene respuesta desfavorable comuniquese conmigo nuevamente y veremos que opciones jurídicas se desprenden de la contestación que ellos le den.
Cliente: escribió hace 3 año.

Hola sigo, sin tener claro que argumentos puedo incluir en la carta de solicitud de terminación del contrato. me podrias por favor relacionar una ley que me ampare, o una referencia de jurisprudencia del consejo de estado, etc... Algo que me ampare y que defina que por estar amenzado y coartado no tengo las condiciones de seguridad para trabajar.


El unico causal que veo viable es el que dice "cuando la situacion de orden publico lo imponga". como se soporta este argumento?? gracias, XXXXX XXXXX

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
por supuesto que si, existe una jurisprudencia del consejo de estado que indica motivos de orden publico y en ella se establece la seguridad de quienes realizan la ejecucion del contrato, al verse amenazada y no tener las condiciones necesarias para asegurar su supervivencia el ejecutante puede solicitar la terminación anticipada del contrato.


"CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-26-000-1996-02482-01(17253)"


por favor indiqueme si aun existen vacíos, con gusto le ayudare a resolverlos.

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
para comodidad suya, apunto, los partes mas importantes de la sentencia, la cual usted puede constatar.

"Dentro de las cláusulas que un sector de la doctrina denomina como inusuales en el derecho privado, y que la jurisprudencia del Consejo de Estado Francés califica como reglas de derecho común de los contratos administrativos, se encuentra el instituto de la terminación unilateral por razones de interés público, privilegio que deriva entre nosotros del derecho positivo de los contratos estatales (arts. 14 ordinal 2º y 17 de la ley 80) y no de una prerrogativa implícita al contrato estatal como señalan algunos tratadistas extranjeros.

En efecto, la prerrogativa expresa de poder público de extinción del contrato por razones de interés público-prolongación lógica de su poder de modificación unilateral como advierte Rivero-en nuestro ordenamiento jurídico puede tener lugar en distintas hipótesis, previstas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993.

Uno de los eventos allí consignados faculta a la entidad contratante para que en acto administrativo, debidamente motivado, disponga la terminación anticipada del contrato cuando la situación de orden público lo imponga. Esta potestad excepcional es manifestación de uno de los privilegios contractuales derivados de la superioridad que ostenta la Administración Pública en su condición de titular del imperium estatal: la decisión unilateral y ejecutiva, esto es, aquella que se emite sin necesidad de acudir al juez del contrato (art. 64 C.C.A.).

Ahora bien, este poder rescisorio (que no de revocación), como una de las modalidades de extinción anormal del contrato estatal, es una figura que ha suscitado vivo interés entre la doctrina especialmente francesa , italiana y argentina. Así, Berçaitz al estudiar la resolución o rescisión unilateral sin culpa y por razones ajenas al contratista como potestad inherente a la Administración por razones de oportunidad sostiene sobre este privilegio:

“Para que la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sea legítima, debe darse el presupuesto que la fundamenta, es decir, la existencia de causas sobrevinientes a la celebración del contrato que lo tornen inadecuado para cumplir sus fines.

“El poder del Estado al respecto, por su carácter extraordinario, no puede ejercerse sino por motivos legítimos, pues una potestad ilimitada para revocar desautorizaría los principios que le dan fundamento, es decir, el interés público (…)

“Esto obliga a la motivación del acto de revocación, donde debe expresarse el motivo o los motivos de la revocación a los fines de dejar claramente establecida la legitimidad del obrar administrativo, permitiendo su oportuno control jurisdiccional. (…)

“Para que pueda admitirse la revocación por tales causas, es menester que existan fundamentos objetivos que permitan valorar el cambio de las condiciones bajo las cuales fue celebrado y que obsten o dificulten la mejor satisfacción del interés público. ”

Por su parte, Escola-siguiendo a De Laubadère y a Marienhoff-advierte que la rescisión unilateral es una verdadera potestad administrativa y no simplemente un derecho, en tanto para ejercerse no requiere su inserción expresa en el contrato:

“Otra de las singularidades que caracterizan a los contratos administrativos y a sus modos de ejecución, es la presencia constante en ellos de otra potestad de la administración pública, en mérito de la cual ésta tiene la prerrogativa de disponer, de manera unilateral, la rescisión de estos contratos.

“Como inmediatamente se advierte, se trata de una potestad exorbitante del derecho privado, y como tal responde, no sólo a las características propias de los contratos administrativos, sino que encuentra su razón de ser en la finalidad esencial de esos contratos, y en general de todo el accionar administrativo, es decir, en las exigencias del interés general.”

Cuando la administración se ve avocada a hacer uso de este formidable poder frente a la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato lo hace impulsada por razones del servicio público, bajo el entendido de que se trata de una potestad reglada y, por lo mismo, sólo puede invocarse en casos excepcionales como manifestación del poder coercitivo de que está investida.

En otras palabras, las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que imponen la terminación unilateral deben dar cuenta expresa de los motivos que dieron lugar al acto que pone fin anticipadamente al contrato. Si bien el interés público o general reclama el uso de este tipo de medidas extraordinarias su interpretación, ha dicho la Sala, es restrictiva por corresponder a reglas de excepción.

No se trata ni mucho menos de una situación exceptiva a los principios de pacta sunt servanda, lex contractus o lex inter partes (1602 C.C.)-rectores también de la contratación estatal (arts. 13, 23, 28, 32 y 40 de la ley 80, art. 8º del decreto 679 de 1994)-que se traduzca en la legitimación de la arbitrariedad mediante el uso de un poder ilimitado como advierte Escola, y por ello se permite al contratista inconforme con la medida impugnarla en sede judicial, mediante la acción de controversias contractuales (art. 87 del C.C.A.), para que el juez determine si se configura una causal de nulidad que permita privar de sus efectos jurídicos al acto administrativo contentivo de la medida.

Por manera que se impone un riguroso control judicial por parte del juez en lo contencioso administrativo de este formidable privilegio, quien deberá ocuparse de las razones de orden público esgrimidas por la Administración al hacer uso de esta cláusula exorbitante. Este juzgamiento entraña constatar no sólo la seriedad y pertinencia de esta medida extrema, sino también implica evaluar su proporcionalidad. Así lo tiene determinado nuestra jurisprudencia:

“Cuando la administración termina un contrato en forma unilateral debe explicar claramente el por qué. Solo así el contratista podrá defender sus derechos, si considera que esos motivos no se dieron o fueron irrelevantes, y si lo hace por motivos de conveniencia, orden público o interés general tendrá que indicar en qué consisten tales motivos y cuál es su alcance. No podrá limitarse a afirmar la entidad contratante en forma genérica que la medida obedece a ‘razones de orden público’ o ‘se estima conveniente’ o ‘el orden público así lo exige’, porque este equivale, como se dijo, a no decir nada.

“Las razones de orden público o de interés general, genéricamente conocidas como de conveniencia, esgrimidas por la administración deben tener entidad y relevancia y son controlables jurisdiccionalmente. Como lo ha dicho la jurisprudencia esas razones están envueltas en el control de legalidad y no en el simple control del mérito. Control de legalidad que se extiende no sólo a constatar la veracidad de los motivos expuestos, sino también a evaluar la seriedad, la pertinencia de estos y la proporcionalidad con la medida tomada.(...)

“La terminación de un contrato por razones de orden público debe obedecer a motivos de especial gravedad o seriedad.(...)

“El hecho de que en el decreto 150 de 1976 no tuvieron consagración expresa esta forma de terminación por razones de orden público y sí en el decreto 222, le permite al juzgador tomar este último estatuto como hito interpretativo para medir su alcance. (subraya la Sala)

Ahora bien, la cláusula orden público ha sido definida por la jurisprudencia-concepto luego retomado por el Código Nacional de Policía-como ese conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.

A juicio de la doctrina, el orden público equivale a la convivencia pacífica entre el poder y la libertad, pues toda situación de inseguridad anula la libertad (Hauriou). El orden público hace, pues, relación con el conjunto de condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad públicas (Hauriou), necesarias para una convivencia armónica y pacífica en sociedad. De modo que constituye un presupuesto para la prosperidad general y para el libre ejercicio de los derechos, que exige la vida en comunidad.

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, se impone concluir que cuando el numeral 1º del artículo 17 de la ley 80 prevé que la entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga, dota a la entidad contratante como autoridad administrativa de un poder-que de suyo no ostentan los particulares-como medio para garantizar los intereses supremos que orientan la actividad estatal y que, como se indicó, no son ajenos a la contratación pública, como que los fines de la contratación estatal se confunden con el cumplimiento mismo de los fines estatales (artículos 3º inciso primero, 14 inciso primero, 26 numeral 1º de la ley 80). Así lo tiene determinado la jurisprudencia de la Sala al subrayar la incuestionable vigencia y primacía del interés público que apareja el ejercicio de la función administrativa contractual:

“ (…) por descontado se tiene que todo contrato estatal como expresión de la función administrativa (art. 209 C.N.), tanto en su celebración como en su ejecución busca el cumplimiento de los fines estatales, por manera que los contratistas colaboran en el logro de los mismos y, en consecuencia, cumplen una función social que implica obligaciones (art. 3 ley 80 de 1993), o lo que es igual, las partes convergen en la satisfacción de un interés públicoy ello es así-como afirma Vedel-porque el objetivo perseguido por la Administración ‘debe ser siempre un objetivo de interés público’ , por ser éste el fin de la actividad del Estado(…)” (se subraya)

Ahora, la expresión orden público consignada en el artículo 17 de la ley 80 al regular una de las prerrogativas de la administración en materia contractual, alude a ese orden material y exterior considerado como una situación fáctica que está llamada a mantener la autoridad en orden a garantizar las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad y cuyos elementos constitutivos son la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas y, por lo mismo, más que una facultad de la que puede o no hacer uso a su libre albedrío, es un mandato que impele a la entidad a adoptar esta medida extrema, como que este imperativo deriva claramente de la preeminencia del interés público. Aunque, como ya se advirtió, no se trata de un poder ilimitado en tanto sólo puede invocarse en casos excepcionales y su uso impone de parte del juez un riguroso control de esta prerrogativa.

De ahí la redacción categórica del precepto en comento en varios de sus segmentos normativos: i) La entidad dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos (…), ii) Cuando la situación de orden público lo imponga. De su tenor literal se desprende que la decisión de poner fin de manera anticipada al contrato por razones de orden público, no deja en manos de la entidad la facultad de decidir si hace uso o no de este instituto cuando se presenta esa circunstancia, pues como señala Marienhoff “la administración no puede renunciar, en forma alguna, al ejercicio de dicha prerrogativa, pues las ‘potestades’, contrariamente a lo que ocurre con los ‘derechos’ no son renunciables”. Aunque, se reitera, obviamente interviene su apreciación crítica de dichas circunstancias y será aquella quien haga el juicio sobre la situación respectiva, valoración que-en caso de ser acusada judicialmente-será estudiada con rigor por el juez del contrato, a quien compete velar si se hizo un uso adecuado de este instituto, en particular en cuanto hace a si estima legítimo el motivo invocado por la Administración.

No debe perderse de vista que en los antecedentes de la ley 80 se dejó en claro que únicamente se puede acudir a las cláusulas excepcionales cuando medien efectivamente motivos graves, “ya que no cualquier hecho puede provocarlos”, y son graves “por su inconveniencia para el interés público”en tanto el grave inconveniente de interés público “sustenta y condiciona la aplicación de la cláusula excepcional” (se subraya)

5. La terminación unilateral en el caso concreto

(…)

En la fundamentación de la Resolución 9220 de 14 de diciembre de 1994 se esgrimieron razones de orden público para terminar unilateralmente el contrato No. 537 de 1994, las que se hicieron consistir en:

“(…) Los usuarios del acueducto veredal de BETHEL, jurisdicción de Fusagasugá, para impedir la construcción del centro carcelario, suspendieron el agua al predio ‘Las Carenas’, lugar destinado para dicha construcción, por orden de la Junta Directiva del Distrito de Riego de Albesa, por considerar que se verían afectados ecológica y socialmente, debido a la carencia de agua en el lugar, inadecuada topografía, impacto ambiental y la inseguridad a la que se verían avocados originando una serie de inconvenientes que dilataron la puesta en marcha de la ejecución del contrato, a pesar de las múltiples diligencias realizadas por las partes en busca de solución a los problemas mencionados, cuestión que finalmente llevó al alcalde de esa municipalidad, a no expedir la licencia de construcción definitiva, es decir por motivos de orden público plenamente demostrados con los documentos atinentes al contrato número 537 de 1994, la obra no pudo llevarse a cabo (fotocopia autenticada, fl. 12 a 14 c. 2 de pruebas).

En efecto, de la lectura del texto transcrito se desprende que si bien la entidad demandada expresó de manera clara las razones de oportunidad, mérito o conveniencia en que fundó su decisión de rescindir unilateralmente el contrato, estas no configuran un motivo suficiente para cambiar las condiciones bajo las cuales fue celebrado el contrato. O lo que es igual, se constata el uso arbitrario de la facultad excepcional de deshacer el vínculo con el contratista.

En efecto, la sola oposición de un grupo de habitantes al trámite normal de una actividad administrativa, como la que se consigna en el acto administrativo acusado, no puede interpretarse-como lo hizo precipitadamente la Administración-como una causal sobreviniente a la celebración del contrato No. 537 de 1994 que permita su extinción anormal.

A juicio de la Sala, en el sub lite no se considera legítimo el motivo invocado por la Administración en tanto el mismo no pone en riesgo la garantía de la seguridad pública, como elemento estructurante del orden público, en tanto evidencia tan sólo la oposición de un grupo de ciudadanos a la construcción del centro carcelario, manifestación de descontento que por sí sola no alcanza a adquirir la entidad suficiente como para concluir que cambiaron abruptamente las condiciones bajos las cuales fue celebrado el contrato sub lite. Además, el fundamento alegado por la citada resolución, esto es la oposición a la construcción de la obra por parte de miembros de la comunidad, tampoco implica afectación de la tranquilidad y salubridad públicas con la entidad suficiente como para constituir un motivo que lleva a la rescisión del contrato.

No se olvide que un estudio riguroso, como el que compete a la sede judicial, de la seriedad y pertinencia de la medida adoptada, implica adelantar un examen de razonabilidad que exige evaluar la seriedad, pertinencia y proporcionalidad de la medida extraordinaria adoptada. Y en el sub lite, es claro que los motivos esgrimidos por la Administración al hacer uso de la cláusula exorbitante no revisten la entidad y relevancia indispensables que el uso excepcional de este instituto impone.

Para la Sala los motivos invocados por la entidad contratante en las resoluciones acusadas-y reiterados en su escrito de oposición a la demanda-para dar por terminado el contrato celebrado con el demandante, y que hizo consistir en la oposición de algunos moradores vecinos del lugar, no justificaban el ejercicio de ese poder exorbitante.

Los actos enjuiciados están, pues, viciados de ilegalidad, en tanto en este evento no se está delante del ejercicio legítimo de la prerrogativa de terminación unilateral por razones de orden público, dado que la potestad legalmente atribuida no fue utilizada dentro de los cauces normativos ni fue razonablemente usada y evidencia-por el contrario-accionar arbitrario, al hacerse hecho uso de la causal por fuera de los eventos que la autorizan.

En consecuencia, fuerza concluir entonces la ilegalidad de la determinación adoptada.

{§-0002} JURISPRUDENCIA

TERMINACIÓN UNILATERAL

INCAPACIDAD FÍSICA DEL CONTRATISTA

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA NO. C-454/94.- De otra parte, no obstante que en el numeral segundo se establece la causal de "incapacidad física permanente del contratista", no puede entenderse en el sentido de que la persona del contratista, por el solo hecho de sufrir una incapacidad física permanente, esté destinado a no continuar con la ejecución del contrato, y que el Estado de manera inmediata dé lugar a la terminación unilateral; debe advertirse que la terminación unilateral, es un mecanismo de la administración que le permite darlo por terminado, cuando se presenten determinadas situaciones sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, por consideraciones que se relacionan con exigencias del servicio público, situación de orden público, incapacidad del contratista de ejecutarlo totalmente, debido a factores como lo son muerte, incapacidad física, y de carácter patrimonial.

Para esta Corporación, la incapacidad física a que se refiere la parte acusada de artículo 17 de la ley 80 de 1993, debe interpretarse en el sentido de que aquella impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones específicamente contractuales, cuando ellas dependan de las habilidades físicas del contratista.

Se pretende, simplemente, dar solución a situaciones diferentes a la muerte del contratista, que causen de manera sobreviniente la imposibilidad del cumplimiento del contrato, pues en estos casos para salvaguardia del interés público del contrato, es necesario que la administración cuente con instrumentos que le brinden la oportunidad de continuar con la ejecución, y dejar sin efectos un acuerdo que no puede cumplirse, sin que se deba sancionar al contratista.

En caso de incapacidad física del contratista, la administración deberá evaluar la situación concreta, y determinar, según sea conveniente, la posibilidad de que éste continúe con la ejecución del contrato hasta tanto sea posible, pues pueden presentarse situaciones en las cuales la persona a pesar de su incapacidad física permanente puede dar ejecución total al contrato.

Así, es claro que para la aplicación de la figura, es necesario que exista relación de causalidad entre la incapacidad física con la imposibilidad del cumplimiento del contrato, pues de otra manera no existiría fundamento jurídico que habilite para la mencionada terminación, so pena de abuso de la posición de preeminencia del Estado desconociendo derechos de los particulares, pues a pesar de la existencia de los mismos debe buscarse siempre un equilibrio de las partes"
Cliente: escribió hace 3 año.

únicamente se puede acudir a las cláusulas excepcionales cuando medien efectivamente motivos graves, “ya que no cualquier hecho puede provocarlos”, y son graves “por su inconveniencia para el interés público”en tanto el grave inconveniente de interés público “sustenta y condiciona la aplicación de la cláusula excepcional.


 


Basados en lo anterior como argumento que de continuar con las actividades en campo se corre el riesgo de perder vidas humanas, que el antecedente de la voladura de una maquinaria nos lleva a pensar que es posible que se materialicen las amenazas y que nuestra firma no esta en capacidad de resistir estos hechos y mucho menos responsabilizarse por ellos y por las posibles reparaciones economicas a que se pudiera ver obligado??

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
en si la manera en la que lo expone al preguntarme es un argumento muy bien fundado, usted tan solo debe aportar las pruebas de las que me hablo en la pregunta inicial, y citar el fundamento que dice que nadie puede ser obligado a lo imposible, ademas de la primacía de la vida como derecho fundamental constitucional.

haciendo ademas posible también vincular la causal de oneroso en el contrato, es decir cuando sucintan actividades y hechos no estipulados en el contrato que lo volverían demasiado insoportable para el ejecutante realizarlo.
Cliente: escribió hace 3 año.

gracias, XXXXX XXXXX surge donde puedo consultarle?, por este mismo hilo puedo hacer alguna consulta puntual sin salirme del tema?


 


o es posible un correo electronico?


 


Gracias XXXXX XXXXX

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.

puede hacerlo directamente por este mismo hilo sin ningun problema sin recargos adicionales,, tambien por medio del link

 

http://www.justanswer.es/legal-es/expert-carlosarias19/

 

correos electronicos o numeros de telefono personales no puedo brindar por las politicas de uso de la plataforma justanswer. pero con gusto estare disponible para lo que sea que necesite, y respondere de manera inmediata a sus requerimientos.

 

 

por favor no olvide valorar mi gestión y desempeño, muchas gracias.

Attorney at Law y otros otros especialistas en Ley de Colombia están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 3 año.

Hola, es posible que envie la carta y me la revise para estar seguro que los conceptos que vimos ayer se aplicaron de manera adecuada?


 


gracias, XXXXX XXXXX

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
claro que si
Cliente: escribió hace 3 año.

Asunto: XXXXX XXXXX TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO POR ORDEN PUBLICO

 

I. HECHOS:

  1. El 20 de Mayo de 2013, XXXXX, y la firma XXXXXXX, suscribieron el Contrato de la referencia.
  2. El plazo inicial de ejecución de este contrato es de Ciento veinte (120) días calendario que se contabilizaran a partir de la fecha de Acta de inicio y/o hasta el 31 de Diciembre de 2013 (lo primero que ocurra).
  3. El acta de inicio del Contrato No. XXXXXX fue suscrita el 03 de Julio de 2013, indicando en la misma que la ejecución del contrato inicia en esta fecha.
  4. El 11 de Julio comenzamos a recibir llamadas de alguien que decía ser un vocero de las FARC solicitándonos una reunión con ocasión del contrato que habíamos iniciado.
  5. Las llamadas siguientes identificadas con el numero de la llamada registrada el día 11, no fueron atendidas.
  6. El día 21 de Julio de 2013, la retroexcavadora CATERPILLAR 416 al servicio de nuestro contrato fue ubicada en la estación de servicio La xxxxx con el fin de pernoctar en ese sitio y ser movilizada al día siguiente a primera hora para atender los puntos en el xxx. Estando estacionada en el parqueadero de la estación de servicio fue detonada por una carga explosiva.

Los datos de archivo en fiscalía son los siguientes: Departamento: XXXXX XXXXX: xxx, NT: xx, Unidad receptora: xxxxxx, Año: 2013 Consecutivo: xxx, Fecha evento: XXXXX XXXXX Julio de 2013.

  1. Posterior a este hecho se recibió una llamada en la que el grupo terrorista FARC se adjudicaba el hecho y nos cita nuevamente a una reunión so pena de continuar detonando nuestra maquinaria de no atender la cita.
  2. Tras dilatar el asunto, el 22 de Agosto de 2013 se firmó el acta de suspensión con el objeto de suspender el contrato xxxxxx a partir del 22 de agosto de 2013 debido a los hechos de orden público generados por el Paro Nacional Agrario.
  3. Durante el periodo de duración del paro agrario recibimos llamadas del mismo numero y estas fueron ignoradas.
  4. El 18 de Septiembre de 2013 se suscribió el acta de reinicio para el contrato xxxxxxx.
  5. Tras haber evadido sus nuevos intentos de contacto, finalmente recibimos una llamada del supuesto representante de las FARC el día 09 de Octubre de 2013, en la que nos detallaban todas nuestras cuadrillas en campo con sus recursos y nos advirtieron que de continuar con la ejecución en campo detonarían artefactos explosivos contra nuestro personal y equipos. Que de ignorar esta advertencia nuestras oficinas y bodegas en el municipio de XXXX correrían la misma suerte.
  6. Ante la amenaza se informó a la gestoría del contrato y a xxxxxx S.A., solicitando nos permitieran retirar de campo los recursos del contrato hasta tanto se definieran las acciones a seguir.
  7. Se radicó la denuncia formal ante la Policía para su respectivo tramite a la fiscalía, el numero de radicado de caso es xxxxxxxxxx.
  8. Las llamadas amenazantes continuaron, las cuales eran contestadas tratando de mediar la situación. El día 19 de Octubre de 2013 recibimos una nueva llamada citándonos el día martes 22 de Octubre, por lo que desde ese momento no hemos vuelto a responder las llamadas de ese numero en particular.
  9. Evaluando las llamadas intimidantes amenazando con voladuras, sumadas al antecedente de la materialización de pasadas amenazas en el evento de la explosión el día 21 de Julio de 2013 de la retroexcavadora al servicio del contrato, consideramos que el riesgo para nuestro personal, equipos y establecimientos es inminente.

 

 

II. SOLICITUD:

Basados en los hechos anteriormente descritos y los argumentos que a continuación se mencionarán, solicitamos de manera atenta la terminación anticipada del contrato de la referencia por considerar lo siguiente:

 

Con la firma del contrato, xxxxxxxx S.A.S. aceptó lo declarado en la clausula 1.11 de las condiciones generales de contratación, así:

 

Que conoce las condiciones del sitio donde se desarrollará el objeto del Contrato, y que en la confección de su ofrecimiento tuvo en cuenta las características determinantes de aquél que incidirían sobre la ejecución del Contrato

 

Que en su calidad de CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones legales y contractuales necesarias para el debido cumplimiento del objeto del Contrato, y en especial actuará con toda la diligencia y cuidado que le son propias a la naturaleza del mismo, de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil

 

Los hechos de presión, intimidación y coacción a los que estamos siendo sometidos por parte de un supuesto grupo insurgente han sido formalmente denunciados y se encuentran en investigación, a la fecha ya reposa un caso de investigación adicional referente a la voladura mediante carga explosiva de la retroexcavadora que se encontraba al servicio del contrato (fecha del evento 21 de Julio de 2013), lo que configura un macabro precedente de lo que pudiera volver a suceder. Estos hechos representan novación en las condiciones contractuales de seguridad y modifican las características de orden, libertad y autonomía.

 

Las CGC en su clausula 23, cita lo siguiente:

“Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, constituyan fuerza mayor o caso fortuito (entendidos éstos en los términos del artículo 64 del Código Civil).

Solo se exonerará de responsabilidad al CONTRATISTA, en relación con aquél incumplimiento que sea consecuencia directa de hechos o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.“

 

Así pues, amparados en:

1. la clausula 26 de las CGC, que cita: “Sin perjuicio de otras causales previstas en los DPS, xxxxxxx podrá declarar la terminación anticipada del Contrato en los siguientes eventos: 10. Cuando la situación de orden público lo imponga”.

2. El Articulo 17 de la Ley 80, “Será posible la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga”

 

previstas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993, uno de los eventos allí consignados faculta a la entidad contratante para que en acto administrativo, debidamente motivado, disponga la terminación anticipada del contrato cuando la situación de orden público lo imponga. Esta potestad excepcional es manifestación de uno de los privilegios contractuales derivados de la superioridad que ostenta la Administración Pública en su condición de titular del imperium estatal: la decisión unilateral y ejecutiva, esto es, aquella que se emite sin necesidad de acudir al juez del contrato (art. 64 C.C.A.).

Ahora bien, este poder rescisorio (que no de revocación), como una de las modalidades de extinción anormal del contrato estatal, es una figura que ha suscitado vivo interés entre la doctrina especialmente francesa , italiana y argentina. Así, Berçaitz al estudiar la resolución o rescisión unilateral sin culpa y por razones ajenas al contratista como potestad inherente a la Administración por razones de oportunidad sostiene sobre este privilegio:


“Para que la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sea legítima, debe darse el presupuesto que la fundamenta, es decir, la existencia de causas sobrevinientes a la celebración del contrato que lo tornen inadecuado para cumplir sus fines”.

 

Hecho demostrado con la denuncia formal ante las autoridades donde se relata que posterior a la firma del contrato se inició una campaña de extorsión, intimidación y coerción en contra nuestra y por parte de un supuesto grupo insurgente que mediante la voladura de una maquina a nuestro servicio demostró su capacidad de daño, su falta de respeto por la vida (en el hecho se vio afectado un tercero inocente), su desobediencia civil y su oposición a la ley.

 

“La terminación de un contrato por razones de orden público debe obedecer a motivos de especial gravedad o seriedad.(...)


“El hecho de que en el decreto 150 de 1976 no tuvieron consagración expresa esta forma de terminación por razones de orden público y sí en el decreto 222, le permite al juzgador tomar este último estatuto como hito interpretativo para medir su alcance. (subraya la Sala)


Ahora bien, la cláusula orden público ha sido definida por la jurisprudencia-concepto luego retomado por el Código Nacional de Policía-como ese conjunto de condiciones tendientes a asegurar la convivencia armónica de los miembros de una sociedad dentro de un marco de estabilidad y normalidad institucionales con plena garantía de las libertades públicas, que permita la prosperidad general y el goce de los derechos humanos.


A juicio de la doctrina, el orden público equivale a la convivencia pacífica entre el poder y la libertad, pues toda situación de inseguridad anula la libertad (Hauriou). El orden público hace, pues, relación con el conjunto de condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad públicas (Hauriou), necesarias para una convivencia armónica y pacífica en sociedad. De modo que constituye un presupuesto para la prosperidad general y para el libre ejercicio de los derechos, que exige la vida en comunidad.

 

Claramente el hecho de estar amenazados, de recibir constantes llamadas intimidantes, de recibir presiones, de ser coaccionados y permanecer en constante zozobra y temor de que se pueda repetir la voladura de otra maquina de nuestro contrato, que se pueda producir un atentado a nuestras instalaciones o en el peor de los escenarios la perdida de vidas humanas (ya un tercero fue perjudicado en una voladura a la retroexcavadora), supone un hecho novedoso a las condiciones iniciales contractuales y es en sí un hecho de extrema gravedad y seriedad que no debe ser tomado a la ligera. La alta probabilidad de afectaciones a maquinaria, establecimientos y hasta vidas humanas hace de este un serio caso que debe ser investigado.

 

Los anteriores hechos han sido formalmente denunciados ante las autoridades competentes, así como los teléfonos desde los que hemos sido contactados, en aras de que los hechos, eventos y detalles sean investigados y confirmados.

 

Las especificaciones técnicas en su clausula 11 - Condiciones de seguridad física, cita lo siguiente, “Las siguientes consideraciones especiales deberán ser tenidas en cuenta por el CONTRATISTA, por la compleja situación de orden público del país, específicamente en algunas donde se desarrollarán las actividades objeto de este contrato, con la aceptación del contrato, se entenderá que el CONTRATISTA conoce y asume la totalidad de los riesgos sobre el personal a su cargo, vehículos y equipos que ocupe para el cumplimiento de los objetivos, de tal forma, que a xxxxxxx S.A. no le será imputable ninguna responsabilidad por robo, secuestro, pérdida total o parcial de equipos y/o vehículos, como tampoco, por acciones ejecutadas sobre personas como secuestro, homicidio, accidente, etc.

Adicionalmente, el CONTRATISTA tendrá que tener presente las condiciones que sobre seguros y pólizas de protección de equipos y vehículos, que manejan las entidades aseguradoras. La seguridad y vigilancia de los equipos, materiales y herramientas con las cuales se realizará el trabajo, corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA suministrará a xxxxxx S.A. un listado del personal y vehículos que empleará en la realización de los trabajos, con su respectiva identificación; indicando el responsable de cada uno de los frentes de trabajo y sus datos de contacto. Copia de esta comunicación, con el visto bueno de un funcionario autorizado de xxxxxxx S.A., deberá ser entregada por EL CONTRATISTA a las dependencias de las fuerzas militares, encargadas de prestar la seguridad sobre el lugar de ejecucion. EL CONTRATISTA favorecido deberá contactar y suministrar a las fuerzas militares del área, el programa de trabajo a realizar.

 

El compromiso adquirido mediante la aceptación de la clausula anterior se enmarca en los puntos de ejecución del contrato (“específicamente en donde se desarrollarán las actividades objeto de este contrato); como el texto lo explica, xxxxxxx S.A. por medio de su departamento de seguridad física garantiza la seguridad puntual sobre el lugar de ejecucion a través de las fuerzas militares del área.

 

El riesgo que supone las amenazas y la coacción a la que estamos siendo sometidos por parte del supuesto grupo insurgente se extiende mas allá del lugar de ejecucion, por lo que excede el esquema de seguridad al que xxxxx S.A. se puede comprometer para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

 

Los hechos ocurridos el día 21 de Julio de 2013 que tuvieron por objeto la voladura mediante carga explosiva de una maquina al servicio de nuestro contrato (retroexcavadora sobre ruedas), tuvieron lugar fuera del lugar de ejecucion, en las inmediaciones del municipio de xxxxx (Estación de servicio La xxxxxx) y en un horario fuera del laboral (Aproximadamente a las 10 p.m.), por lo que basados en ese antecedente se podría suponer que de materializarse las amenazas contra la integridad de nuestro personal, patrimonio y/o maquinaria, estos pueden ocurrir nuevamente fuera del horario laboral y de la protección puntual que nos brindan las fuerzas militares al servicio del contrato.

 

De lo anterior se concluye que es para xxxxxxx S.A.S una situación irresistible, así como para XXXXXX S.A. por no tener dentro de sus funciones la de vigilancia y protección.

 

“Las autoridades de la republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”

Ver los Artículos 3, 27, 28, 33, 34, 216, 217, 218, 296 (entre otros), de la Constitución Política de Colombia.

 

Es claro entonces que por competencia funcional XXXXXX S.A.S. no tiene a cargo y le es imposible brindarle la seguridad total requerida a su personal y patrimonio (vehículos, maquinaria y establecimientos).

Bajo las actuales condiciones de seguridad (en estado de riesgo inminente por estar bajo amenaza) le resulta imposible a XXXXX garantizar la seguridad de su personal y patrimonio.

De continuar con las actividades en campo se corre el riesgo de perder vidas humanas y basados en la anterior ocurrencia de un atentado a nuestra infraestructura (por fuera de sitio y horario laboral) presuponemos que es muy posible que se pudieran materializar las nuevas amenazas. Nuestra firma no esta en capacidad de resistir estos hechos y mucho menos responsabilizarse por ellos y por las posibles reparaciones económicas a que se pudiera ver obligado.

 

Por las actuales condiciones de seguridad ya no es aplicable la condición que cita la Clausula 11 de las especificaciones técnicas “con la aceptación del contrato, se entenderá que el CONTRATISTA conoce y asume la totalidad de los riesgos sobre el personal a su cargo, vehículos y equipos que ocupe para el cumplimiento de los objetivos, de tal forma, que a XXXXXX S.A. no le será imputable ninguna responsabilidad por robo, secuestro, pérdida total o parcial de equipos y/o vehículos, como tampoco, por acciones ejecutadas sobre personas como secuestro, homicidio, accidente, etc.”, amparados en el fundamento que dice que nadie puede ser obligado a lo imposible, además de la primacía de la vida como derecho fundamental constitucional.

 

En este punto es importante mencionar la causal de oneroso en el contrato, es decir cuando acaecen actividades y hechos no estipulados en el contrato que lo volverían demasiado insoportable para el ejecutante realizarlo. A la fecha XXXXXX S.A.S. mantiene el personal y equipo mínimo requerido sin la posibilidad de ejecutar normalmente las actividades facturables, esto sumado a la posibilidad de hacerle frente a reparaciones en caso de materializarse las amenazas infringidas.

 

Situación similar aconteció durante el periodo de suspensión temporal del contrato debido a los hechos de orden público generados por el Paro Nacional Agrario, entre los días 22 de Agosto de 2013 y el 18 de Septiembre de 2013. El impacto económico de la suspensión consumió el rubro destinado a Imprevistos y en este momento convierte el contrato en demasiado oneroso.

 

Por lo anterior apelo a su condescendencia con nuestra situación y su solidaridad para obtener de ustedes una muy pronta respuesta a esta solicitud.

 

Cabe anotar que es para nosotros muy importante mantener una muy buena relación comercial con nuestro cliente XXXXXX S.A. pero la situación actual que nos ha sido impuesta excede nuestra voluntad y nuestra capacidad, además de ser totalmente atribuible a terceros ajenos a nuestra organización, lo que nos obliga a tomar estas medidas.

 

Sin otro particular

 

 

 

XXXXXX XXXXXX

 

ANEXOS: Se adjunta a este documento

  • Copia de la denuncia radicada en la Policía y trasladada a la fiscalía junto con el numero de caso que la identifica.
  • Copia de los documentos de aceptación por parte de XXXXXX de la maquina CATERPILLAR 416 CTI 4x4 LOADER y los documentos de vinculación al contrato, maquina que fue objeto de la voladura el día 21 de Julio de 2013.
  • Registro de llamadas recibidas por el grupo insurgente como soporte a la investigación.
Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
permitame analizo bien el documento y le doy respuesta
Cliente: escribió hace 3 año.

Saludo cordial,


 


Quisiera saber como estuvo la revision del documento?, es que tengo que radicarlo.


 


Muchas gracias y perdon por la urgencia

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
Buenos dias por favor deme hasta las 12 estoy haciendo unas precisiones
Cliente: escribió hace 3 año.

De acuerdo


 

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
Muchas gracias
Cliente: escribió hace 3 año.

Que pena la molestia, cuando me habla de presiciones se refiere a ampliar los argumentos planteados con algo adicional?, en terminos generales esta bien y necesita pulirse o definitivamente no son los argumentos?

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
El escrito esta muy bn planteado, es plir un poco pero si desea presentarlo asi esta muy bn
Cliente: escribió hace 3 año.

No....., yo espero al medio día, pero quedo mas tranquilo.


 


Gracias.

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
Mi estimado el escrito esta muy bien fundamentado, tiene una redqccion impecable y esbosa claranente la necesidad de suspender la ejecutori del.contrato, tansolo agrege un acapite de pruebas y anexos en donde usted adjunte las mismas pruebas que obren en el expediente de la fiscalia con el.fin de dar mas facilidad al funsionario y este pueda obrar d caracter juridico fundamentado

en cuanto le den respuesta se pone en contacto conmigo para decirle que.mas hacer
Cliente: escribió hace 3 año.

Muchas gracias, ya mismo radico junto con los anexos de prueba

Experto:  Attorney at Law escribió hace 3 año.
Con muchp gusto, ya sabe que cuando guste puede ponerse en contacto con nosotros cuando guste
siempre estareme presto a ayudarlo en todas sus consultas.

F...

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