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Jorge Negrete
Jorge Negrete, Abogado de México
Categoría: Ley de México
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Experiencia:  Abogado con mas de 20 años de experiencia en litigio y docencia
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Hola. Me interesa mucho saber hay Jurisprudencia para protejer

Pregunta del cliente

Hola. Me interesa mucho saber hay Jurisprudencia para protejer a un socio minoritario, cuando solo son dos socios y uno tiene 31%, se puede querellar y acusar de fraude administrativo?
Gracias
Maris
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 4 año.
Hola:

La propia ley general de sociedades mercantiles establece la acción de oposición judicial a los socios que representen el 33% del capital social (artículo 201) sin embargo, si el socio tiene el sólo el 31% de las acciones usted lo puede proteger de dos formas:

1.- El tiene derecho a convocar a una asamblea en los términos del artículo 185.
2.- Pedir en su caso la nulidad absoluta o relativa de alguna asamblea o acuerdo tomado en la misma INDEPENDIENTEMENTE QUE SÓLO TENGA EL 1% DE LAS ACCIONES EN BASE A LA SIGUIENTE TESIS:

NULIDAD DE ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. SON IMPUGNABLES MEDIANTE LA ACCIÓN GENÉRICA DE NULIDAD CUANDO LAS CAUSAS Y HECHOS QUE LA MOTIVAN NO SURTEN DE MANERA CLARA Y ESPECÍFICA LOS SUPUESTOS DE NULIDAD Y OPOSICIÓN REGULADOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
Entre las acciones que pueden hacerse valer en relación con las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, celebradas por los accionistas de una sociedad anónima, se encuentran la que persigue la nulidad de la reunión colegiada misma, y las que buscan atacar la validez de los acuerdos o resoluciones tomadas por el órgano máximo de la persona moral. La primera de ellas, esto es, la acción de nulidad de asamblea, tiene por objeto, según se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 179, 186, 187, 188, 189, 190 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declarar la ineficacia de la reunión misma, basada en diversas causas, como son, la inexistencia de la convocatoria, que se produce no sólo ante su ausencia total sino ante la falta de satisfacción de los requisitos que deben cumplir, como la carencia de facultades de quien la emite, la falta de menciones esenciales (verbigratia, la fecha y la orden del día) y la omisión de darle publicidad adecuada; así como la falta de reunión efectiva de los socios en la forma determinada por la ley, bien sea porque nadie ocurre a ella, o se realice en lugar o fecha distintos a los indicados en la convocatoria, o en sitio diverso al domicilio social, o no concurran accionistas que representen determinadas cantidades de capital que sean necesarias para estimar reunido el quórum de presencia, ya sea en primera o segunda convocatoria, según se trate de asambleas extraordinarias u ordinarias. Por su parte, la acción de oposición judicial a las resoluciones de las asambleas generales, de acuerdo con los requisitos derivados de su legal regulación, previstos en los artículos 201, 202, 203, 204 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aparece caracterizada como una acción de impugnación concreta y determinada, propia de las minorías, cuyo ejercicio está sujeto a un término perentorio y a la exhibición del comprobante de depósito de las acciones, como documento justificativo de la calidad de accionista y del monto de la tenencia accionaria, es decir, de la legitimación activa. Acorde con esas notas distintivas, la acción de oposición excluye de su ejercicio a los socios que, teniendo una participación de acciones inferior al treinta y tres por ciento del capital social, estimen que las resoluciones son ilegales, y a quienes, reuniendo el mencionado porcentaje, o inclusive, uno superior, hayan asistido a la asamblea y votado en contra o a favor de las determinaciones de esa reunión, pero consideren que existe alguna causa ocurrida con posterioridad a esa votación, que pueda motivar la declaración de nulidad. Esa exclusión no impide estimar que, al lado de la acción de oposición y de la acción de nulidad referidas, es factible para los socios que se encuentren en los anteriores supuestos ejercer una diversa acción genérica de nulidad fundada en causas y hechos que no surtan de manera clara y específica los supuestos de nulidad y de oposición regulados en la ley especial. Por tanto, habría una tercera acción de nulidad fundada en las reglas generales de las nulidades que regula el Código Civil Federal, ya que si bien de lege ferenda sería conveniente que también los mencionados socios pudieran ejercer la impugnación de acuerdos adoptados en asambleas con base en los citados preceptos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que en una sola figura se concentraran las posibilidades de invalidar resoluciones sociales, lo cierto es que la actual regulación legal contenida en la legislación especial citada tiene las limitantes de referencia, sin que excluya la acción genérica de nulidad porque, en términos del artículo 8o. del Código Civil Federal, son nulos los actos que contravengan disposiciones de orden público o leyes prohibitivas y esto comprende normas distintas a las de la ley especial. Por ello, debe acudirse a la legislación que contempla de manera general, en derecho privado, las nulidades de los actos jurídicos, o sea, el Código Civil Federal, ya que las resoluciones de las asambleas son manifestaciones de voluntad que crean derechos y obligaciones, y por ende, tienen efectos de jure, cuyo proceso de formación tiene peculiares características, ciertamente, pero que no les restan ni la calidad de actos jurídicos ni la posibilidad de estar sujetos, como todos los de su clase, a la nulidad general. Estimar lo contrario, sería posibilitar que, ante las limitaciones al ejercicio de la acción de oposición, surtieran plenos efectos, en caso de falta de impugnación por los únicos legitimados para hacer valer ese tipo de acción, los acuerdos nulos per se, pero cuya nulidad no podría declararse en ejercicio de acción diversa a la opositora, situación que es jurídicamente inadmisible. De esa guisa, la acción de oposición que es de impugnación concreta y determinada, con una titularidad restringida a ciertos socios, no impide el ejercicio de la más amplia acción de nulidad general por parte de los socios que se encuentren en supuestos diversos a los previstos para aquélla, es decir, los accionistas que tengan una tenencia de títulos representativos del capital social inferior al treinta y tres por ciento, o mayor a ese porcentaje de participación accionaria, que hayan asistido a la asamblea y votado o se hayan abstenido de votar en contra de las resoluciones pero que aduzcan una causa ocurrida con posterioridad a esa votación, que pueda motivar una declaración de nulidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 303/2005. Roberto Eduardo Guerrero Morones y otros. 14 de julio de 2005. Mayoría de votos. Disidente: Benito Alva Zenteno. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.

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SALUDOS.



Experto:  Jorge Negrete escribió hace 4 año.
Hola:

el hecho de que usted sea un socio minoritario en nada afecta sus derechos societarios, si usted interpuso una querella por administracion fraudulenta, la procuraduria esta obligada a realizar las investigaciones porque el derecho que esta en juego no tiene que ver con el porcentaje de las acciones sino con la simulacion que realiza el administrado en contra de usted como particular.

la querella es procedente porque usted tiene una afectacion en su patrimonio derivado del engaño del administrador y para eso no se necesita una jurisprudencia

saludos
Jorge Negrete, Abogado de México
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Cliente: escribió hace 4 año.

Lo siento pero creo no respondiò a mi pregunta ya que es querella, o sea penal por Fraude Administrativo y solo son dos socios. La querella se interpuso por propio derecho. Me dicen hay jurisprudencia al respecto y me gustaria me indicara donde buscarlas. Gracias

Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 4 año.
Hola:

Le paso una VARIAS tesis en materia penal y le comento que la responsabilidad penal del socio no se limita al pago de su oportación, sino con todo su patrimonio.

Le paso las siguientes tesis que se aplican por analogía:


PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES O GERENTES EN LOS DELITOS QUE COMETAN A NOMBRE DE LAS.
Según la Ley de Sociedades Mercantiles, los administradores o gerentes son los representantes legales de las personas morales, y de acuerdo con el artículo 157 del ordenamiento legal mencionado, aquéllos tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y el derivado de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. En tales condiciones, si el inculpado, con la personalidad de gerente de una compañía de transportes, constituida como sociedad anónima, contrató con la ofendida y se obligó a depositar el dinero que recabara por entrega de mercancía de ésta, el mismo día en que lo recibiera o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes y si está penalmente acreditado, que a la fecha de la celebración de los contratos y de los hechos, él era el gerente de los transportes mencionados y además confiesa que dispuso del dinero perteneciente a la ofendida porque ésta no le pagaba oportunamente los fletes, debe decirse que aun aceptándose como cierto esto último y dados los términos del contrato, de manera alguna el inculpado podía disponer de un dinero del que únicamente se le había dado la tenencia mas no el dominio, por lo que se comprueba su responsabilidad en el ilícito de abuso de confianza; resultando intrascendente que el inculpado no hubiera hecho materialmente los acarreos de mercancía y que tampoco hubiera recibido de propia mano el dinero que se pagaba por tales mercancías, pues es él el que debe responder penalmente.

Amparo directo 1023/75. Baltazar Castilleja Sámano. 10 de octubre de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez.


DENUNCIA PENAL. SU PRESENTACIÓN POR REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS MORALES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 159, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE COAHUILA).
Este artículo establece: "Intervención de apoderados. No se admitirá intervención de apoderado jurídico para la presentación de denuncias, salvo en el caso de personas morales que podrán actuar por conducto de apoderado general para pleitos y cobranzas. Las querellas formuladas en representación de personas morales, se admitirán cuando el apoderado tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial para formular querellas, sin que sean necesarios acuerdo o ratificación del consejo de administración o de la asamblea de socios o accionistas, poder especial para el caso determinado, ni instrucciones concretas del mandante.-Si en el delito perseguible de oficio que aparezca cometido en contra de persona moral, quien formula la denuncia no acredita su representación legal o ser apoderado jurídico, la denuncia se tendrá por hecha a nombre y bajo responsabilidad de la persona física que la formule y sólo procederá si acredita tener interés jurídico como socio, accionista o miembro de la persona moral, en el tiempo que aparezca cometido el hecho delictivo de que se trate.". El segundo párrafo del precepto transcrito no resulta violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, en tanto que no se priva de la libertad a una persona con motivo de una denuncia penal presentada en su contra por una persona física, que tenga el carácter de socio, accionista o miembro de la persona moral afectada, en tanto que la función del denunciante se limita a dar parte a la autoridad investigadora de la posible comisión de un delito, en virtud de que una vez que se presente la denuncia, será el Ministerio Público el encargado de cumplir sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercer la acción penal, sin que la actuación del denunciante tenga legalmente relevancia alguna, para suspender ni para poner término al procedimiento iniciado.

Amparo en revisión 1679/98. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número XXII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

RESPONSABILIDAD PENAL PROVENIENTE DE DELITO. SOCIEDADES (LEGISLACION DE VERACRUZ).
La fracción IV del artículo 29 del Código Penal se concreta a prever el caso en que el autor de un delito depende, mediante un salario o sueldo, de una persona física o moral. Y si la cooperativa demandada demostró que el acusado era socio de la misma, la demanda debió haberse basado en lo previsto por la fracción V del artículo 29 del código, que dice que están obligados a reparar el daño: "Las sociedades y agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las obligaciones que los segundos contraigan".

Amparo directo 3700/57. Zenaida Baena viuda de Diez. 15 de enero de 1959. Mayoría de tres votos. Disidente: Rodolfo Chávez S. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.


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