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Jorge Negrete
Jorge Negrete, Abogado de México
Categoría: Ley de México
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Por motivos de carácter social y religioso requiero cambiar

Pregunta del cliente

Por motivos de carácter social y religioso requiero cambiar mi nombre y apellidos. Vivo en México DF Me parece que hay una nueva legislación en México para este tipo de casos. La pregunta es como seria este procedimiento?
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Jorge Negrete escribió hace 2 año.

elsen01 :

hola

elsen01 :

usted puede cambiar su nombre, desgraciadamente los apellidos son imposibles de ser modificados, lo que puede hacerse es una rectificacion de los mismos y esto es solo aclarar algun error de su acta de nacimiento.

elsen01 :

aqui le pongo un ejemplo del criterio del poder judicial al respecto:

elsen01 :

Época: Novena Época Registro: 169473 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Materia(s): Civil Tesis: XX.2o.49 C Página: 1253 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL. NO ES VÁLIDO QUE A TRAVÉS DE ÉSTE SE PRETENDA CAMBIAR UNO DE LOS APELLIDOS DE UNA PERSONA Y, ADEMÁS, CORREGIR Y AGREGAR OTRO A CADA UNO DE SUS PADRES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El artículo 102, fracción III, del Código Civil para el Estado de Chiapas establece que ha lugar a pedir la rectificación de actas del estado civil, en particular por enmienda, cuando se solicite variar un nombre; sin embargo, en la última parte del precepto se indica que ello no implica el reconocimiento de algún derecho sobre parentesco. Entonces, si una persona pretende que se cambie uno de sus apellidos y, además, que en la parte correspondiente se corrija y agregue otro a cada uno de sus padres, es inconcuso que más que adecuar su acta de nacimiento a la realidad social, pretende establecer un vínculo de filiación, lo que no es válido hacer a través del juicio especial de rectificación o modificación de actas del estado civil, a que se refiere el título vigésimo, capítulo único, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 618/2007. 30 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jesús Gerardo Montes Gutiérrez.

elsen01 :

esa tesis lo que dice es que no puede usted cambiar el apellido porque estaria variando su filiacion y eso esta prohibido

elsen01 :

en el caso del cambio de nombre, este solo se da cuando el nombre que usted ha utilizado siempre no concuerda con el de su acta de nacimiento

elsen01 :

sigo a sus ordenes

JACUSTOMER-bgfni578- :

tengo entendido que en este año 2014 hay nuevas modificaciones en esta materia. Precisamente por motivos de carácter social y religiosos. Podría por favor checar sobre estas nuevas aplicaciones

elsen01 :

en que estado de la republica se encuentra usted, para revisar la legislacion local

JACUSTOMER-bgfni578- : Tenemos una familia muy grande y podemos manejar residencia en México DF , edo de México , Morelos , Jalisco , hidalgo , Quintana Roo .
JACUSTOMER-bgfni578- : Le pediría de favor ver donde es más fácil y factible hacer este proceso y yo me adapto a ese domiclio en cualquiera de esos estados
elsen01 :

voy a revisar la legislación de todos , pero salvo que exista un cambio en los ultimos meses, no se puede hacer, hoy mismo le tengo el reporte

elsen01 :

hola

elsen01 :

he estado revisando la legislacion y como le señale antes NO es posible hacer el cambio de nombre y apellido como usted propone, la unica forma que se permite la modificacion es porque usted ha estado utilizando un nombre y ese no concuerda con el que esta en el acta de nacimiento o en el caso de reconocimiento de un hijo

elsen01 :

la confusion que usted tiene es porque el año pasado (a finales) salio un criterio de la suprema corte de justicia de la nacion en el cual se permitio a dos personas cambiar su apellido paterno porque consideraciones sociales en las cuales esas personas siempre fueron reconocidas como hijas de la pareja de su madre y por ello, para adecuarse a su entorno social se les permitio, pero ese es un caso especial, lo que usted pide no se puede, le voy a transcribir la sentencia de la corte para que usted vea a lo que me refiero

elsen01 :

amparo DIRECTO en revisión 259/2013.

quejosAS: **********

VISTO BUENO

SR. MINISTRO

ministrO ponente: jorge marIO pardo rebolledo.

SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día treinta de octubre de dos mil trece.

V I S T O S para resolver los autos relativos al amparo directo en revisión 259/2013, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil doce, en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, en su carácter de mandatario judicial de **********, ambas de apellidos **********, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan:

  • Autoridades Responsables:
  1. A. Ordenadora

Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

  1. B. Ejecutora.

Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

  • Acto Reclamado:

Sentencia de cinco de septiembre de dos mil doce, dictada en el Toca de Apelación número **********.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales violados y terceros perjudicados. La parte quejosa señaló que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y como terceros perjudicados designó a **********

TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo Presidente la registró bajo el número D.C. **********, y admitió a trámite mediante proveído de quince de noviembre de dos mil doce, y dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde.[1]

Seguidos los trámites procesales correspondientes, el siete de diciembre de dos mil doce, el órgano colegiado dictó sentencia en la que resolvió negar el amparo.[2]

CUARTO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, **********, en su carácter de mandatario judicial de **********, interpuso recurso de revisión.

Por auto de veintiuno de enero de dos mil trece, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, tuvo por interpuesto el recurso de que se trata y ordenó remitir los autos del juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.[3]

QUINTO. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la remisión anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veinticuatro de enero de dos mil trece, ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el número 259/2013, el cual desechó por notoriamente improcedente.

Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación radicado con el número **********, el cual fue resuelto por esta Primera Sala el quince de mayo de dos mil trece, en el sentido de declararlo fundado, razón por la que revocó el auto de veinticuatro de enero de dos mil trece y ordenó devolver los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal, para los efectos legales correspondientes[4].

Atendiendo a lo anterior, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de veinte de junio de dos mil trece, ordenó formar y registrar el recurso de revisión bajo el número 259/2013, y lo admitió a trámite con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice. Asimismo, turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y ordenó radicar el asunto en la Primera Sala, así como dar vista a la Procuraduría General de la República.[5]

SEXTO. Trámite del Asunto en la Primera Sala. El Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil trece, decretó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de su adscripción, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.[6]

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Marco legal aplicable al caso. Si bien el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que de acuerdo con su transitorio segundo abrogó la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, teniendo en consideración que en su transitorio tercero se establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo que se refiera a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencia de amparo; toda vez que el juicio de amparo del cual deriva el recurso de revisión que nos ocupa, se inició antes de la entrada en vigor de la nueva ley y no se ubica en ninguna de las salvedades mencionadas en el transitorio tercero, a dicho asunto le resulta aplicable la Ley de Amparo abrogada.

SEGUNDO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo, que tiene su origen en una demanda de amparo en la cual se hicieron valer argumentos cuya respuesta necesariamente requería interpretar el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido hace referencia al derecho humano relativo al nombre propio y los apellidos, el cual se relaciona con la materia civil competencia de esta Sala, para cuya resolución, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

TERCERO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

El recurso de revisión planteado por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito fue notificada por lista, el miércoles dos de enero de dos mil trece[7], surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el jueves tres del citado mes y año, de conformidad con la fracción II, del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del viernes cuatro de enero de dos mil trece, al jueves diecisiete del mismo mes y año, sin contar en dicho plazo los días cinco, seis, doce y trece de enero de dos mil trece, por ser inhábiles conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, el diecisiete de enero de dos mil trece, resulta evidente que se interpuso oportunamente.[8]

CUARTO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto, deberá dilucidarse si el recurso de revisión resulta procedente[9] y, en su caso, determinar si los agravios formulados por la parte recurrente resultan o no aptos para revocar la sentencia recurrida.

QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A fin de comprender y resolver adecuadamente la problemática antes planteada, se estima necesario precisar brevemente los antecedentes que informan el juicio de amparo directo en el que se emitió la sentencia recurrida, los conceptos de violación que en él se plantearon, las consideraciones de esa sentencia y los agravios formulados en su contra.

I. Antecedentes:

  1. 1. Primera Instancia.

1.1. Demanda inicial. El asunto tiene su origen en una demanda en la que ********** reclamaron de ********** y de **********, lo siguiente:

  1. A. La exclusión del reconocimiento de paternidad que con relación a **********, se asentó en las actas de nacimiento de las actoras;
  2. B. El reconocimiento de que las actoras tienen el estado de hijas de **********;
  3. C. Como consecuencia de lo anterior, la declaración judicial de que las actoras pueden llevar el apellido de **********; y
  4. D. Girar oficio al Registro Civil del Distrito Federal, a efecto de que se emita el acta de reconocimiento.

Para sustentar sus pretensiones básicamente argumentaron lo siguiente:

**********, procrearon a **********, quienes nacieron respectivamente el veintidós de agosto de mil novecientos ochenta y el diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.

Derivado de lo anterior, **********, fueron presentadas en el mismo año de su respectivo nacimiento en el Registro Civil, institución en donde ********** se ostentaron como padres de las entonces menores, quedando en consecuencia registradas como hijas de éstos en las actas de nacimiento **********

No obstante el reconocimiento de referencia, ********** incumplió con las obligaciones derivadas de la filiación y rompió lazos familiares con las entonces menores y la madre de éstas.

Con posterioridad, en el año de mil novecientos noventa, ********** se unió en concubinato con **********, estableciendo su domicilio en **********, siendo este el domicilio en que ********** han habitado, viviendo como familia, pues ********** se comporta frente a su familia y la familia de su concubina como padre de las actoras, en tanto que no sólo les ha permitido utilizar de manera constante el apellido **********, sino que es él quien las ha atendido en su subsistencia y educación desde que tenían ocho y nueve años.

Como consecuencia de lo anterior, **********, consideran que a pesar del vínculo sanguíneo que las une a ********** y el reconocimiento de paternidad que éste hizo en sus respectivas actas de nacimiento, no existe entre ellos un verdadero vínculo de filiación padre-hijo, pues él desconoció socialmente ese vínculo e incumplió con sus obligaciones; en cambio, estiman que ese vínculo realmente existe con **********, en tanto que respecto de él tienen el estado de hijas, ya que las ha aceptado como tal ante su familia y la sociedad.

1.2. Radicación y desechamiento de la demanda. De esa demanda conoció el Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Distrito Federal, quien con fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, la radicó con el número **********, y la desechó por considerar que la legislación civil no prevé la acción de exclusión de paternidad y estimar que no se pueden acumular en una sola demanda, acciones que dependan una de la otra.

1.3. Recurso de queja. En contra del desechamiento de la demanda, las actoras interpusieron recurso de queja, el cual se radicó en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien el uno de julio de dos mil once, ordenó revocar el auto impugnado y prevenir a las actoras para que ampliaran la demanda en contra de ********** (madre de las actoras) y el Director del Registro Civil del Distrito Federal.

1.4. Admisión de la demanda. En cumplimiento a lo ordenado en el recurso de queja, el diecinueve de agosto de dos mil once, el juez a quo admitió la demanda y ordenó emplazar a los demandados.

1.5. Contestación de la demanda. *********, se allanaron a las prestaciones reclamadas y a la narración de los hechos; y el Director del Registro Civil del Distrito Federal, se opuso a la pretensión de las actoras argumentando que éstas fueron firmadas de conformidad por los comparecientes **********, además de que las actas de nacimiento cumplen con la normatividad respectiva.

1.6. Sentencia. El veintiuno de mayo de dos mil doce, el juez desestimó la demanda al considerar que:

  • Ø La acción intentada es improcedente en atención a que la filiación no puede ser revocada de manera voluntaria y el reconocimiento de estado de hijo es consecuencia de la primera prestación[10].

  1. 2. Segunda instancia. En contra de esa determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual se radicó con el número de toca ********** en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien el cinco de septiembre de dos mil doce, decidió confirmar la sentencia recurrida al estimar que:

  • Ø Es incorrecto lo afirmado por las actoras en el sentido de que no tienen vínculo filial con su padre biológico, ya que la filiación no se origina por la convivencia, ni por el uso continuo o reiterado de los apellidos de otra persona, sino que deriva de la ley, la cual establece que ésta tiene su origen en el parentesco por consanguineidad que se da entre el padre o la madre y su hijo, relación que no puede ser materia de convenio entre partes, ni de transacción o sujetarse a compromiso de árbitros, por tanto si **********registró a las actoras como sus hijas, es inconcuso que entre ellos existe un vínculo legal que no puede ser excluido por la simple voluntad de los vinculados.

  • Ø Si bien el artículo 347 del Código Civil para el Distrito Federal establece que la acción que compete al hijo para reclamar la filiación es imprescriptible para él y sus descendientes, este supuesto no puede aplicarse analógicamente a la acción de exclusión de paternidad, ya que se estaría yendo en contra de la intención el legislador, pues la norma contempla el hecho de conocer la filiación, más no el excluirla o cambiarla.

  • Ø Si bien no se puede sancionar a las actoras por la omisión de su progenitora cuando se encontraban bajo su guarda y custodia, en el caso no se les está privando de la acción de exclusión de paternidad.

  • Ø El reconocimiento de estado de hijo solicitado por las actoras es consecuencia de la primera prestación relativa a la exclusión de paternidad, de manera que el reconocimiento de referencia no se puede conceder hasta que no se decrete el desconocimiento de paternidad, ya que los atestados de nacimiento continúan vigentes y actuar en contrario implicaría abrir la posibilidad de que cualquier persona pueda utilizar los apellidos de otra, para estar en aptitud de reclamar algún derecho que se derive de la filiación, lo que crearía un estado de inseguridad jurídica, pues la filiación surge de la prueba del entroncamiento legal y no del uso continuo de los apellidos y su principal finalidad es que las personas conozcan su verdadero origen biológico, de ahí que no puede quedar a voluntad de las partes modificar el lazo filial.[11]

  1. 3. Demanda de amparo directo. En contra de esta decisión, **********, en su carácter de mandatario judicial de********** de apellidos **********, promovió demanda de amparo, de la que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien en fecha siete de diciembre de dos mil doce, negó el amparo solicitado.

Determinación esta última en contra de la cual se hace valer el recurso de revisión que ahora nos ocupa.

II. Conceptos de violación. En los conceptos de violación formulados, se argumentó que la sentencia reclamada violó en perjuicio de las quejosas, lo establecido en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, con relación a la violación de los artículos constitucionales, en los dos primeros conceptos de violación las quejosas argumentaron cuestiones de mera legalidad relacionadas con aspectos de congruencia y exhaustividad en el estudio de los agravios, así como con relación a la interpretación o alcance que se debe dar al concepto de filiación previsto en el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal[12]; y con relación a la violación del artículo 18 de la citada Convención, en el tercer concepto de violación básicamente se argumentó lo siguiente:

  • Tercer concepto de violación.

La autoridad responsable viola el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al declarar infundados los agravios, pues de la lectura de ese precepto, se desprende que toda persona tiene derecho a un nombre propio y al nombre de los padres, entendiéndose por ello en términos de la legislación vigente el vínculo existente con las personas que efectivamente han integrado un vínculo familiar.

Que el Código Civil para el Distrito Federal, reconoce en el artículo 343, el vínculo de la posesión de estado de hijo y la sanción por el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la filiación y por ello, el derecho a que la persona que ha establecido un vínculo filial distinto con una persona distinta a su padre biológico tenga derecho a utilizar los apellidos del mismo, incluyendo dentro de dicho derecho la facultad para que se hagan las modificaciones necesarias en los atestados de nacimiento para que se adecué dicha situación a la realidad. Apoya lo anterior con la tesis que lleva por rubro: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL”.

Que de la lectura de la tesis antes mencionada, se desprende que la responsable transgredió el derecho de las quejosas a que se reconozca la situación que se había verificado en la realidad y por ello que el reconocimiento que había hecho el padre biológico de las mismas carecía de valor alguno, en atención a que el vínculo paterno filial que se había presentado a lo largo de la vida de la partes era el que debía ser reconocido, situación que no se deriva de una voluntad caprichosa o una pretensión de evadir obligaciones o de generar inseguridad jurídica alguna, sino del derecho a que los apellidos que las mismas utilizaron en su vida diaria y actividades cotidianas reflejen la realidad que ha imperado y por ello el vínculo que existe con la persona que se encargó de su educación y desarrollo y no por el contrario que las vincule con una persona que consideran como un desconocido y con el que no tienen vínculo alguno distinto que el que se deriva del atestado de nacimiento.

III Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado desestimó los conceptos de violación, sustentando su determinación en las consideraciones siguientes:

“Cuestión de fondo.

Como cuestión de fondo, las quejosas insisten en que:

a) Deben atenderse los efectos del reconocimiento de paternidad que se hicieron constar en el acta de nacimiento de las demandantes, porque existe justificación para estimar que entre las quejosas y ********** (padre biológico) no existe en la realidad, el vínculo filial a que se refiere el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal, y sobre esa base, debe acogerse la revocación de tal reconocimiento.

b) También, en concepto de las impetrantes, debe reconocerse jurídicamente el lazo que existe entre ellas y **********, por tratarse de una verdadera unión filial, lo cual no implica para las inconformes, transigir o convenir sobre la filiación, sino atender a los supuestos de hecho que permiten evidenciar ese vínculo.

De lo anterior se advierte por una parte, la pretensión de reclamación de filiación respecto de ********** y, al mismo tiempo, la impugnación de la filiación de las quejosas con relación a **********, sustentada no en el desconocimiento del vínculo biológico, sino en circunstancias de hecho que, en consideración de las quejosas, no implican un vínculo de filiación.

Sobre esos temas, no asiste la razón a las impetrantes, a partir de las consideraciones que se precisan enseguida.

Filiación.

Ante todo, la filiación es un estado familiar, en realidad, el más primario.

Entre un ser humano y cada uno de los seres de la misma especie que le procrearon existe ordinariamente un vínculo denominado filiación.

Para el maestro Miguel Royo Martínez[13], ese concepto biológico de la filiación sirve de subsuelo para la cimentación del respectivo concepto jurídico, como “relación jurídica constitutiva de un status recíproco (status filii respecto del status patrisvelmatris) entre una persona y otra por la que se considera engendrado y en virtud del cual surgen típicos derechos y deberes de alimentación, educación, obediencia, respeto, derechos necesarios, etcétera”.

Es completa la concepción que sobre la filiación proponen Diez-Picazo y Antonio Gullon[14], como la condición que a una persona atribuye el hecho de tener a otra u otras por progenitores suyos como a la relación o vínculo que une a la persona con sus dos progenitores o con uno solo.

Ese autor concuerda con lo considerado previamente, acerca de que la filiación parte de una realidad biológica que es regulada a posteriori por el ordenamiento jurídico, que distribuye derechos y obligaciones entre los progenitores y los seres procreados por ellos; y alude tanto a la condición de una persona definida por el hecho de ser hijo de otro, como a la relación padre y/o madre versus hijo. Precisa, sin embargo, que para establecer la filiación, el Derecho selecciona unos criterios, de los cuales los básicos son los biológicos; pero que no actúan necesariamente en todos los casos, por lo cual la filiación no es necesariamente una situación derivada de un hecho biológico.[15]

Para Miguel Royo Martínez no hay posibilidad que respecto de un mismo hijo sean reconocidos los derechos ni impuestos los deberes de la paternidad a dos varones o a dos mujeres; la paternidad y la maternidad son posiciones jurídicas rigurosamente exclusivas, personalísimas e intransferibles.[16] Afirma[17], que en la vida social son importantísimas la estabilidad y la seguridad. Por ello, transcurrido el tiempo o agotados eficazmente los medios, la apariencia se convierte en inatacable como única realidad para el derecho.

Las concepciones anteriores se advierten aceptadas en la legislación civil del Distrito Federal. Así, por ejemplo, el sustrato biológico en el que se sustenta el concepto de filiación se aprecia en el contenido de los artículos 324 y 338 del Título Séptimo “De la filiación” del referido ordenamiento, que dicen:

‘Artículo 324’.(Se transcribe)

‘Artículo 338’. (Se transcribe)

‘Artículo 341’.(Se transcribe)

‘Artículo 360’.(Se transcribe)

En el caso, las quejosas pretenden que la autoridad desatienda el vínculo biológico que las une con **********, por situaciones de hecho atinentes al desapego familiar, emocional y de incumplimiento de deberes propios de la relación paterno-filial, que consideran suficientes para deshacer tal unión y, por otra parte, que se determine la filiación respecto de **********, sobre la base central de que ha quedado probada la posesión de estado de hijas (sustentada en argumentos que se identifican con los supuestos para demostrar el la posesión de estado de hijo a que se refiere el numeral 343 del Código Civil para el Distrito Federal) porque:

- ********** ha reconocido constantemente a ********** como hijas por la familia del padre, de la madre y en la sociedad.

- Las quejosas han usado constantemente los apellidos de la persona quien pretenden sea su padre, con la anuencia de ésta.

- ********** ha tratado como hijas a las impetrantes, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento.

Las alegaciones de las quejosas no pueden atenderse por las siguientes razones:

a) El reconocimiento de la paternidad realizada por ********** a partir de la aceptación de un hecho biológico, no se encuentra controvertido en el caso planteado. Además, no se advierte que ese demandado haya impugnado la paternidad de **********, dentro de sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento, plazo a que se refiere el numeral 330 del Código Civil para el Distrito Federal.

b) La impugnación de la filiación respecto de ese progenitor se sustenta, en el caso, en situaciones de hecho relativas al incumplimiento de los deberes paterno-filiales y a la desvinculación afectiva y familiar entre **********. No obstante lo anterior, si la filiación constituye un reconocimiento a la relación de entroncamiento biológico entre padre e hijo y en su caso, a la presunción que obliga al derecho a considerar a una persona dentro de esa vinculación; luego, la impugnación o desconocimiento de la filiación debe controvertir el supuesto de entroncamiento (en el caso, biológico) que dio origen a ese estado familiar y no apoyarse únicamente en alegaciones tendentes a evidenciar el incumplimiento de los deberes propios del desarrollo de la relación paterno-filial.

c) La paternidad es una posición jurídica exclusiva, que excluye esa atribución respecto de otra persona. En términos del numeral 352 del Código Civil para el Distrito Federal, la condición de hijo no puede perderse sino por sentencia ejecutoriada. De esa manera, si ello no ha ocurrido, no puede atribuirse la paternidad a distinta persona.

d) La filiación fija la relación paterno-filial a partir de un reconocimiento jurídico a circunstancias que sirven de base para que en el ámbito del derecho, pueda considerarse vinculada a una persona con su progenitor. Como se ha visto, ordinariamente parte de un hecho biológico y solamente si en cuanto a esa circunstancia no existe prueba previa, es admisible recurrir al examen de la posesión constante del estado de hijo, de los elementos de prueba autorizados por la ley y del reconocimiento del progenitor.

En el fallo combatido, el tribunal de alzada arribó a la conclusión atinente a que no quedó desvirtuado el reconocimiento de la paternidad por parte de **********; que la filiación tiene su origen en el entroncamiento legal; y no puede ser materia de convenio entre las partes, ni de transacción o compromiso en árbitros. También concluyó que no puede concederse el reconocimiento de la paternidad a **********, sobre la base de la posesión de estado de hijas de **********, en tanto las actas de nacimiento de las actoras siguen vigentes. Esos razonamientos de la autoridad ad quem coinciden en lo sustancial con las consideraciones destacadas por esta autoridad, de manera que no se advierte ilegalidad en esa determinación reclamada.

De esa manera, si en los conceptos de violación las peticionarias del amparo insisten en que:

- Entre ********** y ellas no existe una relación de filiación como núcleo social primario de la familia, a pesar del reconocimiento que ese demandado hizo constar en las actas de nacimiento y del vínculo biológico que los une.

- El concepto de filiación no se refiere exclusivamente a la relación biológica entre padre e hijo.

- ********** es la persona quien se ha comportado como padre de las quejosas durante el transcurso del tiempo.

- Ese vínculo original con **********, fue sustituido por el creado por **********.

- No se pretende el ejercicio de una voluntad caprichosa. Lo que se pretende es que se atienda a la realidad que ha imperado en la vida de las quejosas, esto es, que se reconozca el vínculo existente con la persona que se encargó de su desarrollo y educación.

Lo cierto es que tales alegaciones no desvirtúan en algún aspecto, las consideraciones del tribunal ad quem y las precisadas por este tribunal.

Finalmente, a pesar de que es verdad que existen casos en los que la paternidad puede quedar excluida, lo cierto es que en el caso no puede acogerse tal pretensión, conforme a las consideraciones que han quedado destacadas previamente.

No sobra destacar, sin embargo, que la conclusión arribada es la que se obtiene conforme a la comparación de la resolución reclamada, los conceptos de agravio y las constancias de autos examinados en el presente caso, lo cual no implica desconocer la posibilidad de que, en un eventual supuesto, pueda controvertirse ese estado familiar si las impetrantes estiman que existe una afectación personalísima ocasionada con motivo del vínculo que el derecho les ha reconocido respecto de **********, verbigracia, en su honra, dignidad, etcétera, que haga patente, sobre la base de nuevos hechos y elementos probatorios, la necesidad de culminar con el lazo filial que las une con su progenitor biológico.

Precisión acerca de la interpretación del artículo 343 del Código Civil para el Distrito Federal.

Se ha destacado previamente que la filiación no es necesariamente una situación originada en un acontecimiento biológico probado, pues en los casos en que sobre ese aspecto no se tienen datos suficientes, se atienden elementos para que el ámbito jurídico, pueda tenerse por cierto el vínculo de entroncamiento paterno-filial.

Como se vio previamente, el artículo 341 del Código Civil para el Distrito Federal dice, que a falta de acta o si ésta fuere defectuosa, incompleta o falsa, se probará la filiación con la posesión constante de estado de hijo.

El numeral 343 dice:

‘Artículo 343’. (Se transcribe)

Contrario a lo que afirman las quejosas, ese precepto no sanciona la pérdida de la filiación en caso de incumplimiento de alguno de los deberes paterno-filiales, pues no se advierte tal consecuencia de la ley y tampoco prevé que la demostración de la posesión de estado de hijo pueda excluir la filiación demostrada en un acta de nacimiento plenamente reconocida por el padre, pues a ese respecto debe atenderse al precepto 341 antes invocado.

Invocación del numeral 16 (sic) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con motivo de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, se introdujo, en un nuevo paradigma de ese nivel de supremacía, el reconocimiento a la protección de la persona y el goce efectivo de los derechos humanos, al destacar que:

‘Artículo 1°’. (Se transcribe)

‘Artículo 18’.(Se transcribe)

En casos como el de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, la Corte Americana interpretó ese numeral internacional en sentencia de ocho de septiembre de dos mil cinco, en el sentido de que los Estados tienen la obligación no sólo de proteger el nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona inmediatamente después de su nacimiento y una vez registrada la persona se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido, los cuales constituyen elementos esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los miembros de la familia con la sociedad y el Estado.

No obstante lo anterior, este tribunal no advierte conculcación alguna al precepto referido, pues lo fundamental es que éstas ejercen el derecho a un nombre registrado en un acta del Registro Civil, con el apellido de sus padres ********** y acerca de ello en el caso no quedó demostrado que esa designación no les sea propia o que el apellido que las nombra no les corresponda. Antes bien, conforme a la interpretación del precepto referido, lo fundamental para el Estado es la preservación del nombre de la persona registrada, lo cual en el caso acontece.

En ese sentido, es inaplicable al caso aún por analogía, la tesis intitulada DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL., porque en principio, en el caso no se examina el artículo 133 del ordenamiento local referido y tampoco se controvierte la prohibición para cambiar el nombre de una persona, pues lo debatido de manera primigenia en el caso, es la incidencia de situaciones de hecho relativas al incumplimiento de deberes paterno-filiales para impugnar la filiación sustentada en el hecho demostrado del vínculo biológico.

Conculcación a distintos preceptos.

Es infundada la pretendida transgresión a las garantías tuteladas en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, así como a distintos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles. Lo anterior, porque se sustentan en la falsa premisa de que los otros planteamientos de la demanda debían prosperar; pero como esto no fue así, porque lo aducido por el peticionario del amparo fue desestimado, tal circunstancia conduce a estimar que en el caso no está demostrada la infracción a los referidos preceptos y derechos.

Debida fundamentación y motivación.

Esa alegación es infundada, toda vez que parte de la base de la premisa inexacta de que los motivos de agravio debían prosperar, de tal manera que si ello no aconteció, se desestima tal inconformidad”.

IV. Agravios. En el escrito de agravios esencialmente se alega lo siguiente:

  • La sentencia que se combate transgrede lo dispuesto en los artículos 76, 76 Bis y 77 de la Ley de Amparo, en razón de que interpreta de manera errónea los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, así como los preceptos 16 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al afirmar que la garantía individual del derecho al nombre no fue conculcada, en atención a que las quejosas ejercen el derecho al nombre, al haber quedado registradas en el atestado de nacimiento emitido por el Registro Civil con el apellido de sus padres biológicos.

Lo anterior es así, pues esa afirmación revela que para el Tribunal Colegiado, la garantía individual del derecho al nombre se agota con la simple existencia del nombre y apellido en el acta de nacimiento emitida por el Registro Civil, pasando por alto que la garantía de ese derecho incluye la facultad de ser modificado y adecuado a las circunstancias verificadas en la realidad.

  • Precisan que durante la tramitación del procedimiento se indicó que si bien es cierto que su padre biológico las reconoció como hijas y por ello en su atestado de nacimiento tienen el apellido de su “padre biológico”, también es cierto que se debe reconocer el vínculo establecido con la persona que se ha desempeñado como padre de las quejosas y, por ello, deben realizarse las correcciones necesarias en el atestado de nacimiento a fin de que el mismo refleje el apellido que las vincula con la persona a quien consideran su padre, pues con la acción planteada no sólo pretende una modificación caprichosa del apellido de las quejosas, sino que éste se adecue a la realidad, reflejando la vinculación filial que en la realidad existe entre ellos, pues el derecho al nombre no se agota con el registro de un nombre y un apellido en el atestado de nacimiento del Registro Civil, sino que también incluye la prerrogativa de su modificación y adecuación a la realidad.

  • Aducen que se debió conceder el cambio de apellido, pues el artículo 4º constitucional les concede el derecho a gozar de la protección sobre la organización y el desarrollo de la familia, entendiéndose por dicho concepto no necesariamente el vínculo derivado de la relación biológica del nacimiento, sino el vínculo derivado de la relación verdaderamente filial que se ha establecido con la persona que desempeñó las actividades del padre en la familia y respecto del cual, se estableció una relación de filiación derivada de la posesión de estado de hijas; pues insisten el artículo 4 constitucional establece que la ley debe proteger la organización y el desarrollo de la familia y dicho concepto no se encuentra limitado por el vínculo biológico, de ahí que se debió atender no sólo la relación establecida con la persona que se ha conducido como padre de las quejosas, sino también el desarrollo del núcleo que efectivamente han integrado como familia, autorizando la adecuación del nombre de las quejosas, ya que la negativa de esa petición, lo que hace es desconocer a la familia integrada por las quejosas y los señores **********.

  • En ese sentido, es erróneo considerar como lo hace el A quo, que el apellido de las quejosas sólo podría controvertirse en caso de que existiera una afectación personalísima a su honra y dignidad.

  • Que la sentencia que se combate transgrede el contenido del artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a un nombre propio y al nombre de los padres, pudiendo identificarse con el término de “padre” no sólo a la persona con la que existe un vínculo biológico, sino la persona que efectivamente hubiera proveído la subsistencia, educación y mantenimiento del hijo, entendiéndose por ello en términos de la legislación vigente el vínculo existente con las personas que efectivamente han integrado la familia.

  • Señalan que el Código Civil para el Distrito Federal, ha reconocido en el artículo 343 el vínculo derivado de la posesión de estado de hijo y la sanción por el incumplimiento a las obligaciones derivadas de la filiación y por ello el derecho a que la persona que ha establecido un vínculo filial distinto con una persona distinta a su padre biológico tenga derecho a utilizar los apellidos del mismo, incluyendo dentro de dicho derecho la facultad para que se hagan las modificaciones necesarias en los atestes de nacimiento, para que se adecue dicha situación a la realidad. Apoya su argumento con la tesis jurisprudencial de rubro: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL”.

  • Que de la tesis mencionada se advierte que el Tribunal Colegiado transgredió el derecho de las quejosas a que se reconozca la situación que se ha verificado en la realidad, y por ello que la posesión de estado de hijas debía prevalecer sobre el reconocimiento que había hecho el padre biológico de las mismas, en observancia al derecho a que los apellidos que las mismas utilizan en su vida diaria y actividades cotidianas reflejen el vínculo que existe con la persona que se encargó de su educación y desarrollo y no por el contrario que las vincule con una persona que consideran como un desconocido y con el que no tienen vínculo alguno distinto al que se deriva del biológico reflejado en el atestado de nacimiento, tal y como quedó acreditado en constancias de autos, cuestión que se reitera no ha derivado de la voluntad de las quejosas sino de la voluntad del padre biológico y de la persona con la que efectivamente establecieron los vínculos de filiación descritos en términos de lo descrito por el Código Civil para el Distrito Federal.

  • Señalan que es errónea la afirmación de que el precedente jurisprudencial mencionado no es aplicable al caso concreto, pues si de las constancias de autos se desprenderse que el juicio de origen versó sobre la modificación al acta de nacimiento de las quejosas para el efecto de que se permitiera que las mismas utilizaran el nombre de la persona que les había dado trato de hijas durante toda su vida, entonces la tesis citada, sí resulta aplicable al caso, pues el efecto de la negativa de amparo se traduce en un impedimento ilegal e inconstitucional para adecuar el nombre de las quejosas a su realidad, como si el reconocimiento realizado en el acta de nacimiento tuviera el carácter de irrevocable, cuando lo cierto es que el mismo no ha surtido efecto alguno durante la vida de las quejosas y por ello lo procedente era la adecuación de su nombre.

  • Que existe denegación de justicia y por ello una transgresión al contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales pues bajo el argumento de que existe un vínculo derivado del reconocimiento realizado por el padre biológico y que supuestamente el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal establece que la filiación no puede ser materia de convenio entre las partes ni de transacción ni de sujetarse a compromiso en árbitros, se limitan a concluir que el vínculo con el padre biológico haría improcedente cualquier relación distinta; sin embargo, en la legislación del Distrito Federal, no existe un precepto legal que establezca una prohibición expresa a la modificación del nombre o apellido de las personas, de modo que la transgresión a las garantías de las quejosas no se deriva de la legislación local vigente, sino de una interpretación deficiente del derecho al nombre que a juicio del tribunal colegiado se agota con la emisión del acta en la que se habría hecho constar el reconocimiento realizado por el padre biológico de las quejosas.

SEXTO. Procedencia del recurso. Una vez que se conocen las cuestiones que se estiman necesarias para resolver el asunto, atendiendo a la problemática jurídica que se debe dilucidar, la cual fue precisada en el considerando cuarto de esta ejecutoria, en primer término se debe determinar si el recurso de revisión que nos ocupa es o no procedente.

Para ese efecto, se debe tener presente que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad, establece:

“Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;”

En la exposición de motivos de la reforma que dio origen a la actual redacción del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se señala que entre los objetivos de la reforma se persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución, a fin de que pueda concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del Estado Mexicano en su conjunto[18].

Lo anterior pone en claro que la procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias emitidas en los juicios de amparo directo es de carácter excepcional; y que por ende, para su procedencia, es imprescindible que se surtan los dos requisitos a que alude el artículo 107 constitucional, a saber:

  1. Que en la sentencia recurrida se haya hecho un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o cuando, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y

  1. Que el problema de constitucionalidad resuelto u omitido en la sentencia de amparo, sea considerado de importancia y trascendencia, según lo disponga el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus acuerdos generales.

No obstante, con relación a esos requisitos, conviene hacer las siguientes precisiones:

A raíz de la reforma al artículo 1° constitucional y en virtud de lo resuelto el tres de septiembre de dos mil trece, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, el primer requisito de que se habla, debe considerarse extendido a los casos en que la sentencia recurrida establezca la interpretación directa de un derecho humano previsto en algún tratado de índole internacional en que el Estado mexicano sea parte, así como en aquellos casos en se omita esa interpretación, a pesar de haber sido solicitada en la demanda.

Ahora bien, como el segundo requisito de importancia y trascendencia ya se exigía aún antes de la reforma de seis de junio de dos mil once, con relación al tema, el Pleno de este Alto Tribunal emitió el Acuerdo General 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo punto primero señaló que por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, estos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte, cuyo rubro es el siguiente: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.”[19]

SÉPTIMO. Análisis de los requisitos de procedencia en el caso concreto. Atendiendo a los requisitos exigidos para la procedencia del recurso de revisión, esta Primera Sala estima que el presente medio de impugnación sí resulta procedente, porque en el caso sí se satisfacen los requisitos mencionados.

Lo anterior es así, pues de la lectura de la demanda de amparo se advierte que en los conceptos de violación la parte quejosa hizo valer argumentos cuya respuesta requería hacer una interpretación del artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido hace referencia al derecho humano relativo al nombre, derecho que conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[20], debe considerarse de rango constitucional, no sólo por encontrarse inmerso en el artículo 29 de la Constitución Federal, sino porque además, está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es un tratado internacional en el que el Estado Mexicano es parte, de manera que cualquier cuestión positiva o negativa relacionada con su interpretación, constituye un tema de carácter constitucional susceptible de ser analizado a través del recurso de revisión previsto en el artículo 107, fracción IX de la Constitución Federal, tal y como se determinó en la tesis aislada 1a. LXXVII/2013 (10a.), cuyo rubro es: “DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.”[21], de ahí que en ese sentido, sí se surte el primero de los requisitos mencionados, tan es así, que al resolverse el recurso de reclamación **********, esta Primera Sala decidió que la interpretación del artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituye un tema propiamente constitucional para efectos de la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo[22].

El segundo de los requisitos establecidos para la procedencia de recurso de revisión también se satisface, pues la interpretación del derecho humano relativo al nombre y la determinación de sus alcances, sí constituye un tema de importancia y trascendencia, en tanto que no existe jurisprudencia al respecto.

OCTAVO. Delimitación de la materia del recurso. Una vez que se ha establecido la procedencia del presente recurso, conforme a la problemática jurídica que se debe resolver, la cual fue precisada en el considerando cuarto de esta ejecutoria, se debe entrar al fondo del asunto a fin de dilucidar si los agravios formulados son aptos paa revocar la sentencia recurrida.

No obstante, antes de hacerlo, esta Primera Sala estima conveniente delimitar la materia sobre la cual versará el presente medio de impugnación.

Para ese efecto, se estima conveniente recordar que conforme a los antecedentes previamente narrados, en la demanda inicial ********** de apellidos **********, solicitaron excluir la filiación derivada del vínculo biológico existente entre ellas y **********, a fin de que su filiación se estableciera con **********, ello en atención a que es él quien frente a su familia y la sociedad ha asumido con ellas el rol de padre, atendiéndolas en sus necesidades alimenticias desde que tenían ocho y nueve años de edad respectivamente, además de que les ha permitido usar su apellido.

Derivado de lo anterior, también solicitaron autorización judicial para llevar el apellido paterno de **********, girando el oficio correspondiente al Registro Civil.

De lo anterior se advierte que una de las prestaciones reclamadas por las actoras incide directamente en el derecho al nombre, en tanto que expresamente solicitaron autorización judicial para cambiar su primer apellido, es decir el paterno, a fin de poder utilizar el de la persona que ha asumido frente a ellas el rol de padre.

Ahora bien, por la manera en que se solicitó esta última prestación, pudiera llegar a considerarse que la modificación del nombre, en lo relativo al apellido paterno, únicamente se hizo derivar del cambio de filiación; y que en esa medida, si no procede el cambio de filiación, en vía de consecuencia tampoco procede modificar el nombre.

Así, si se partiera de esa consideración, sería dable sostener que sin importar lo que se alegue en los agravios, éstos deben declararse inoperantes, porque con independencia de la manera en que el Tribunal Colegiado haya interpretado el derecho al nombre, si el cambio de filiación es improcedente, en vía de consecuencia, también sería improcedente la modificación del nombre; sin embargo, esa consideración resultaría limitada; y por tanto, contraria al principio pro personae previsto en el artículo 1° constitucional[23].

Lo anterior es así, pues de acuerdo con ese principio, el cual encuentra sustento en la dignidad de las personas, los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales siempre deben ser interpretados favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Ahora bien, esa protección debe operar tanto en el ámbito de interpretación de la norma como en el ámbito de su aplicación.

Se afirma lo anterior, porque en el ámbito de interpretación de la norma, el principio pro personae, obliga a que todas las autoridades que en el ámbito de sus respectivas competencias deban interpretar una norma, prefieran la interpretación que más favorezca u optimice los derechos humanos.

En el ámbito de aplicación de la norma, el principio de referencia obliga a que las autoridades identifiquen las normas que puedan resultar aplicables al caso, y en el supuesto de haber dos o más que regulen la misma hipótesis normativa, prefieran la aplicación de aquella que resulte más favorable a la persona; es decir, cuando de reconocer derechos se trate, se debe preferir la norma de interpretación más amplia o extensiva, e inversamente la norma de interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites o restricciones a tales derechos o su ejercicio.

Lo anterior implica que este principio se convierte de alguna manera en garante de la debida aplicación e interpretación de los derechos humanos, reconocidos en la constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte.

Atendiendo a lo anterior, si el artículo 17 constitucional, prevé el derecho humano de acceso a la justicia, la cual, según lo dispuesto en el segundo párrafo de ese precepto, debe ser impartida de manera pronta, completa e imparcial, es evidente que para poder dar cumplimiento a ese dispositivo, el escrito de demanda debe ser analizado de manera integral como un todo unitario, a fin de determinar con precisión qué es lo que el actor pretende a través de ella, y las razones concretas por virtud de las cuales hace esa petición, a fin de que al momento de dictarse la sentencia correspondiente, realmente se atienda la petición formulada, impartiendo justicia completa, pues esto es lo que más favorece a la persona que promueve la demanda y con ello no se violentan los derechos de las demás personas, ni se atenta contra la seguridad y justas exigencias del bien común.

Bajo estas condiciones, si el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece lo siguiente:

“Artículo 2. La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción”

Entonces atendiendo al principio pro personae, en su ámbito de interpretación de la norma, debe concluirse que conforme al precepto antes referido, para poder establecer cuál o cuáles son las acciones intentadas, no basta con que el juzgador analice el apartado de la demanda en que se precisan las prestaciones reclamadas, sino que para ello, es preciso analizar la demanda en su integridad, a fin de advertir qué pretensiones se exponen a lo largo de ella, así como las bases o causas en que éstas se sustentan, pues ello no sólo permitirá que el juzgador determine con precisión la clase de pretensión que se exige y el título o causa de esa pretensión, sino que además, ello le permitirá determinar si una acción es consecuencia de otra o si por el contrario, puede ser autónoma.

Bajo esa tesitura, es dable señalar que si bien en el caso a estudio, las actoras solicitaron excluir la filiación derivada del vínculo biológico existente entre ellas y **********, a fin de que su filiación se estableciera con **********, y derivado de ello también pidieron autorización judicial para llevar el apellido paterno de la persona mencionada en último término, lo cierto es que del análisis integral de la demanda inicial, se puede advertir que la razón fundamental para solicitar la autorización de referencia, consistió en la necesidad de adecuar su nombre a la realidad en que se desenvuelven, pues según manifestaron, es ********** quien ante su familia y la sociedad ha asumido con ellas el rol de padre, atendiéndolas en sus necesidades alimenticias desde que tenían ocho y nueve años de edad respectivamente, además de que les ha permitido usar su apellido.

En esa virtud, esta petición debió analizarse desde dos vertientes, una como consecuencia del cambio de filiación solicitada y dos como una necesidad de adecuar el nombre de las actoras a su realidad; y en esa medida, tener presente que la sola circunstancia de que el cambio de filiación no fuera procedente, no necesariamente trae como consecuencia la improcedencia de la solicitud relativa a la modificación del nombre, en tanto que de la demanda inicial se advierte que esa petición tiene como sustento autónomo, el tratar de adecuar el nombre de las actoras a su realidad social.

En ese orden de ideas, atendiendo al principio pro personae antes referido, debe concluirse que en el caso a estudio la petición de modificar el nombre, no sólo es una pretensión solicitada a consecuencia del cambio de filiación, sino que además se ejercitó de manera autónoma para adecuarlo a la realidad de las quejosas; y que en esa medida, la negativa del cambio de filiación solicitada, no necesariamente genera la improcedencia de la modificación del nombre.

Esta precisión resulta fundamental para precisar la materia a que se debe constreñir el presente medio de impugnación, porque como se advierte de los antecedentes narrados, el cambio de filiación se declaró improcedente tanto en primera como en segunda instancia, y ello fue validado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, pues como se desprende de la sentencia recurrida, para analizar los conceptos de violación, en primer lugar se abordó el tema de la filiación y con posterioridad el relativo al derecho al nombre previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, con relación a la Filiación, lo primero que hizo el Tribunal Colegiado, fue precisar el concepto de filiación y lo que algunos doctrinarios han sostenido al respecto, con posterioridad se precisó que es lo que pretenden las quejosas a través de los conceptos de violación, después se indicaron los motivos por los que dicho órgano jurisdiccional consideró que no tenían razón y, finalmente, en una especie de a mayor abundamiento, el Tribunal Colegiado haciendo alusión a lo considerado por la autoridad responsable en la sentencia reclamada, indicó que lo alegado por las quejosas no desvirtuaba tales consideraciones.

En efecto, al respecto concluyó diciendo lo siguiente:

“Lo cierto es que tales alegaciones no desvirtúan en algún aspecto, las consideraciones del tribunal ad quem …”

En ese orden de ideas, si la validación que hace el Tribunal Colegiado en cuanto al tema de la filiación no se encuentra controvertida en los agravios[24], lo decidido con relación al cambio de filiación debe considerarse firme, máxime que sobre el tema no existe una cuestión de índole constitucional que amerite ser analizada a través de este recurso, pues al respecto no se decidió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma de carácter general, ni se realizó una interpretación de orden constitucional.

Ahora bien, debido a lo indicado, lo decidido con relación al tema de la filiación debe considerarse firme; sin embargo, ello de ninguna manera autoriza a declarar inoperantes los agravios bajo el argumento de que con independencia de la manera en que se haya interpretado el derecho al nombre, si el cambio de filiación es improcedente también lo es la modificación del nombre, pues como ya se analizó, esta decisión resultaría limitada y contraria al principio pro persone, en tanto que la pretensión relativa al cambio del nombre tiene un sustento autónomo.

En tal virtud, si bien la materia del presente medio de impugnación, no puede abarcar lo decidido por el Tribunal Colegiado con relación a la petición del cambio de filiación, en tanto que la negativa de ésta debe considerarse firme, nada impide que a través de este medio de impugnación se analice la interpretación que sobre el derecho humano al nombre realizó el Tribunal Colegiado.

Así, aunque en el caso a estudio no se puede analizar el tema relativo al cambio de filiación, es importante destacar que ello obedece a que en el caso no se combate lo que al respecto indicó el Tribunal Colegiado, sin embargo, se debe dejar muy en claro, que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no descarta la posibilidad de que en diversos casos, pueda analizarse si la filiación, entendida ésta, no como el vínculo biológico que existe entre padre e hijo, sino como el vínculo jurídico que los une, pueda ser susceptible de modificación a fin de que ésta se ajuste a la realidad sociológica que viven ciertas personas, análisis que en el caso no se realiza, debido a la inoperancia de los agravios antes mencionada.

Atendiendo a lo anterior, la materia del presente medio de impugnación básicamente se limita a determinar ¿cuál es el alcance que se debe dar al derecho humano relativo al nombre y los apellidos previsto en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?, pues de la sentencia que se recurre, se advierte que para el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,este derecho básicamente se colma cuando el nombre de una persona es registrado en un acta de nacimiento con el apellido de sus padres, lo que a decir de las recurrentes es erróneo, pues ese derecho, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, también incluye la posibilidad de modificarlo y adecuarlo a la realidad de la familia en que se han desarrollado.

NOVENO. Estudio del fondo del asunto. A fin de dilucidar la interrogante mencionada, primero se hace indispensable saber ¿En qué consiste el derecho al nombre?, ¿Cuáles son las funciones que éste desempeña?, así como ¿Cuáles son las implicaciones que éste tiene en la dignidad de las personas y el ejercicio de otros derechos como son la personalidad y la identidad?

En tal virtud, se procede a responder la primera de esas interrogantes.

¿En qué consiste el derecho al nombre?

El derecho al nombre se encuentra reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho precepto se establece lo siguiente:

“Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.”

Como se advierte de lo antes reproducido, el artículo 29 Constitucional no sólo reconoce el derecho al nombre como un derecho humano de carácter fundamental, sino que además lo considera de tal relevancia o importancia, que lo incluye dentro de aquellos derechos que no pueden restringirse ni suspenderse en ningún caso, ni siquiera en lo que se ha dado por llamar “estados de excepción”.

Pese a ello, tal precepto constitucional no define que es lo que debe entenderse por este derecho, pues no fija su contenido ni su alcance, de ahí que en términos de lo dispuesto en el artículo 1° constitucional[25], es necesario analizar este derecho a la luz de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos han sido celebrados por el Estado Mexicano, a fin de determinar si este derecho se encuentra definido en alguno de ellos.

Así tenemos que a nivel internacional, este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos entre los que destacan los siguientes:

  • CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

“Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de alguno de ellos.

La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

  • PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

“Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”

  • CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

“Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.”

“Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombrey las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.”

Como se advierte, si bien en dichos instrumentos internacionales se reconoce plenamente el derecho al nombre, lo cierto es que en ninguno de ellos se encuentra definido; sin embargo, debe resaltarse que del artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí es dable advertir que el derecho al nombre se compone de dos elementos fundamentales, a saber: el nombre propio y el apellido.

Estos elementos que resalta el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resultan trascendentes para establecer en qué consiste el derecho al nombre, pues de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México[26], el nombre proviene del latín “nomen-inis”, “palabra que sirve para designar las personas o las cosas”; y desde el punto de vista jurídico, el nombre es la “palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas de otras”.

En esa virtud, debe concluirse que el nombre propio y los apellidos de los padres a que alude la Convención Americana sobre Derechos Humanos, representan el conjunto de palabras con que se designa a una persona para individualizarla y distinguirla de otras.

El nombre propio o de pila como comúnmente es conocido, tiene sustento en la autonomía de la voluntad; y por tanto, es de libre elección, pues se deja siempre a voluntad de quien o quienes presentan a un infante al registro civil.

Cabe señalar que aunque el nombre propio es de libre elección, esa libertad, en algunos países se encuentra expresamente limitada.[27] En el Estado mexicano no existe tal limitación; sin embargo, se debe tener presente que a pesar de no existir una prohibición expresa, el nombre con que se designe a una persona siempre debe respetar la dignidad del ser humano, y además debe evitar la homonimia entre hermanos; tan es así, que algunas legislaciones estatales, prevén diversos supuestos en los que la designación del nombre propio puede ser modificada cuando no se respeta la dignidad mencionada, entre esas legislaciones se encuentra el Código Civil para el Estado de México, el cual permite que el nombre designado pueda ser modificado o cambiado cuando el nombre con que se registra a una persona la expone al ridículo o cuando existiendo un caso de homonimia del nombre y apellidos se le causa a la persona un perjuicio moral o económico[28].

La libertad de designar el nombre propio se explica en la medida en que éste sólo tiene por objeto identificar a la persona y distinguirla de las demás personas que integran el grupo familiar, en donde por regla general todos llevan un apellido común.

En cambio el elemento relativo al apellido, que en el caso del Estado mexicano, según el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, comprende el apellido del padre y de la madre, no sólo sirve para individualizar a una persona y distinguirla de los demás miembros la sociedad, sino que además esa individualización, siguiendo la tradición del derecho romano[29], también permite identificar a la persona como miembro de una determinada familia.

Ello es así, pues el apellido de la persona hace referencia a la familia a la que pertenece.

En efecto en palabras de Adolfo Pliner, el apellido “es la designación común de los miembros de una familia o de una estirpe y cada individuo lleva el que le corresponde en razón de su integración en el grupo que se distingue por ese apelativo[30].

Así, una vez que se ha dejado establecido en qué consiste el derecho al nombre, se debe dar respuesta a la segunda interrogante:

¿Cuáles son las funciones que desempeña el nombre?

Atendiendo a la respuesta que se dio a la primera de las interrogantes planteadas, se puede afirmar que el nombre tiene una doble función; pues por un lado sirve como signo de filiación y parentesco; y por otro, permite individualizar a las personas, distinguiéndolas de los demás miembros de la sociedad[31].

Función del nombre como signo de filiación y parentesco.

Se afirma que el nombre sirve como signo de filiación y parentesco en razón de lo siguiente:

El fenómeno biológico de la procreación, desde la concepción, gestación y nacimiento, es un hecho natural del hombre, que necesariamente tiene trascendencia jurídica, pues da pauta a la institución jurídica denominada filiación.

En efecto, la filiación es el vínculo jurídico existente entre los padres y sus hijos.

Ahora bien, aunque por regla general la filiación tiene sustento en el fenómeno biológico de la procreación, ello no siempre sucede así, pues el legislador ha permitido que ésta también encuentre sustento en un acto jurídico por virtud del cual se une a dos personas, a las que se les atribuye, según sea el caso, el carácter de padre o madre e hijo, en virtud del cual surgen entre ellos derechos y obligaciones.

Así, la filiación se puede dividir en dos tipos, a saber:

  • Filiación consanguínea; y
  • Filiación civil.

La filiación consanguínea tiene sustento en el fenómeno biológico de la procreación y a su vez se clasifica en:

Matrimonial; y

Extramatrimonial.

La filiación matrimonial, surge cuando la madre y el padre constituyen su descendencia a partir de un matrimonio; en cambio la filiación extramatrimonial, es la relativa a los hijos habidos fuera de matrimonio, es decir aquellos que han sido engendrados por personas no casadas entre si.

La filiación civil, encuentra sustento en un acto jurídico, que por virtud de una ficción legal, permite establecer un vínculo filial entre dos personas que no se encuentran unidas por el fenómeno biológico de la procreación. Ese acto jurídico puede ser la adopción[32], o aquel a través del cual se hace uso de técnicas de reproducción asistida[33] de carácter heterologo.

En efecto, a través de la adopción, una persona a la que se le conoce como adoptante, recibe como hijo a otra persona denominada adoptado, entre quienes surgen relaciones análogas a las que resultan de la filiación consanguínea. En cambio, en las técnicas de reproducción asistida, es la ciencia la que ha implementado diversos procedimientos que buscan facilitar la procreación[34], es decir a través de estas técnicas se logran sistemas de reproducción alternos al natural que, al igual que éste, dan origen a un ser humano, así la filiación surge por el vínculo que se establece entre el hijo concebido mediante la aplicación de los referidos métodos y el hombre o la mujer que se someten a ellos.

En efecto, las técnicas de reproducción asistidas (TRA), son el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción, a fin de aproximar en forma artificial los gametos femenino (ovulo) y masculino (espermatozoide) con el objeto de favorecer el embarazo[35]; las cuales se clasifican en técnicas baja complejidad o de alta complejidad.

En las técnicas de baja complejidad, la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro de la trompa de Falopio; en cambio, en las técnicas de alta complejidad, esa unión tiene lugar en un laboratorio.

Entre las técnicas de baja complejidad se encuentra el coito programado y la inseminación intrauterina o artificial; en cambió en las de alta complejidad, se ubica la fecundación invitro y de transferencia embrionaria.

En el coito programado, sólo se realiza una estimulación leve de la ovulación con controles ecográficos periódicos que tienen por objeto conocer el número de folículos presentes en los ovarios, con la finalidad de conseguir un embarazo.

En la inseminación intrauterina o artificial, se introduce el espermatozoide en el útero en el momento próximo a la ovulación, a fin de que éste busque de forma natural el camino hacia el óvulo maduro, tal como ocurriría en un embarazo tradicional. Esta inseminación distingue dos situaciones según el origen el semen, así será inseminación artificial homóloga o conyugal (IAH) si el semen proviene de la pareja; y será inseminación artificial heteróloga o con donante (IAD) si el semen proviene de un donante anónimo.

En la fertilización in vitro, la fertilización del óvulo por el espermatozoide se produce en un medio artificial –el laboratorio-, pues a través de esta técnica, se extrae el ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la mujer con espermatozoides obtenidos previamente del hombre, pero en este tipo de fertilización, no sólo se puede hacer uso de espermatozoides donados, sino también de un ovocito proveniente de una donación, que puede o no resultar anónima.[36]

Además, se debe tener presente que a través del uso de esas técnicas, existen legislaciones que permiten o reconocen la maternidad por sustitución y la maternidad subrogada[37].

Así, aunque por regla general la filiación tiene sustento en el fenómeno biológico de la procreación, no se puede negar que éste no es su único sustento, de manera que atendiendo al tipo de filiaciones que pueden existir, en especial las de orden civil, es dable afirmar que el derecho no crea el vínculo biológico, pues sólo lo califica o regula; y que a la vez, el vínculo biológico no crea per se la relación jurídica que surge de la filiación.

En efecto, la norma sólo configura el contenido del vínculo legal y construye los conceptos de padre, madre e hijo, que pueden o no coincidir con el hecho natural del generante y el generado, pues en el derecho no necesariamente tiene que haber correspondencia entre la realidad biológica y el hecho jurídico, puesto que deben ser consideradas una multiplicidad de circunstancias ajenas a lo genético, de naturaleza psicosocial, de ahí que los conceptos de padre y madre y de progenitor no tienen necesidad de coincidir desde el punto de vista legal.

En consecuencia, se puede afirmar que desde el punto de vista biológico, progenitor es aquél o aquélla que ha tenido autoría en la procreación de un individuo, mientras que desde el punto de vista jurídico o legal, padre y madre son aquellas personas que asumen y cumplen con el conjunto de deberes y se benefician de los correlativos derechos que surgen de esa relación.

Bajo esa tesitura, se puede afirmar que progenitor es un término de orden biológico, mientras que concepto de padre o madre, es una categoría de orden jurídico que se relaciona con el parentesco de las personas, el cual puede ser considerado o equiparado al consanguíneo sin importar el origen biológico de las personas[38].

Atendiendo a lo anterior, es evidente que la filiación necesariamente está unida a los conceptos de paternidad, maternidad y parentesco.

Ello es así, pues la maternidad y la paternidad, necesariamente hacen referencia a la misma relación que surge de la filiación, sin embargo, cambia su nominación dependiendo del ángulo en que se vea, así, si es el de la madre será maternidad, paternidad si es desde el ángulo del padre y filiación si se trata del hijo[39].

No obstante, esta relación también da origen al parentesco, y entre las obligaciones y derechos que surgen de la filiación, sin importar cual sea el origen de ésta[40], se encuentra el deber por parte de los padres de registrar al menor desde su nacimiento y el correlativo derecho del menor a recibir un nombre.

En efecto el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo conducente establece lo siguiente:

“Artículo 24

[…]

2 Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.”

Esta obligación y el correlativo derecho, también se establece en la Convención sobre los Derechos Del Niño, que en su artículo 7 dispone:

“Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”

En ese orden de ideas, si el nombre como ya se indicó, no sólo se compone del nombre propio o de pila, sino también del apellido, mismo que en el caso del Estado mexicano, comprende el apellido del padre y de la madre, es claro que el apellido no sólo permite deducir la filiación de las personas, sino que además, permite identificarlas como parte de un grupo familiar con el que guardan parentesco, grupo familiar que como ya se analizó, no necesariamente debe encontrar concordancia con el grupo genético.

Función del nombre como signo que permite individualizar a las personas, distinguiéndolas de los demás miembros de la sociedad.

Así como el apellido forma parte del nombre de las personas y sirve como signo de filiación y parentesco, que permite ubicarlas como parte de un determinado grupo familiar, el nombre completo también sirve para individualizarlas distinguiéndolas de los demás miembros de la sociedad.

Se afirma lo anterior, porque si bien el nombre no siempre permite identificar a las personas en tanto que debido a las homonimias, para ello es preciso echar mano de otras técnicas de identificación[41], el nombre sí permite individualizarlas dentro de su grupo familiar y social, pues a través de él, es factible atribuirles ciertas cualidades o virtudes, de la misma manera que se les puede imputar conductas que incluso pueden llegar a ser reprochables.

En efecto, el nombre completo, no sólo permite identificar a las personas como parte de un núcleo familiar, sino que además permite individualizarlas dentro de un grupo social, pues como indica Adolfo Pliner citando a Perreau:

“En todos los tiempos el nombre ha sido la representación, en cierta forma simbólica, del individuo. El Nombre es la palabra que vivifica para nosotros aquellas universalidades de que habla la antigua escolástica, y esa idea general que evoca instantáneamente es la de la personalidad entera de un hombre. Su estructura física, sus rasgos y las particularidades de su fisonomía, su inteligencia, su carácter y sensibilidad, en fin todo su ser físico y moral, sus obras así como sus acciones, los hechos y gestos que ha realizado, todas estas imágenes y todos esos pensamientos en que se reflejo para nosotros la existencia humana, nos la suscita el nombre de un solo golpe. A la sola pronunciación de su nombre se alza el personaje de pie; muerto, el nombre le restituye la vida; ausente, lo llama ante nosotros; y a la hora de las crueles separaciones, un nombre queda sobre nuestros labios, último consuelo y prenda suprema de ternura.”[42]

Como se advierte, el nombre completo no sólo permite evocar las cualidades, atributos físicos, carácter o sensibilidad de la persona que lo porta, sino que además permite recordar sus obras, hechos y acciones.

Obras, hechos y acciones de la persona, a través de las cuales, el grupo social al que pertenece no sólo le puede otorgar gloria, fama y celebridad, sino también la repulsa social, el oprobio y el deshonor.

Así, nos indica Adolfo Pliner:

“Cuando el sujeto vive, el honor o el vilipendio lo alcanza directamente en su ser individual si se expone a la mirada de los demás; y si está ausente, es su nombre el que se aureola o se envilece, porque sólo por su nombre se evoca la personalidad de una manera perfecta; si ha muerto, la posteridad ensalza o reprueba a un hombre a través del nombre que simboliza los valores o disvalores de una personalidad que es ya sólo espíritu o pasado que se hace presente por la magia evocativa del nombre.”[43]

Ahora bien, aunque el apellido de las personas, como elemento constitutivo del nombre, no transmite por si mismo una carga de prestigio o vergüenza, porque estos son aspectos que las personas van construyendo con lo propios méritos o deméritos que acompañan sus obras, hechos o acciones, lo cierto es que el apellido sí permite vincular a las personas como miembros de un determinado grupo familiar; y por ende, en razón del parentesco, también permite ligarlas a los integrantes de ese grupo (abuela, padre, madre, hija, nieta, prima, tía, etc.), por ello, aun cuando sea de manera indirecta, el apellido en razón del parentesco, también constituye un puente de unión con las obras, hechos y acciones de los demás integrantes del grupo familiar, sean éstas dignas de reconocimiento o de vergüenza.

En tal virtud, si el nombre además de servir como signo de filiación y parentesco que permite ubicar a las personas como parte de un determinado grupo familiar, también permite individualizarlas, pues su sola referencia evoca los atributos cualidades y defectos de la persona que lo porta, trayendo a colación sus obras, hechos y acciones, es evidente que el nombre se encuentra ligado de manera inescindible a la personalidad e identidad de las personas; y por ende, a su propia dignidad.

Así, una vez que se ha dejado establecido en qué consiste el derecho al nombre y las funciones que éste desempeña, se debe responder la tercera de las interrogantes planteadas:

¿Cuáles son las implicaciones que tiene el derecho al nombre en la dignidad de las personas, y el ejercicio de otros derechos como la personalidad y la identidad?

Se dice que el nombre está ligado de manera inescindible a la personalidad e identidad de las personas; y por ende, a su propia dignidad, en razón de lo siguiente.

El nombre además de cumplir con las funciones antes precisadas –signo de filiación y parentesco e individualización de las personas-, es un atributo que la ley otorga al individuo para integrar su personalidad, pues a través del nombre, que individualiza a las personas, éstas ejercen sus derechos y obligaciones.

Estos derechos que permiten a las personas ejercer su señorío, obrando y disponiendo de todas sus facultades y potencialidades, necesariamente encuentran sustento en la dignidad de las personas, pues la dignidad es un derecho fundamental del ser humano, que sirve de base y condición para el ejercicio y desarrollo de todos los demás derechos, por tanto no se puede atentar contra ella a pretexto de defender otro derecho.

Lo anterior es así, en tanto que de la dignidad se desprenden todos los derechos que resultan necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad. De esta manera, la dignidad humana da sustento a los derechos de la personalidad, entre los que encontramos al derecho a la identidad, pues la personalidad es la diferencia individual que constituye cada persona y la distingue de otra.

Ahora bien, el derecho a la identidad personal, ha sido definido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte como el derecho de la persona a tener sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad. Así, la identidad personal es el conjunto y resultado de todas aquellas características que permiten individualizar a una persona en la sociedad, es todo aquello que hace ser “uno mismo” y no “otro” y que se proyecta hacia el exterior, permitiendo a los demás conocer a esa persona y, de ahí, identificarla.

En consecuencia, el derecho a la identidad personal, se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad.

Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada LXVII/2009, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal cuyo rubro es: DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.”[44].

En ese orden de ideas, si una de las funciones del nombre es el permitir la individualización de las personas, es evidente que éste juega un papel fundamental en el derecho a la identidad.

En efecto, tan importante es el papel que juega en la identidad de las personas, que el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que uno de los elementos que componen o integran el derecho a la identidad, es precisamente el nombre propio y los apellidos.[45]

Ahora bien, aunque el nombre de las personas sólo es un elemento que integra el derecho a la identidad, no se puede negar que ésta también se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, que tienen especial incidencia en el ámbito en que la persona se ve a sí misma y quiere proyectarse hacia los demás.

Así, aunque por regla general, se considera que el nombre de las personas es inmutable, en razón de que la identificación e individualización de las personas plasmada en el registro civil, otorga orden y seguridad a la sociedad sobre el estado civil de las personas en él registradas, en tanto que ese registro no sólo permite conocer la posición que guarda la persona registrada en relación con la familia (en cuanto a su filiación y parentesco), sino que además permite conocer su situación de orden político (en las calidades de nacional y ciudadano), así como su estado personal (casado o soltero); y en esa medida, se considera que las actas expedidas por el Registro Civil son documentos auténticos que sirven para dar fe del estado civil de las personas[46], lo que origina que por seguridad jurídica ningún particular pueda cambiarlo ni adquirir otro privada y arbitrariamente, pues por la función que desempeña el nombre al individualizar a las personas, éste debe gozar de cierta estabilidad y permanencia, lo cierto es que esa regla no es absoluta, pues si el nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad y forma parte del derecho a la identidad, la cual se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, debe considerarse que si el nombre causa una afectación psicológica o social grave a las personas, sí puede ser objeto de modificación, pues el artículo 5, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es terminante al establecer que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”

De lo anterior se advierte que si esa regla de inmutabilidad no es absoluta; entonces, el derecho al nombre también admite la posibilidad de que éste pueda ser modificado.[47]

Atendiendo a lo anterior, se debe ahora responder la interrogante principal que se deriva de presente asunto.

¿Cuál es el alcance que se debe dar al derecho humano relativo al nombre y los apellidos previsto en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?.

Esta interrogante surgió porque como se recordará, de la sentencia que se recurre, se advierte que para el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, este derecho básicamente se colma cuando el nombre de una persona es registrado en un acta de nacimiento con el apellido de sus padres, lo que a decir de las recurrentes es erróneo, pues ese derecho, también incluye la posibilidad de modificarlo.

En ese orden de ideas, atendiendo a las respuestas dadas a las anteriores interrogantes, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el derecho al nombre reconocido en el artículo 29 constitucional, así como en diversos tratados internacionales, entre los que destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24, apartado 2) y la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 7, apartado 1 y 8, apartado1), no se colma con el hecho de que el nombre de la persona sea registrado en un acta de nacimiento con el apellido de sus padres, pues este derecho también admite la posibilidad de modificarlo.

No obstante, esta respuesta por si sola, no es suficiente para revocar la sentencia recurrida, pues primero se debe analizar si el Código Civil para el Distrito Federal, prevé la posibilidad de modificar el nombre; de ser así, determinar si el motivo por el cual se solicitó dicha modificación, encuadra en alguna de las hipótesis en que la legislación permite la modificación de referencia; o si por el contrario, constituye una prohibición; y de ser así, determinar si esa prohibición resulta constitucional o convencional.

Lo anterior es así, pues si el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresamente señala que “La leyreglamentará la forma de asegurar este derecho”; y en esa misma línea, la Convención sobre los Derechos del Nilo, en su artículo 7, apartado 2, haciendo alusión al derecho al nombre indica que: “Los estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera ...”, entonces debe concluirse que son las leyes de cada Estado, las que deben regular el derecho al nombre, y por ende, determinar cuándo procede la modificación del mismo y cuándo no.

Se afirma lo anterior, porque si bien ya se determinó que el derecho al nombre admite la posibilidad de que el nombre de las personas pueda ser modificado, ello no implica que éstas puedan por sí y ante si, modificarlo a simple voluntad, aunque ésta resulte vana o caprichosa, pues por seguridad jurídica, para ello es preciso acudir ante la autoridad competente solicitando dicha modificación; y además, esa solicitud debe apoyarse en una causa que justifique el cambio que se pretende.

En efecto, aunque el principio de autonomía de la voluntad juega un papel importante en el derecho al nombre, no se debe perder de vista que este principio sólo opera en el elemento relativo al nombre propio o de pila, más no así, en lo que hace a los apellidos, pues éstos siempre están determinados por la ley, y en el caso del Estado mexicano, según lo dispuesto en el artículo 22, apartado A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deben encontrar correspondencia con el apellido de los padres[48]; por eso, el hecho de que el derecho al nombre admita la posibilidad de modificación, no quiere decir que dicha modificación pueda darse siempre y en todos los casos, pues de ser así, se echaría por tierra las funciones que el nombre desempeña, no sólo como signo de filiación y parentesco, sino también en el ámbito de identificación e individualización de las personas, lo que podría generar confusión e inseguridad en diversos aspectos familiares y sociales, con inevitable trascendencia al ámbito jurídico, de ahí que la posibilidad de modificar el nombre sí puede verse limitada.

En efecto, aunque el derecho al nombre admite la posibilidad de modificarlo, no se debe perder de vista que ningún derecho es absoluto; y que por ende, el derecho al nombre al igual que otros derechos admite restricciones, siempre que éstas no sean ilegales o arbitrarias.

Al respecto resulta orientadora la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.), de rubro y texto siguientes:

“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.”[49]

Con relación al contenido de esta jurisprudencia, al resolverse el amparo directo **********, en donde también se abordó lo relativo al derecho al nombre, esta Primera Sala precisó lo siguiente:

“66. Así pues, conforme al criterio antes citado, para que una restricción a un derecho humano sea constitucionalmente válida es necesario que la misma satisfaga los siguientes requisitos:

a) En primer lugar, la restricción reglamentada por el legislador debe ser admisible en la Constitución. El legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos en los casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como lo prescribe su artículo 1°. Por tanto, es claro que el legislador no tiene facultades para establecer limitaciones a derechos fundamentales que no deriven de la Norma Fundamental y sus facultades de producción normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a las mismas.

b) En segundo lugar, la medida legislativa debe ser necesaria para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional. Es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de ese fin, sino que de hecho esa medida debe ser la idónea para su realización. Por ende, el juez constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales. Las restricciones constitucionalmente previstas a los derechos humanos tienen un carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar mano de ellos sólo cuando sea estrictamente necesario.

c) Debe ser proporcional. La medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la Ley y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales.”

Del mismo modo se señaló:

“67. En sentido paralelo, se destaca que los instrumentos internacionales también permiten ciertas restricciones específicas respecto del ejercicio de los derechos humanos en ellos reconocidos[50], siempre que aquellas cumplan con los siguientes criterios: a) estar previstas en ley (legalidad), b) satisfacer un principio de necesidad, c) estar acordes con los fines establecidos en los instrumentos internacionales, d) ser razonables e) atender al principio de proporcionalidad y f) al principio de sociedad democrática.

a) Legalidad; Las restricciones a los derechos humanos deben estar previstas en la ley. La ley que prevea la posibilidad de limitar el ejercicio de un derecho debe ser una norma de interés general, que sea compatible con el respeto del principio de igualdad y no discriminación y no debe ser redactada en términos tan ambiguos que permitan la arbitrariedad.[51]

b) Necesidad; Los tratados internacionales hablan de restricciones necesarias en una “sociedad democrática.”[52] De acuerdo con los criterios establecidos por los órganos interamericanos y de las Naciones Unidas, que han retomado de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, se entiende que necesario implica la existencia de una necesidad social imperiosa. Es decir, que sin esa limitación no pueda logarse el mismo resultado, por lo cual, la medida debe ser considerada “estrictamente necesaria.”[53] En este sentido, la Corte Interamericana consideró que:

Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que necesarias, sin ser sinónimo de indispensables, implica la existencia de una necesidad social imperiosa y que para que una restricción sea necesaria no es suficiente demostrar que sea útil, razonable u oportuna. […] Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que la necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”.[54]

c) Fines legítimos; Este criterio se refiere a que las limitaciones deben responder a los propósitos establecidos en los tratados internacionales para que sean consideradas conforme a estos. Los fines contemplados en las normas internacionales que permiten restricciones dependerán del derecho que se encuentre en estudio, pues aquellos van desde la protección de la moral y el orden público hasta la salud, los derechos y reputación de terceras personas, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, estos mismos fines pueden ser conceptos indeterminados o ambiguos por lo que es indispensable realizar una interpretación integral estableciendo su conformidad con el objeto y fin de del tratado en su conjunto.[55]

d) Proporcionalidad; Además de que una limitación sea necesaria y persiga fines legítimos, debe ser la menos restrictiva respecto de los objetivos de protección de esos fines. Es decir, que las consecuencias de la medida no sean desproporcionadas en relación al fin, derecho o valor que se intenta preservar. El principio pro personae es clave para examinar la proporcionalidad de una medida restrictiva.[56]

e) Razonabilidad; El criterio de razonabilidad está vinculado a evitar la arbitrariedad en el establecimiento de medidas restrictivas a los derechos humanos. La restricción puede considerarse arbitraria cuando las causas y los métodos destinados a la restricción de un derecho, “aún calificados de legales, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad.”[57]

f) Sociedad democrática; Las medidas restrictivas deben tener también arreglo conforme a los principios de una sociedad democrática.”

Atendiendo a lo anterior, para conocer si el Código Civil para el Distrito Federal, contempla la posibilidad de modificar el nombre, y de ser así, cuáles son las hipótesis en que se permite esa modificación, se estima necesario, transcribir en su integridad el Capítulo XI, del Título Cuarto[58], del Libro Primero[59], del mencionado Código.

“CAPITULO XI

De la Rectificación, Modificación y Aclaración de las Actas del Registro Civil

ARTÍCULO 134.- La rectificación o modificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el Juez de lo Familiar y en virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento de un hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código.

ARTÍCULO 135.- Ha lugar a pedir la rectificación:

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;

II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona.

ARTÍCULO 135 Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.

Se entenderá por identidad de género la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino, es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original.

La reasignación para la concordancia sexo-genérica es el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia, mediante resolución judicial, una identidad jurídica de hombre o mujer, según corresponda.

Se entenderá por expresión de rol de género, el conjunto de manifestaciones relacionadas con la vestimenta, la expresión corporal o verbal y el comportamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad a la reasignación para la concordancia sexo-genérica no se modifican ni extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona.

ARTÍCULO 136.- Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil:

I.- Las personas de cuyo estado se trata;

II.- Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de alguno;

III.- Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores;

IV.- Los que según los artículos 348, 349 y 350, pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se trata.

ARTÍCULO 137.- El juicio de rectificación de acta se seguirá en la forma que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULO 138.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.

ARTÍCULO 138 Bis.- La aclaración de las actas del estado civil, procede cuando en el levantamiento del acta correspondiente, existan errores mecanográficos, ortográficos, o de otra índole, que no afecten los datos esenciales de aquellas, y deberán tramitarse ante la Dirección General del Registro Civil.

El Reglamento del Registro Civil, establecerá los supuestos, requisitos y procedimientos para realizar la aclaración de las actas del Estado Civil.

Las copias certificadas de constancias de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como los testimonios de instrumentos notariales en los que se hagan constar declaraciones respecto del nombre o nombres propios, apellido o apellidos omitidos o adicionados o referencias al estado civil, únicamente acreditarán tal situación sin que implique rectificación o modificación ni aclaración del acta de nacimiento o de defunción correspondiente.”

De lo anterior se advierte que las actas del registro civil, pueden modificarse a través de una rectificación o una aclaración.

No obstante, la rectificación de un acta no puede confundirse con una aclaración, pues esta última, sólo procede cuando en el levantamiento del acta correspondiente, existen errores mecanográficos, ortográficos, o de otra índole, que no afectan los datos esenciales de la misma, de ahí que su trámite sea de índole administrativo ante la Dirección General del Registro Civil; en cambio, la rectificación de una acta, no solamente puede afectar los datos esenciales que en ella se contienen, sino que incluso, puede afectar el acto mismo que a través de ella se inscribe en el Registro Civil[60].

Así, dependiendo de la afectación que se persigue, la rectificación de un acta puede darse de dos maneras que son por falsedad y por enmienda.

En efecto, la rectificación por falsedad persigue afectar el acto mismo, en tanto que ésta tiene como causa de pedir que el suceso registrado no pasó; en cambió la rectificación por enmienda, busca un cambio en los datos esenciales contenidos en el acta, capaz de variar el nombre u otro dato que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo o la identidad de la persona a que alude el acta.

De lo anterior, se desprende que el Código Civil para el Distrito Federal, sí permite modificar incluso de manera substancial, el nombre de las personas, pues admite la posibilidad de que éste sea modificado, aún y cuando esa modificación trascienda al estado civil, filiación, nacionalidad, sexo e identidad de la persona respecto de la cual se pide modificar el nombre; pese a ello, el capítulo relativo no establece en qué hipótesis es dable esa modificación, por lo que para deducirlo, es necesario acudir a los diversos preceptos del Código Civil, de los cuales es dable advertir que salvo el caso de reconocimiento de un hijo[61], la normatividad previamente reproducida, no establece otra hipótesis en que sea dable variar el nombre de las personas.

No obstante, eso no implica que el reconocimiento de un hijo, sea la única causa por la cual se pueda modificar el nombre de las personas, pues de un análisis sistemático al Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que el nombre de una persona también puede modificarse como consecuencia de las acciones que se emprenden con relación a la maternidad y paternidad de las personas[62].

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el nombre de las personas imprime seguridad a las relaciones que entablan las personas en su ámbito familiar y social, mismas que sin duda trascienden a lo jurídico, al servir como signo de filiación y parentesco y permitir la individualización de las personas, debe concluirse, que la intención del legislador del Distrito Federal, fue que el nombre sólo pueda variarse en los casos específicos antes señalados y no a simple voluntad, lo que es entendible, pues no se puede perder de vista que el nombre de las personas, aún cuando no exista disposición expresa al respecto, se rige por el principio relativo a la inmutabilidad, el cual si bien no es absoluto, sí constituye una regla de carácter general, lo cual implica que ante esa regla, las excepciones al mismo deben estar expresamente reconocidas por el legislador; y que por ende, fuera de las hipótesis que contemplan esas excepciones, para el legislador del Distrito Federal, la modificación del nombre está prohibida.

En lo conducente, esta afirmación encuentra apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “REGISTRO CIVIL. RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO. SÓLO PROCEDE EN LOS CASOS AUTORIZADOS POR LA LEY.”[63]

Atendiendo a lo anterior, debe concluirse que en el Distrito Federal, el nombre sólo puede cambiarse o modificarse en las hipótesis específicas antes referidas, pues de concluir lo contrario, ello implicaría que el nombre puede ser variado a voluntad sin que resulte relevante la causa, pasando por alto el principio de referencia y la seguridad jurídica que éste conlleva.

En ese orden de ideas, si en el caso a estudio las aquí recurrentes **********, solicitaron modificar su nombre en el elemento concreto relativo al apellido paterno, haciendo derivar su petición de dos causas, la primera como consecuencia de un cambio de filiación, la cual como se analizó en el considerando octavo de esta ejecutoria, ya fue descartada; y la segunda, con la finalidad de que adecuar su nombre a la realidad en que viven, en razón de que dicen, ante el abandono total de su progenitor **********, fue ********** (concubino de su madre), quien ante su familia y la sociedad, asumió ante ellas el rol de padre, atendiéndolas en sus necesidades alimenticias desde que tenían ocho y nueve años de edad, además de que les ha permitido usar su apellido.

Debe concluirse que si la adecuación del nombre a la realidad, no está prevista en el Código Civil para el Distrito Federal, como una causa o hipótesis en que sea dable modificar el nombre, entonces implícitamente está prohibida.

Ahora bien, esta prohibición o restricción, que como ya se dijo, resulta implícita, sólo puede encontrar sustento en el principio de inmutabilidad que rige al nombre de las personas, pues no se advierte que tenga sustento en alguna otra causa[64].

No obstante, a juicio de esta Primera Sala, el principio de inmutabilidad que rige el nombre de las personas, por sí solo, no puede considerarse lo suficientemente objetivo, razonable y proporcional, para negar la posibilidad de modificar el nombre, a fin de que éste se adecue a la realidad de la persona que solicita la modificación.

Se estima de esa manera, porque si bien la restricción de referencia, apoyada en el principio de inmutabilidad que rige el nombre de las personas, persigue un fin constitucionalmente válido, en la medida que persigue imprimir un toque de seguridad jurídica a las relaciones que entablan las personas tanto en su ámbito familiar como social, capaz de responder a intereses públicos y privados, pues en razón de las funciones que el nombre desempeña, pretende evitar que una simple modificación o cambio en el nombre, conlleve una alteración al estado civil o filiación de la persona que solicita la modificación, o que ese cambio, implique un actuar de mala fe que busque defraudar derechos terceros; lo cierto es que esa restricción, que como ya se dijo, es implícita, no es necesaria, racional ni proporcional, cuando lo que se persigue es adecuar el nombre a la realidad.

En efecto, se dice que dicha restricción no es necesaria, racional ni proporcional, cuando la solicitud en que se sustenta el cambio del nombre tiene como propósito que éste se adecue a la realidad, porque si bien la restricción de referencia tiene un fin constitucionalmente válido en la medida en que resulta útil para la seguridad jurídica, lo cierto es que el modificar un nombre a efecto de que éste se adecue a la realidad de la persona, no necesariamente conlleva una inseguridad.

Ciertamente, aún y cuando esa modificación implique variar completamente un apellido -como en el caso se pretende con el paterno-, ello por sí solo, no genera un estado de inseguridad jurídica, pues con independencia de que permanecen incólumes el resto de los datos que se contienen en el acta de nacimiento, tampoco puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se hubieren creado entre dos o más personas, no se modifican, ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se comprende el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que éstos continúen vigentes, con todos sus efectos, sin perjuicio de la modificación realizada en alguna de las referidas actas. Así lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte al resolver el Amparo Directo en Revisión 6/2008.

Así mismo, si se trata de ajustar el acta a la verdadera realidad social, tal motivación no puede entenderse como un actuar de mala fe, que contraríe la moral o busque defraudar; lejos de ello tal circunstancia constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que busca coherencia en el ámbito de la identificación personal.

Estas últimas consideraciones, encuentran correspondencia con lo establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión **********.

Aunado a lo anterior, esta restricción que impide cambiar el nombre de una persona a fin de que éste se adecue a su realidad, tampoco resulta compatible con otros derechos fundamentales del individuo, como son el derecho a la identidad, el derecho de protección de la familia y el derecho a la salud.

Se afirma lo anterior, en razón de lo siguiente:

Si el nombre además de servir como signo de filiación y parentesco, permite individualizar a las personas dentro del grupo social al que pertenecen, es evidente que la sola pronunciación del nombre de una persona, no sólo permite identificarla como miembro de un determinado grupo familiar y social, sino que además, permite que el grupo social al que pertenece, pueda evocar casi de manera instantánea cuáles son sus cualidades, atributos físicos, carácter o sensibilidad, recordando sus obras, hechos y acciones, pues es a través del nombre que se identifica su personalidad, lo que es lógico, pues el nombre es uno de los elementos que conforman su derecho a la identidad.

Ciertamente, si el derecho a la identidad, se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, un su propia conciencia y en la opinión de los demás, es evidente que el nombre necesariamente se relaciona con la manera en que la sociedad ve e individualiza a la persona, ya sea por sus atributos físicos, carácter o sensibilidad, defectos o virtudes, así como por sus méritos o deméritos en el actuar de sus propios hechos, obras o acciones; sin embargo, aun cuando sea de manera indirecta, el nombre, como signo de filiación y parentesco, también permite relacionar a la persona que lo porta, con los hechos, obras y acciones de los demás miembros del grupo familiar al que pertenece, al ubicarla como hija, hijo, nieta, nieto, prima, primo, tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, etcétera, del autor de esos hechos, obras o acciones.

Ello es así, porque si bien ya se mencionó, que el apellido de una persona no transmite por sí mismo una carga de prestigio o vergüenza, porque éstos son aspectos que las personas van construyendo con los méritos o deméritos que acompañan su propio actuar, lo cierto es que el apellido, si permite vincular a las personas con los integrantes de su grupo familiar; y por tanto, de manera indirecta, constituye un puente de unión con las obras, hechos y acciones de los integrantes del ese grupo.

Lo anterior implica que el nombre, no sólo se vincula con la forma en que la sociedad ve a las personas, sino también con la manera en que la persona piensa que la ven y quiere que la vean.

Se afirma lo anterior, porque como se mencionó, el derecho a la identidad, también se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, que tienen especial incidencia en el ámbito en que la persona se ve a sí misma y quiere proyectarse hacia los demás.

En esa medida, si la imagen que una persona tiene de sí misma, o piensa que tienen de ella, en buena medida está determinada por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de enorme trascendencia, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista jurídico, es evidente que si una persona tiene pleno conocimiento de sus orígenes biológicos, por tener la certeza de quiénes son sus progenitores, pero si debido al abandono de que fue objeto por parte de uno de ellos, no tiene relación con el grupo familiar al que por cuestión de orden biológico pertenece con relación a ese progenitor; y por ende, no se siente identificado con su progenitor ni quiere que socialmente se le relacione con él, sus obras, hechos o acciones, ni con el grupo familiar al que pertenece, en razón de que ese grupo familiar no encuentra concordancia con la familia a la que de hecho pertenece, por haber sido otra persona, la que sin tener una obligación legal, asumió las cargas y el rol de padre que debió desempeñar su progenitor, al grado tal que a fin de encontrar un sentimiento de pertenencia o vinculación con la persona que asumió el rol de padre y la familia de él, utiliza de manera constante el apellido de éste, es evidente que cuando ello acontece, el nombre de la persona no corresponde con su realidad, ni con la manera en que se ve a sí misma y quiere que los demás la vean.

Por tanto, cuando esa situación se presenta, se está en presencia de una causa que justifica solicitar la modificación del nombre, en tanto que dicha solicitud, no sólo tiene sustento en el derecho al nombre y la posibilidad de modificarlo, sino que además, se encuentra vinculada al derecho a la personalidad e identidad de la persona que hace esa solicitud, y por ende a su propia estima, salud psicológica y dignidad, además de que encuentra vinculación con el derecho constitucional de protección a la familia, pues al resolverse la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dejó establecido que la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, en razón de que se trata de un concepto social y dinámico que, como tal, debe ser protegida, sin importar la forma en que ésta se integre.

Ciertamente, si a pesar de que en los hechos se puede llegar a establecer que una persona a raíz de un acogimiento familiar, guarda el estado de hijo con otra que no es su progenitor, pero no puede demandar el reconocimiento de ese estado, ni el que asume el rol de padre puede reconocerla como hija, en tanto que la persona se encuentra debidamente registrada y reconocida como tal por su progenitor, dicha persona, al menos debe tener la posibilidad de poder solicitar la modificación de su nombre a efecto de que éste se adecue a su realidad; sin embargo, se debe tener presente que para la procedencia de esa modificación es necesario demostrar que realmente esa es la realidad de la persona que solicita esa modificación; y que por ende, aún y cuando no se trate de un cambio de filiación, aquel que asumió el rol de padre está conforme con que lleve su apellido, pues el adecuar el nombre de una persona a su realidad, lejos de atentar contra la seguridad jurídica que propugna el principio de inmutabilidad del nombre, es acorde con ella, en tanto que a través de esa acción se busca dar una definición a la individualización de la persona.

En esa tesitura, si lo anterior demuestra que la interpretación que sobre el derecho humano al nombre realizó el Cuarto Tribunal Colegiado en Matera Civil del Primer Circuito, es errónea, en tanto que no analizó debidamente la extensión del mismo, lo que procede es revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y proceda a emitir otra en la que partiendo de la base de que conforme a los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, sí es válido solicitar el cambio o la modificación del nombre, a efecto de que éste se ajuste a la realidad de la persona que lo solicita, con plenitud de jurisdicción, proceda a verificar si en el caso realmente se acredita la necesidad de modificar el nombre de las quejosas a efecto de ajustar su situación jurídica a su realidad social y, sólo en caso de ser así, conceda dicha modificación.

Al respecto es de suma importancia dejar en claro que, en caso de prosperar la modificación del nombre y ello implique la expedición de nuevas actas a las recurrentes, ello no se traduce en que su historia pasada se borre o desaparezca a partir de ese momento, por lo que todos aquellos actos que hubieren realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados efectos jurídicos, siguen produciéndolos y les son exigibles, de ahí que, necesariamente, la expedición de las nuevas actas deberán llevar la anotación marginal que dé cuenta de la modificación, pero únicamente en su acta primigenia más no en las copias que de ella se expidan.

Amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Juez Vigésimo noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,al no combatirse por vicios propios.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Para el efecto precisado en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********de apellidos **********, contra el acto que reclaman de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia de cinco de septiembre de dos mil doce, dictada en el Toca**********, así como su ejecución atribuida al Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Firman el Presidente de la Sala y Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

Y PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

SECRETARIO DE ACUERDOS

DE LA PRIMERA SALA

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES

**********En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.



[1] Cuaderno del juicio de amparo directo civil *********. Fojas 37 y 38.

[2] Ibid. Fojas 46 a 68.

[3] Ibid. Foja 84

[4]Toca 259/2013. Fojas 31 a 43.

[5]Ibídem. Fojas 47 a 49.

[6] Ibídem. Foja 51.

[7] Amparo Directo **********. Foja 69.

[8]Toca 259/2013. Foja 2

[9] El análisis de la procedencia es indispensable, pues aunque al resolverse el recurso de reclamación **********, esta Primera Sala ya determinó que el asunto sí contiene un tema de carácter constitucional, no se determinó si éste resulta de importancia y trascendencia.

[10] La estimación de A quo se extrae de la sentencia de segunda instancia reproducida en la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo **********.

[11] Las consideraciones de referencia se pueden apreciar de la foja 49 a la foja 51 del juicio de amparo directo **********.

[12] Se afirma que en los dos primeros conceptos de violación se argumentan cuestiones de mera legalidad, porque en ellos básicamente se argumentó lo siguiente:

  • Primer concepto de violación.

La autoridad responsable viola las garantías de fundamentación y motivación, por indebida aplicación del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al abstenerse de analizar todos los argumentos expuestos en vía de agravios a través de los cuales se acredita que la sentencia de primera instancia transgredió los principios de exhaustividad y congruencia al incorporar elementos que no fueron parte de la litis , además de que omitió el análisis de los elementos de la acción, limitándose a reiterar la sentencia de primera instancia.

Que en los agravios se expuso con claridad que lo pretendido con la acción principal no era transigir sobre la filiación de las quejosas, sino acreditar que se habían actualizado supuestos de hecho que permitían por una parte, privar de efectos al vínculo jurídico establecido entre el padre biológico de las quejosas; y por otra, reconocer y dotar de efectos el vínculo producido con la persona que les dio el trato de hijas, lo que implicaba la autorización para que ellas utilizaran el apellido de la persona que había procurado su educación y desarrollo y con el que en la realidad habían establecido un vínculo filial.

La responsable sintetiza de forma deficiente los agravios e incorpora argumentos novedosos a la litis, exponiendo como argumento para declararlos infundados, la afirmación de que sí existía un vinculo filial derivado de la consanguinidad que une a las quejosas con su padre biológico y al haber sido improcedente la acción de desconocimiento de paternidad, resultaba también improcedente la acción de reconocimiento de paternidad, absteniéndose de analizar los argumentos vertidos en los agravios y conforme a los cuales se habían expuesto los motivos que justificaban el dejar sin efecto el vínculo originado con las declaraciones vertidas en el acta de nacimiento y por otra parte que se reconocieran los que se habían vertido a lo largo de la vida de las quejosas, cuestiones cuyo análisis omitió la responsable.

  • Segundo concepto de violación.

La autoridad responsable viola las garantías de fundamentación y motivación, por indebida aplicación de los artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en relación con los artículos 338, 368, 369, 389 y demás relativas y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, al declarar infundados los agravios, pues al reiterar los argumentos vertidos en la sentencia de primera instancia, evidencia una deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, pues al falso que se hubiera intentado transacción, convenio o compromiso en árbitros respecto del vínculo que se deriva del acta de nacimiento, las consideraciones de la responsable no se ajustan a las circunstancias del caso, ya que la cuestión que se sujetó a la competencia del juzgador, versó sobre los efectos que debía concederse al hecho de que el padre biológico de las quejosas no hubiera establecido relación alguna con ellas, distinta a la manifestación que se habría hecho al momento de hacer la declaración que se hizo constar en el acta de nacimiento y que por ello no actualizaba de manea alguna el concepto previsto por el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal, para lo cual incluso fue llamado a juicio a efecto de que manifestara lo que en derecho considerara pertinente.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal, la filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, y representa el núcleo social primario de la familia, y en el caso, si bien es cierto que existe un vínculo consanguíneo derivado del reconocimiento que hizo el señor ********** en el acta de nacimiento, no existe relación alguna que actualice los supuestos normativos previstos por el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal, pues no existe ningún vínculo que autorice a considerar que existe una familia entre las partes.

Del precepto legal citado, se desprende que el concepto establecido por el legislador no se refiere de forma exclusiva al vínculo biológico o consanguíneo, sino propiamente a la relación jurídica de aquellas personas que teniendo una relación padre-hijo, forman el núcleo social de la familia, concepto que, reitera, no se refiere exclusivamente la relación biológica que expone la responsable y que se habría hecho constar en el acta de nacimiento, de modo que lo procedente era en todo caso que la responsable analizara si se habían presentado los supuestos de hecho necesarios para que se decretara la exclusión del vínculo que se había hecho constar en el acta de nacimiento.

Que también resulta deficiente en su fundamentación, al afirmar que el vínculo legal que se hace constar en el acta de nacimiento no puede ser excluido, pues dicha exclusión se presenta en casos tales como la adopción, la pérdida de patria potestad o en el reconocimiento de estado de hijo, supuesto que tampoco fue analizado por la responsable, pese a que la legislación vigente concede acción y derecho a las quejosas para el efecto de que se reconozca el vínculo establecido con la persona que fungió como su padre durante todo el transcurso de su vida y que por ello actualizó el supuesto normativo previsto por el artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal.

Que la consideración vertida por la responsable en el sentido de que la filiación surge de la prueba del entroncamiento legal y no del uso continuo o reiterado de los apellidos, también es infundada en atención a que se trata de una interpretación deficiente del artículo 338 del Código Civil para el Distrito Federal, de cuya lectura es posible desprender que la filiación no sólo se deriva de un vínculo biológico, ya que en los casos de adopción y de reconocimiento de paternidad, contrario a lo que afirma la responsable se deriva del uso continuado del nombre y apellido y del reconocimiento que socialmente y personalmente han tenido las partes.

Que durante el procedimiento de origen quedó acreditado que existió un vínculo legal derivado del reconocimiento que se hizo constar en las actas de nacimiento pero también que dicho vinculo fue interrumpido y sustituido por un vínculo distinto establecido con un demandado distinto con el cual se han generado vínculos familiares que han sido reconocidos por el legislador en términos de lo dispuesto por el artículo 343 del Código Civil para el Distrito Federal y que por ello deben serle atribuidos todos los efectos que en derecho le corresponden.

[13] Royo Martínez, Miguel. Derecho de Familia. Exposición elemental del Derecho Civil Español, Imprenta Suárez, Sevilla, 1949, p. 234.

[14] Díez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volumen IV. 4ª edición, Tecnos, Madrid, 1988, p. 236.

[15] Díez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volumen IV. 4ª edición, Tecnos, Madrid, 1988, pp. 236 a 237.

[16] Royo Martínez, Miguel. Derecho de Familia. Exposición elemental del Derecho Civil Español, Imprenta Suárez, Sevilla, 1949, página 234.

[17] Royo Martínez, Miguel. Derecho de Familia. Exposición elemental del Derecho Civil Español, Imprenta Suárez, Sevilla, 1949, página 235.

[18] En la exposición de motivos mencionada se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

“… Siendo la idea eje de la reforma, como lo afirma la exposición de motivos, la de perfeccionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como supremo interprete de la Constitución y asignar a los Tribunales Colegiados el control total de la legalidad en el país.

Estas fueron las reformas que habilitaron y fueron el antecedente directo para la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación efectuado en la reforma de diciembre de 1994, de donde resultó la organización competencial y estructural actual de los órganos que lo integran. Esta última reforma no es, entonces, una modificación aislada, sino una más en una línea continua y sistemática de modificaciones con las mismas ideas fundamentales que se fueron gestando desde la década de los cuarentas en nuestro país y que le ha permitido una constante evolución y perfeccionamiento de la estructura y función de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación.

La reforma que aquí se presenta a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se inscribe en esta lógica, la de fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de nuestra Constitución que pueda concentrarse en la resolución de los asuntos de importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y del estado mexicano en su conjunto.

Lo anterior claramente debe pasar por el fortalecimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito y el reconocimiento de sus integrantes como conformadores de los criterios de interpretación de legalidad. Este fortalecimiento debe ser, además, consistente con las anteriores reformas y con las ideas que las sustentan para lograr una consolidación adecuada del sistema en su totalidad y no como soluciones parciales y aisladas que no son consistentes con la evolución del sistema judicial mexicano.”

[19] Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Tesis, página 315, es del tenor siguiente:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente.

[20] “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

[21] Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia(s) Constitucional, Común, página 886, cuyo texto y precedente son los siguientes:

“DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO. Los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano se vuelven parte del ordenamiento jurídico interno, de modo que amplían el catálogo de aquéllos, lo que fue uno de los objetivos de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y el 10 de junio de 2011. Así, en la primera reforma se amplió expresamente la procedencia del juicio de amparo a aquellos casos en los cuales se hubiesen violado derechos previstos en los tratados internacionales, con independencia de que estén reconocidos o no en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que en la segunda, se reconoció categóricamente que en México todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Ahora bien, en atención a que el juicio de amparo es un mecanismo jurisdiccional creado para proteger los derechos humanos de las personas, los temas propiamente constitucionales -en el supuesto de interpretación directa de preceptos constitucionales- planteados en los juicios de amparo directo y, especialmente, en los recursos de revisión promovidos contra las ejecutorias que resultan de ellos, se referirán a la interpretación de derechos fundamentales. Por lo anterior, sería imposible impugnar en un recurso de revisión la falta o indebida interpretación de un derecho humano reconocido en los tratados internacionales si dicha interpretación no se considera como un tema propiamente constitucional, lo cual resultaría contrario al funcionamiento del amparo directo y del recurso de revisión, así como del propio texto constitucional, pues aun cuando el principio rector del recurso de revisión prevé un campo de acción limitado para su procedencia contra las sentencias de amparo directo, la Constitución Federal se reformó para incluir expresamente a los derechos reconocidos en los tratados internacionales como parte del catálogo de derechos que gozan de protección constitucional, lo cual se armonizó con la reforma en materia de amparo que reconoció la procedencia del juicio para reparar las posibles violaciones cometidas a dichos derechos. En ese sentido, si bien dicha ampliación de los derechos tutelados vía juicio de amparo no se incluyó expresamente en el artículo 107, fracción IX, constitucional, ello no puede interpretarse aisladamente del resto de los principios constitucionales, especialmente de aquéllos recién modificados. Consecuentemente, el recurso de revisión en amparo directo procede para conocer de la interpretación que los tribunales colegiados de circuito hagan de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, independientemente de su reconocimiento en la Constitución, por ser un tema propiamente constitucional.

Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.”

[22] Toca 259/2013. Foja 41.

[23] “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

[24] Se afirma que la negativa relacionada con el cambio de filiación no se encuentra controvertida, porque la lectura de los agravios formulados permite advertir que en ellos no se destruye la afirmación del Tribunal Colegiado, en el sentido de que las alegaciones de las quejosas no desvirtúan las consideraciones de la autoridad responsable; además, los agravios sólo se encuentran dirigidos a combatir la negativa relacionada con el cambio de apellido, bajo el argumento de que el derecho al nombre también abarca la posibilidad de modificarlo a efecto de que se ajuste a la realidad, y que en el caso de las quejosas, la realidad es que el vínculo filial (entiéndase relación “padre”-hija), se encuentra establecida con la persona a quien ellas consideran como su padre, por haber sido quien se encargó de satisfacer todas sus necesidades. Es decir todos los agravios se centran en combatir la negativa de modificar el nombre, concretamente el apellido paterno, más no en la negativa de cambiar la filiación como tal.

[25] “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

[26] Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, Editorial Porrúa, página 2196.

[27] De acuerdo con el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las leyes de algunos países contienen diversas prohibiciones en cuanto a la designación del nombre propio, razón por la que no pueden inscribirse como nombres propios: Los que no fueran del santoral católico, nombres extravagantes o subversivos, apellidos o seudónimos como nombres, el de un hermano vivo, no más de dos nombres o de uno compuesto, de pronunciación u ortografía confusa por exóticos, los que conduzcan a error en el sexo, de próceres de la independencia o de la revolución, nombres extranjeros o indígenas, nombres que signifiquen tendencias ideológicas o políticas, contrarios a las buenas costumbres, al orden público, obscenos, ofensivos, grotescos o ridículos. Entre esos países se encuentran Francia, España, Italia y Argentina.

[28] El artículo 3.38 del Código Civil para el Estado de México dispone:

“Causas de rectificación o modificación de actas.

Artículo 3.38. Ha lugar a pedir la rectificación o modificación:

I Cuando el suceso registrado no aconteció.

II Para modificar o cambiar el nombre propio, si una persona demuestra que ha usado invariablemente otro diverso en su vida social y jurídica; si el nombre registrado expone a la persona al ridículo; y en caso homonimia del nombre y apellidos si le causa perjuicio moral o económico;

II Para corregir algún dato esencial.”

[29] En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, Editorial Porrúa, página 2196, se indica que los datos obtenidos de la historia de los pueblos antiguos, parecen indicar que el nombre de las personas era único e individual, de modo que el nombre no se transmitía a los descendientes; y que el nombre compuesto por varios vocablos con significado diverso surge en la historia del pueblo romano, en donde debido a la organización familiar gentilicia, fue necesario crear una designación familiar que identificara a los miembros componentes de cada gens, surgiendo así el nombre común (gentilicio) para todos los miembros de la misma familia, precedido por el nombre propio (prenomen) y al que se le añadía en ocasiones un tercer nombre (cognomen).

Lo anterior concuerda básicamente con lo señalado por Rafael Rojina Villegas, en su obra titulada Derecho Civil Mexicano, Tomo I, Introducción y Personas, Séptima Edición, México 1996, Editorial Porrúa, página 503, al hacer referencia al que sobre el origen del nombre y la organización de este atributo de la persona en la costumbre del pueblo romano, pues con relación al tema indica lo siguiente:

“El nombre en los pueblos primitivos, era único e individual: cada persona sólo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por mucho tiempo, en algunos pueblos, principalmente en los griegos y hebreros. En cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizado, pero que no es conveniente explicar aquí por ser demasiado complicado (véase HENRI MICHEL, Le Droit de cité romaine; Marouardt Mommsen, Manuel des antiquités reomaines, t. XIV, p. 9-33). Sus elementos eran el nomen o gentilitium llevado por todos los miembros de la familia (gens) y el praenomen, o nombre propio de cada individuo. Como los nombres masculinos eran poco numerosos, fue necesario añadir al nombre un tercer elemento, el cognomen, mucho más variado en su elección. Este tenía la doble venta e evitar toda confusión y de indicar, por el solo enunciado del nombre, la filiación del individuo. Como los nombres femeninos no eran limitados en número, el nombre de la mujer ordinariamente sólo se componía de dos elementos: le faltaba el cognomen. Personal al principio, el cognomen pasa a ser hereditario, sirviendo para distinguir las ramas de una misma gens. Por lo demás el triple nombre de los hombres sólo se usaba por la nobleza y por las primeras familias munícipes. Las personas de humilde condición tenían un hombre único, o compuesto de dos elementos cuando más.”

[30] PLINER. Adolfo. “El nombre de las personas. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho comparado” 2ª edición actualizada, Buenos Aires Argentina 1989, Editorial Astrea. Foja 43.

[31] El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en algunas ocasiones el nombre, derivado de la costumbre y no de la ley, puede tener una tercera función, en tanto que sirve para identificar el estado civil de las mujeres casadas, quienes a su nombre añaden el primer apellido del marido, precedido de la preposición “de”; sin embargo, toda vez que para la resolución del asunto sometido a la potestad de esta Primera Sala, esta función no resulta trascedente, no se estima necesario abundar sobre ella, de ahí que esta ejecutoria sólo se centrar en las dos primeras funciones.

[32] Código Civil para el Distrito Federal.

“ARTÍCULO 395.- La adopción produce los efectos jurídicos siguientes:

I. Constitución plena e irrevocable entre adoptado y adoptante de todos los derechos y obligaciones inherentes entre padre e hijos consanguíneos;

II. Constitución del parentesco consanguíneo en los términos del artículo 293 de este Código;

III. Obligación de proporcionar al adoptado un nombre y apellidos de los adoptantes, salvo que por circunstancias específicas y a juicio del Juez se estime inconveniente; y

IV. Extinción de la filiación entre el adoptado y sus progenitores y el parentesco con la familia de éstos, salvo los impedimentos de matrimonio. En el supuesto de que el adoptante esté casado o tenga una relación de concubinato con alguno de los progenitores del adoptado, no se extinguirán los derechos, obligaciones y demás consecuencias jurídicas que resulten de la filiación consanguínea.”

“ARTÍCULO 396.- Los hijos adoptivos y los consanguíneos, así como los hijos adoptivos entre sí, serán considerados en todo momento hermanos entre sí.”

[33] Existen diversos códigos que de manera expresa permiten el uso de las técnicas de reproducción asistida. Entre ellos destaca el Código Civil para el Estado de Coahuila, que establece todo un capítulo relativo a ese tema.

En efecto dicho Código dispone lo siguiente:

“DE LA FILIACIÓN RESULTANTE DE LA FECUNDACIÓN HUMANA ASISTIDA

ARTÍCULO 482. Se entiende por asistencia médica para la procreación las prácticas clínicas y biológicas que permiten la concepción in vitro, la transferencia de embriones y la inseminación artificial, así como toda técnica de efecto equivalente que permita la procreación fuera del proceso natural.

ARTÍCULO 483. Sólo podrán ser destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, quienes se encuentren unidos en matrimonio o concubinato, y que después de cinco años, por razones biológicas, no hayan podido engendrar o concebir, sin que sean estériles o infértiles.

En caso de esterilidad o infertilidad, médicamente diagnosticada, se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación heteróloga.

Se entiende por fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos cónyuges o concubinos y por fecundación heteróloga aquella en que por lo menos uno de los gametos es donado por un tercero.

ARTÍCULO 484. A los destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida, la Secretaría de Salud del Estado deberá entregarles una guía que contenga especialmente:

I. Las disposiciones legales sobre procreación asistida.

II. Descripción de las técnicas.

III. Las disposiciones legales relativas a la adopción y las instituciones de asistencia autorizadas para promoverla.

ARTÍCULO 485. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Salud del Estado deberá informar a los cónyuges o concubinos:

I. Las posibilidades que la ley ofrece en materia de adopción.

II. Las posibilidades de éxito o fracaso de las técnicas de la asistencia médica para la procreación.

III. Que solo se permite la fecundación de un ovocito que deberá ser implantado.

IV. Que una vez fecundado el ovocito deberá ser implantado a la solicitante.

V. Que está prohibido todo diagnóstico preimplantatorio.

ARTÍCULO 486. Previo al inicio del tratamiento, los cónyuges deberán dar su consentimiento en escritura pública otorgada ante notario y justificar con certificación de tres médicos especialistas en la materia, de los cuales uno lo será de la Secretaría de Salud del Estado, la necesidad de someterse a ese tratamiento. Igualmente deberán justificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 483 y 484.

Quien haya dado su consentimiento para un tratamiento de asistencia médica para la procreación no podrá impugnar la filiación, a no ser que la pretensión se base en que el hijo no nació como consecuencia del tratamiento o que el consentimiento fue privado de efecto.

El concubino que prestó su consentimiento para un tratamiento de asistencia médica para la procreación esta obligado a reconocer la paternidad del hijo resultante de dicho tratamiento.

ARTÍCULO 487. El consentimiento a que se refiere el artículo anterior, quedará revocado de pleno derecho con la muerte de quien lo otorgó, si antes no se hubiere producido la fecundación.

ARTÍCULO 488. Si el matrimonio se disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá ser inseminada con material genético de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en forma extracorpórea, deberá ser implantado a la viuda, divorciada o a la mujer cuyo matrimonio se anuló.

Si el hijo nace dentro de los trescientos días de disuelto el matrimonio, o de que el óvulo fue implantado, quedará atribuida la paternidad a quien era el marido de la madre.

ARTÍCULO 489. Todo pacto o convención que verse sobre la procreación o gestación realizado en nombre de otra persona es inexistente.

ARTÍCULO 490. La identificación de una persona por medio de sus improntas genéticas, está permitida cuando tenga por objeto establecer o rechazar un lazo filiatorio.

También está permitido a la persona la investigación de su origen biológico, pero tratándose de fecundación asistida heteróloga no se establecerá ningún lazo filiatorio entre el hijo y el donante de los gametos.

ARTÍCULO 491. El contrato de maternidad subrogada es inexistente y por lo mismo no producirá efecto legal alguno.

Si un óvulo fecundado fuese implantado en una mujer de quien no proviniera el material genético, la maternidad se atribuirá a ésta y no a quien lo aportó.”

Aunque el Código Civil para el Distrito Federal, no contiene una regulación específica sobre las técnicas de reproducción asistida, no las desconoce pues en sus artículos 293, 326 y 329 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 293. El parentesco por consanguineidad es el vínculo entre personas que descienden de un tronco común.

También se da parentesco por consanguineidad, entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre el hombre donante y el hijo producto de la reproducción asistida.

En el caso de la adopción, se equipara al parentesco por consanguineidad, aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.”

“ARTÍCULO 326.- El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos alegando adulterio de la madre aunque ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que no tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros ciento veinte días de los trescientos anteriores al nacimiento.

Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos.”

“ARTICULO 329.- Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse, de conformidad con lo previsto en este Código, en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación; pero esta acción no prosperará, si el cónyuge consintió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a su cónyuge.”

[34] La mayoría de las veces por problemas de infertilidad, sin embargo, ello no necesariamente es así.

[35] Los métodos de reproducción asistida son el conjunto de técnicas y de tratamientos médicos o quirúrgicos destinados a conseguir un embarazo en los casos en que por vías naturales no es posible debido a problemas de infertilidad, y dichas técnicas son principalmente: La inseminación artificial. Consiste en colocar el semen fresco o congelado en el útero de la mujer, sin contacto sexual y puede ser homologa o heterologa. Recibe el nombre de “artificial” porque esta conexión entre ovulo y espermatozoide no se hace en forma natural, pero la posterior fecundación y gestación continúan su proceso bajo las leyes de la naturaleza. Es homologa porque se toma el esperma del propio marido para hacerlo llegar al ovulo de la esposa, introduciendo el semen en el útero materno. Es heterologa cuando se practica con semen de un donador. Se puede utilizar semen fresco o congelado; aunque se prefiere el último, por los controles sanitarios para prevenir enfermedades como el sida. La inseminación debe ser en el momento más favorable del ciclo menstrual, es decir el más cercano a la ovulación, con una jeringa de plástico, se deposita una pequeña cantidad de esperma en el fondo de la vagina, cerca del cuello del útero, algunas veces en el mismo útero. La fecundación in vitro. Tiene un procedimiento distinto, ya que ocurre en probeta. Al igual que la inseminación puede ser homologa y heterologa, según se trata del ovulo de la cónyuge o de una mujer extraña, de semen del marido o de un donante. La fertilización in vitro y el cultivo de embriones son técnicas que permiten crear una trompa de Falopio artificial en la cual puede ocurrir la fertilización y continuar la segmentación hasta el momento en que el embrión es transferido al útero. Es decir en la fecundación in vitro se suple a la trompa en sus funciones de recoger el óvulo, servir de receptáculo a la fecundación y transportar al huevo a la cavidad uterina.

GUZMAN AVALOS, Aníbal. “La filiación en los albores del siglo XXI”. México. Editorial Porrúa 2005. Pág. 189.

[36] La información relativa a las técnicas de reproducción asistida fue obtenida de las siguientes fuentes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida

http://www.nascentis.com/tecnicas_reproduccion_asistida

http://www.monografias.com/trabajos18/tecnicas-fecundacion/tecnicas-fecundacion.shtml

http://www.eugin.es/tratamientos

GUZMAN DAVALOS, Aníbal. “La filiación en los albores del siglo XXI”. México. Editorial Porrúa, 2005. p.189 y siguientes.

ALES URÍA ACEVEDO. María de las Mercedes. “El Derecho a la identidad en la filiación”. España. Tirant lo Blanch. 2012. Pag.149 y siguientes.

[37] Al respecto es importante destacar que esta Suprema Corte no se ha pronunciado al respecto, pero entre las legislaciones mencionadas destaca el Código Civil para el Estado de Tabasco. Ver arts. 31 y 92.

[38] Código Civil para el Distrito Federal.

“ARTÍCULO 293. El parentesco por consanguineidad es el vínculo entre personas que descienden de un tronco común.

También se da parentesco por consanguineidad, entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre el hombre donante y el hijo producto de la reproducción asistida.

En el caso de la adopción, se equipara al parentesco por consanguineidad, aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.”

[39] Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Temas Selectos de Derecho Familiar”. Volumen 4 “Paternidad”, primera edición, México mayo de 2011, Impresos Vacha, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 9.

[40] Los derechos y obligaciones que se derivan de la filiación, no pueden hacer distinción por el origen de ésta, pues con independencia de que el artículo 1° constitucional en su último párrafo prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra dignidad humana, existen declaraciones e instrumentos internacionales que atendiendo al derecho a la igualdad de las personas, prohíben dicha discriminación. Entre esas declaraciones e instrumentos se encuentran los siguientes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Artículo 25

[…]

2 La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

“Artículo 10

Los Estados Partes reconocen que:

[…]

3 Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. …”

[41] Verbigracia las técnicas dactiloscópicas.

[42] Ob. cit. Pág. 55

[43] PLINER, Adolfo. Ob. Cit. Pág. 56.

[44] Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Civil, página 7, cuyo texto es:

“DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.”

[45]“Del derecho a la identidad.

Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el registro civil.

[…]”

[46] GALINDO GARFÍAS, Ignacio. “Derecho Civil”. Editorial Porrúa. México. 2000, pág. 427.

Código Civil para el Distrito Federal.

“Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas al Registro Civil; ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán prueba plena sobre la información que contengan.”

[47] Esta conclusión también fue alcanzada al resolver el amparo directo 2424/2011, pues al respecto esta Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que de una interpretación sistemática y atendiendo al principio pro personae, era dable concluir que el derecho al nombre contenido en el artículo 29 de la Constitución Federal, es un derecho humano con el siguiente contenido y alcance:

  • El nombre es el conjunto designos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad.
  • Está integrado por el nombre propio y los apellidos.
  • Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial.
  • Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.
  • Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción.”

[48] Aquí resulta conveniente recordar que el término progenitor y padre, no siempre deben concordar, pues progenitor en un término que sirve para identificar un aspecto biológico y padre uno de orden jurídico.

[49] Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 533.

[50] La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 30 sobre el alcance de las restricciones: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.”

[51] Cfr. Corte IDH, Corte, Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Resolución de 9 de mayo de 1986. Serie A Nº 6, § 24.

[52] Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 21, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 30.

[53] Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22, “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión”, § 8.

[54] Cfr. IDH Opinión Consultiva OC-5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Resolución del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, § 46..

[55] Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Resolución del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 6, § 18.

[56]Cfr. Corte IDH, Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, § 79.

[57] Cfr. Corte IDH, caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, § 47.

[58] Del Registro Civil.

[59] De las personas.

[60] Esto se corrobora con el contenido del artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 24. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, perjudican aun a los que no litigaron.”

[61]“Artículo 389.- El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho:

I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca.

[…].”

[62] Entre esas acciones destacan el desconocimiento de la paternidad, la contradicción del reconocimiento, el reconocimiento de estado y la investigación de maternidad (ver artículos 368, 370, 374, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 387 y 388 del Código Civil para el Distrito Federal).

[63] Tesis aislada, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 169-174, Cuarta Parte, Materia Civil, página 164, cuyo texto es:

“REGISTRO CIVIL. RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO. SOLO PROCEDE EN LOS CASOS AUTORIZADOS POR LA LEY. De acuerdo con el artículo 135 del Código Civil del Distrito Federal, puede pedirse la rectificación de acta, por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó, o bien, por enmienda, cuando se solicita variar algún nombre u otra circunstancia sea esencial o accidental. Ahora bien, la procedencia de la acción de rectificación del acta de nacimiento, solamente se da en los supuestos establecidos por la ley y cuando existe además la necesidad de ajustar el acta a la realidad jurídica y social de la persona, lo que sucede por ejemplo, cuando se utiliza otro nombre diferente al asentado en el acta, pero no procede en supuestos como el del caso en que una persona afirma que ha utilizado indistintamente el nombre con que fue registrado y otro diferente, porque no obedece a un ajuste del documento a la realidad jurídica y social del demandante, sino que se pretende justificar una dualidad de nombres en diferentes actividades, lo que daría lugar a confusión para todos aquellos que tuviesen tratos jurídicos con esa persona, lo que evidentemente no está autorizado por la ley.”

[64] Se afirma que no se advierte que tenga sustento en alguna otra causa, pues en la exposición de motivos que dio origen al actual texto del artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal, sólo se indica lo siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación del Registro Civil del Distrito Federal se encuentra contenida principalmente en el Código Civil para el Distrito Federal. Las reglas de funcionamiento en la materia, basadas en el Código Napoleónico de 1804 se han mantenido inalteradas. Por ello, algunas normas ya no responden a la realidad jurídica y social de este tiempo.

En tales circunstancias, se hace necesario reformar el Código Civil para el Distrito Federal, con el objeto de modernizar y simplificar el marco normativo del Registro Civil, atendiendo a las siguientes premisas:

1. Seguridad jurídica en la inscripción y prueba de los diversos hechos y actos registrales de las personas y acceso pronto y expedito a las constancias que los prueban.

2. Eliminación de requisitos innecesarios y que no sean acordes con la dinámica actual, pero con garantía de certeza jurídica.

3. Incorporación de los avances tecnológicos en la operación del Registro Civil y en la celebración y prueba de los actos registrales.

Con base en estos principios, se hico un análisis jurídico, para modernizar y simplificar el funcionamiento del Registro Civil, acorde con las transformaciones técnicas y sociales actuales.

Entre las propuestas más relevantes que contiene esta iniciativa se encuentran las siguientes:

Se propone adicionar el artículo 35 del Código Civil, para incorporar la facultad de los Jueces del Registro Civil, de hacer las anotaciones a que se refieren artículos como el 291 del propio Código, respecto de la sentencia de divorcio y los artículos 166, fracción III de la Ley de Notariado para el Distrito Federal en relación con el 369, fracción III, inciso b) del citado Código, que incorpora la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales ante notario.

Existe obligación legal de realizar las inscripciones de las actas en las Formas del Registro Civil mecanográficamente y por triplicado, sin embargo, los avances informáticos y tecnológicos permiten ya la existencia de bases de datos en las que se encuentren capturados los datos registrales. Por ello, se propone reformar los artículos 36 y 41 para que la inscripción se realice sólo por duplicado y que el Registro Civil resguarde a través de los medios que el avance tecnológico ofrezca, la información contenida en las actas asentadas en las Formas del Registro Civil.

Por otra parte, emitir certificados que contengan datos parciales o extractos, es posible, gracias a los resguardos en bases de datos. En otras legislaciones como la chilena en el ámbito internacional y la del Estado de Coahuila en el ámbito nacional ya se regulan. En tal virtud, se propone adicionar y reformar los artículos 39 y 48 del Código para introducir este tipo de certificaciones con valor probatorio pleno.

En el artículo 48 se introduce la posibilidad de que los testimonios de los actos del Registro Civil, también puedan ser autenticados a través de firma electrónica. Las certificaciones auténticas mediante firma electrónica, tendrán el mismo valor jurídico y probatorio que las suscritas en forma autógrafa.

En otro orden de ideas, los testigos como medio de prueba para acreditar la identidad de las personas y la realización de diversos hechos, ha perdido su razón de ser. Hoy existen otros medios más idóneos de la identificación de las personas y constancias legales para acreditar la existencia de hechos materia del Registro Civil, como el certificado de nacimiento o defunción expedido por un médico.

Por ello, se proponen reformas a distintos artículos con el fin de eliminar la obligatoriedad de presentar testigos para el levantamiento de actas del registro civil, dejándolos sólo en algunos casos excepcionales en que sean verdaderamente necesarios por no existir otro medio fehaciente de acreditación de un hecho, como en el caso del registro de nacimiento cuando por causas de fuerza mayor no haya certificado de nacimiento o constancia de parto con que acreditar las circunstancias del alumbramiento, se aceptaría la presentación de dos testigos para su acreditamiento.

El Ministerio Público con base en el artículo 53 del código vigente lleva a cabo inspecciones mensuales al Registro Civil en relación con los actos que realiza. Se propone eliminar esta facultad, ya que actualmente existen instancias y procedimientos administrativos idóneos y específicos para realizar dichas inspecciones y sancionar las faltas u omisiones administrativas de los jueces y demás servidores públicos de la institución, tales como la Contraloría General del Distrito Federal y el área de supervisión a juzgados de la Dirección General del Registro Civil. Ello, sin perjuicio de las facultades legales del Ministerio Público para proteger los derechos e intereses de los menores, incapaces, ausentes, ancianos y otros de carácter individual o social y para perseguir delitos.

Asimismo, se introduce el certificado de nacimiento emitido por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, como documento básico para el levantamiento del registro de nacimiento. Se estima conveniente establecer su obligatoriedad, en virtud de que constituye un documento importante para la seguridad jurídica del recién nacido y de sus padres.

Se propone derogar el Artículo 57 del Código en virtud de que su contenido resulta anacrónico, por no existir ya poblaciones en el Distrito Federal, sin Juez del Registro Civil.

Asimismo, se considera necesario reformar los artículos 78, 80 y 82 del Código para que en caso de que se haga el reconocimiento de su hijo después de registrado, pueda levantarse una nueva acta de nacimiento, previa anotación correspondiente en el acta original, la cual quedaría reservada, siguiendo los principios básicos que operan para la adopción y con el objeto de evitar situaciones discriminatorias.

En el artículo 85 se propone eliminar la parte que remite a la pena señaladas en el artículo 81, que no contiene pena ni sanción alguna, por lo que tal remisión carece de sentido. Por el contrario, se propone agregar lo que dispone la última parte de dicho artículo, acerca de que el reconocimiento sea válido sólo si se hizo conforme a las disposiciones del Código Civil aplicables.

La iniciativa prevé la modificación de los artículos 89, 90 y 91 en concordancia con lo dispuesto por los artículos 35, 131 y 132 del propio Código Civil, para eliminar las actas de tutela, porque en la práctica solamente se realiza la inscripción en el acta de nacimiento o matrimonio respectiva.

En el artículo 97 se propone suprimir la expresión: ''si éstos fueren conocidos'' relativa a los padres de los pretendientes de matrimonio, ya que está en desuso y es inoperante. También se propone eliminar el párrafo que establece que si alguno -de los contrayentes- no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, mayor de edad y vecina del lugar'', ya que en el supuesto de que una persona que pretenda casarse no pueda o no sepa escribir, será válida la impresión de su huella digital.

Respecto del artículo 98 se estima necesario derogar la fracción IV que prevé como requisito para contraer matrimonio, el acompañar a la solicitud respectiva un certificado suscrito por médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen una enfermedad crónica e incurable, que sea además, contagiosa o hereditaria, ya que en la práctica los exámenes médicos que suelen realizarse como prematrimoniales en el Distrito Federal, no son idóneos para detectar o determinar la existencia de una gran mayoría de enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias más comunes en la actualidad, por lo que ya no sirven para el propósito para el que fueron previstos por el legislador original del Código Civil. Por otro lado, la mayoría de las enfermedades que pueden detectarse a través de ellos, como la tuberculosis o la sífilis ya no son incurables y por ende ya no representan el peligro para la salud pública que tenían en el pasado. Aunado a la existencia de médicos y laboratorios que expiden dichos certificados con ligereza y sin siquiera haber realizado los exámenes.

Finalmente, si bien es cierto que el artículo 390 de la Ley General de Salud, prevé que dichos certificados deberán ser requeridos por las autoridades del Registro Civil, también establece que las disposiciones generales aplicables podrán establecer excepciones. Por lo que el Código Civil del Distrito Federal, en su calidad de norma general que contiene el régimen jurídico del Registro Civil y del matrimonio, puede establecer la excepción para su presentación en el Distrito Federal.

Al respecto, la iniciativa prevé sustituir la presentación del certificado médico por una declaración bajo protesta de decir verdad en la que los pretendientes manifiesten si tienen alguna enfermedad crónica o incurable, que sea, además, contagiosa o hereditaria. Dicha declaración sería incluida en el artículo 97 como parte del escrito de solicitud de matrimonio.

También se propone la reforma a los artículos 114 y 116 del Código, relativo a las actas de divorcio, para suprimir el levantamiento de actas de divorcio judicial y sólo hacer la anotación respectiva en el acta de matrimonio de que se trate.

Se propone reformar el artículo 117 para que se corresponda con el artículo 338 de la Ley General de Salud que dispone que los cadáveres deberán inhumarse o incinerarse entre las doce y cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte salvo autorización específica de la autoridad competente o por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial.

También se propone modificar los artículos 135 y 138 bis para precisar los supuestos en que proceden las rectificaciones y las aclaraciones de actas del Registro Civil con el fin de otorgar a los habitantes del Distrito Federal certeza jurídica, agilidad en el trámite y ahorro de tiempo y dinero.

Finalmente, se propone reformar el artículo 180, para hacerlo congruente con el artículo 166, fracción III, inciso b), de la Ley de Notariado del Distrito Federal, respecto de la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 46, fracción III y 67, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, someto a la consideración, y en su caso aprobación de esa H. Asamblea Legislativa la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

[…]”

Como se advierte, la razón de ser de esa reforma únicamente fue el tratar de evitar confusiones en cuanto a la acción que debía intentarse, pues antes de su actual redacción establecía lo siguiente:

“ARTÍCULO 135.- Ha lugar a pedir la rectificación:

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;

II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental.”

elsen01 :

como usted puede ver, no es posible el cambio por las razones que usted alude

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