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Categoría: Propiedad inmobiliaria
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Una finca compuesta por planta baja y un sótano con comunicación

Pregunta del cliente

Una finca compuesta por planta baja y un sótano con comunicación independiente a dos propietarios a diferente altura.

Uno de los propietarios escritura la finca completa a su nombre , indicando que se hallan comunicadas interiormente entre si cuando no es cierto.

Un notario da fe de que estas fincas no estan comunicadas interiormente.

se puede anular la escritura en base a la inexistencia de la conexion interior?

Gracias-
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Propiedad inmobiliaria
Experto:  eduardolm escribió hace 5 año.


Buenas tardes,

Las escrituras públicas admiten prueba en contrario. Es decir, la realidad que describe un documento público puedes ser contradicha por la oportuna prueba. La escritura pública se puede anular, pues no constituye ya prueba plena o "iuris et de iure", aunque sí es una presunción "iuris tantum".

Por lo tanto, a través de la oportuna prueban podría interesarse la anulación de dicha escritura, por la inexactitud de lo que la misma describe.

Por lo tanto, si a usted le interesara, presentando la oportuna prueba podría anularse ese negocio jurídico por inexactitud del objeto de escritura.

POR FAVOR, NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA Y ASIMISMO PODRÁ SOLICITARME MÁS ACLARACIONES SI DESEA. Saludos cordiales.


eduardolm, Licenciatura
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Experto:  jaiter escribió hace 5 año.

Hola, usted si intenta la anulación de la inscripción en el registro de la propiedad en base a si la finca tiene una comunicación interior o no, se está centrando en algo puramente anecdótico, y solo es en realidad un error de descripción.

 

Lo verdaderamente importante es que usted cuenta que la finca es de dos personas y una de ellas la ha inscrito a su nombre en el registro sin contar con la otra. Esto es lo importante.

 

Y para hacer valer sus derechos tiene dos acciones legales, que son:

- la reinvidicatoria de dominio,

- ó la declarativa de dominio.

 

La primera, la reivindicatoria, es aquella por la cual el propietario ejercita su derecho de posesión, solicitando respecto de un tercero el reconocimiento de su propiedad y, por ende, la restitución de la cosa a aquél, mientras que la acción meramente declarativa tiene como fin obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa, acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga, sin que sea necesaria que esta parte sea poseedor del bien de cuya propiedad se pide su declaración.

 

Son acciones de quienes se ven privados de una propiedad, o de quienes se les niega su derecho, y pueden ejercitar estas acciones para recuperarla o para dejar de ser molestados en ese derecho.

 

La doctrina exige los siguientes requisitos para el ejercicio de estas acciones ante los juzgados:

 

a) justificación de un título dominical que no es preciso que consista en la presentación de un título escrito que demuestre por sí solo que el accionante ostente el dominio, pues basta que lo demuestre por lo demás medios de prueba que la Ley admite (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1972, 23 de enero de 1989 y 18 de julio de 1989), incumbiendo la prueba del título de dominio al reivindicante o peticionario de la acción de mera declaración con las particularidades previstas en la Ley Hipotecaria, en el caso de que algún litigante estuviere amparado por la presunción de exactitud registral prevista en el artículo 348 de la Ley Hipotecaria;

 

b) identificación del objeto de la acción en el doble concepto de su descripción en la demanda como de su comprobación material, de modo que no puede dudarse de su exactitud, fijando con precisión su situación, cabida y linderos, dependiendo de ello el éxito de la acción reivindicatoria o de la declarativa, pues es necesaria la perfecta identificación de la cosa objeto de las mismas sin que se susciten dudas raciones sobre cual sea, identificación que exige un juicio comparativo entre la finca real contemplada y la que consta en los títulos,

 

c) el hecho de la desposesión por el demandado (Sts. del T.S. de 9 de diciembre de 1980, 11 de junio de 1981, 3 de julio de 1981, 4 de diciembre de 1984 y 18 de julio de 1989), negativa del alegado derecho o de cualquier otro acto que haga precisa la defensa que con la acción se pretende, sin que en la acción meramente declarativa sea menester que el demandado sea poseedor, siendo suficiente que controvierta el derecho de propiedad

 

 

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