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Dra. Graciela
Dra. Graciela, Abogada
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 188
Experiencia:  Recibida en la Universidad de Lomas de Zamora. 1994. Argentina
59051633
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Dra. Graciela está en línea ahora

Necesito un modelo de demanda de repeticiòn de ingresos

Pregunta del cliente

necesito un modelo de demanda de repeticiòn de ingresos brutos para presentar ante arba, por retenciones de sircreb, incorrectas
Asistente: Entiendo.¿Podría darme más información? Por ejemplo, ¿Qué ha intentando hasta ahora para solucionarlo?
Cliente: enviar por mail la solicitud de restituciòn quedo a la espera
Enviada: hace 4 meses.
Categoría: Ley de Argentina
Cliente: escribió hace 4 meses.
Estimados me urge la respuesta, pues tengo que presentarlo, mañana por la mañana
Cliente: escribió hace 4 meses.
Publicado por JustAnswer mediante solicitud del cliente) Hola, me gustaría solicitarle la Llamada telefónica.
Cliente: escribió hace 4 meses.
Dígame si necesita más información o envíeme la oferta de Servicio Adicional para así poder continuar.
Experto:  lordjames83 escribió hace 4 meses.

Estimado, a la brevedad estaré con ud.

Es ud. abogado?

Cliente: escribió hace 4 meses.
No, soy contadora publica
Experto:  lordjames83 escribió hace 4 meses.

Estimada, le pido disculpas por las demoras.

Le pido que por favor me amplíe un poco el caso (qué fue lo que sucedió, más allá de lo obvio), y a la brevedad le facilitaré el modelo.

Experto:  Dra. Graciela escribió hace 3 meses.

Estimada, buenas tardes, ante su urgencia, le envío un modelo, al que Ud. ajustará su caso y retenciones SIRCREB incorrectas en lo particular, espero sea de su utilidad.

Espero su respuesta y valoración positiva.

Saludos cordiales

SUMARIO:

ACTOR: RAMA MARÍA

DEMANDADO: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

MATERIA: Amparo.

MONTO: Indeterminado.

DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA: Copia autenticada del ejemplar Nro. 26.034

del Boletín Oficial (parte pertinente). Copia de los instructivos sobre las metodologías utilizadas para calcular los anticipos mensuales (4).

PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO.

Sr. JUEZ:

MARIA RAMA, D.N.I. 99.9999.999, abogado, Tomo XX Folio 99 del CALP, por mi propio derecho, monotributista (CUIT: 99-99999999-9), constituyendo domicilio procesal en Calle Xxxxxxxxxxxx Nº 999 de Xxxxxxxx, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- OBJETO:

Que en legal tiempo y forma, vengo por el presente a promover formal demanda de amparo contra la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley provincial 13.928 y el art. 20 inc. 2 de la Constitución Provincial, ante la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución Normativa Nº 111/2008, dictada por dicha agencia con fecha 28 de noviembre de 2008, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 9 de diciembre de 2008 (B.O. N 26.034), por cuanto introduce modificaciones relativas al sistema de liquidación y pago de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a partir del 1 de noviembre de 2008.

En general, es jurisprudencia reiterada que aún frente a la no consumación de los recursos ordinarios, si la decisión, en el área pertinente, pudiera ser tardía y productora de daños irreparables, queda abierta la acción de amparo (CNCiv, Sala C, 5.11.87, in re: "Alvarez Rosalía v. Municipalidad de Buenos Aires", LL, 1989-A-297; etc.). En el mismo sentido se ha dicho: "La exclusión de esta vía porque existan otros medios, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección del derecho más que una ordenación o resguardo de la competencia" (Fallos 299:350; 305:307, 307.444; Cám. Nacional Admin. Fed. Sala I, 20/12/88).

Calificada doctrina sostiene que luego de la reforma de 1994 la vía aquí escogida ha dejado de ser excepcional y de interpretación restrictiva, dado que "...juega como alternativa principal y no subsidiaria" (MORELLO, Augusto; Diario JA, 28/12/94, en igual sentido Rivas, LL, 1994-1330; Palacios, LL, 1995-D-1242; Carattini, LL, 1995-A-874; Quiroga Lavie, LL, 1996-E-1057, etc).

Asimismo, mediante el presente se solicita el dictado de una medida cautelar, tendiente a suspender la aplicación de la normativa impugnada, por cuanto

dispone la liquidación administrativa de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y en consecuencia, se mantenga la vigencia de las Disposiciones Normativas Serie "B" Nº 17/2006 y 78/2006, como medio cumplimiento de las obligaciones impositivas, a través del sistema de confección, presentación y pago mediante declaraciones juradas realizadas por los contribuyentes.

Por último, se solicita expresamente que se tenga por debidamente introducida la cuestión federal desarrollada en el punto VIII, y se pondere y resuelva la misma, de acuerdo a la doctrina legal de la CSJN.

II.- LEGITIMACIÓN:

II. A.- Legitimación Activa:

Que de acuerdo a las liquidaciones administrativas correspondientes a los anticipos del

impuesto sobre los ingresos brutos, que se acompañan al presente, este profesional resulta

ser contribuyente directo del mentado tributo, estando comprendido en las previsiones de la

R.N. 111/2008, régimen que se reputa de ilegal y arbitrario, y que al regular las relaciones tributarias entre la Agencia de Recaudación de la provincia, y este contribuyente, causa un perjuicio de insusceptible reparación ulterior.

Por lo tanto, y siendo este letrado parte de la relación jurídica sustancial que origina el presente conflicto, solicito sea reconocida la legitimación activa para promover la esta acción de amparo.

II. B.- Legitimación Pasiva:

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires reviste la calidad de sujeto

legitimado pasivo de la presente pretensión, en tanto es el organismo que ha dictado -en

uso de sus atribuciones- la Resolución Normativa N 111/2008, cuya anulación se persigue

en este proceso.

Para mayor abundamiento, vale recordar que la ARBA, fue creada por la ley 13.766

(publicada el 17/12/2007, B.O. 25.802), como entidad autárquica de derecho público (art.

1). Asimismo, el art. 4 de la citada ley, dispone que es atribución de la Agencia:

"a) Dictar normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las materias

que las leyes la autorizan a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración."

De acuerdo a lo expuesto, la presente acción se dirige a la anulación de un reglamento de

carácter general, dictado por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES, lo que la erige en sujeto legitimado pasivo del proceso.

III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN.

En el caso, se encuentran cumplidos los requisitos de admisibilidad de la acción de

amparo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 20 de la Constitución Provincial y la Ley

13.928.

III. A. Acto arbitrario:

Nos encontramos ante una acto -en el caso, el acto administrativo de alcance general R.N.

111/2008, y las respectivas liquidaciones administrativas de los anticipos- arbitrario e

inconstitucional del Estado Provincial que configura una ilegítima requisición de fondos

bajo el ropaje de un anticipo tributario, afectando de ese modo el derecho constitucional de

propiedad y de reserva de ley en materia tributaria, en mi calidad de abogado contribuyente

del impuesto sobre los ingresos brutos (art. 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional).

III.B.- Autoridad pública fundamentalmente responsable:

El acto impugnado proviene de una entidad autárquica dependiente, en última instancia, del

Estado provincial, tal lo que se detalló en el punto II.B desarrollado supra.

III. C.- Lesión a garantías y derechos constitucionales:

El accionar demostrado por la ARBA, en el dictado y aplicación de la R.N. 111/08, se

encuentra en pugna con numerosos principios constitucionales, los que, en honor a la

brevedad, se desarrollan in extenso en el cuerpo del presente, y en particular, en el punto

VIII infra.

III. D.- Competencia para entender en el caso:

La nueva formulación del amparo plasmada por la reforma constitucional de 1994

despeja toda duda al respecto, ya que señala enfáticamente que "El amparo procederá

ante cualquier juez" (art. 20 inc. 2, idem, art. 3 ley 13.928), fórmula que no ha cobijado

ninguna exclusión, lo que conlleva a una interpretación de la voluntad del constituyente en

la dirección propuesta en el presente acápite. También ha sido la solución de la Corte en los

casos "Vázquez", Ac. 73.808; "D'Biassi", causa B-59.181, y "Riusech", causa B 59.168.

La Corte Suprema de Justicia Nacional también sostiene dicha doctrina a partir del nuevo

art. 43 de la C.N. (ver "Empresa Distribuidora del Sur S.A.", CSJN, 22/05/1997). En

sentido concordante se expresa la totalidad de la doctrina (Morello-Vallefín, en El Amparo.

Régimen Procesal, Ed. Platense; Bidart Campos, Germán, en Régimen Legal del Amparo;

Sagües, Néstor P., en Ley de Amparo).

III. E.- Omisión no jurisdiccional:

El accionar remiso, continuo, permanente, que causa agravio y lesión a las garantías

constitucionales de esta partes resulta una típica acción positiva del Estado, por lo que la

acción de amparo resulta procedente en el sentido expresado por el articulo 20 inc. 2 de la

Constitución Provincial.

III. F.- Plazo para interponer la acción:

Atento a lo normado por el art. 6 in fine de la ley 13.928, la presente acción se deduce

dentro del plazo legal de 30 días, a partir de la toma de conocimiento de la liquidación

administrativa del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos, cuya copia se adjunta al

presente.

III. G.- Improcedencia de remedios ordinarios:

Tratándose de una cuestión de violación de derechos y garantías constitucionales

que afectan a este letrado en su calidad de contribuyente, y ante la cual, no existe un

procedimiento reglado de reclamación contra las liquidaciones emitidas por el Fisco, la

acción o remedio adjetivo procedente lo constituye la acción de amparo. Ello es así por

la necesidad de contar con un remedio rápido, ágil y eficiente en la restauración de las

garantías conculcadas, la magnitud y naturaleza de la lesión inferida.

VI.- ANTECEDENTES:

Como se lo adelantó, la ARBA, en ejercicio de sus atribuciones, procedió al dictado de

la R.N. Nº 111/2008, por la cual introdujo profundas modificaciones en el régimen de

liquidación e ingreso de los anticipos correspondientes al impuesto sobre los ingresos

brutos (sistema denominado comúnmente como Arbanet). En el presente punto, se

desarrollará sucintamente una relación de los hechos que llevaron al dictado de la citada

norma -cuya anulación se persigue-, y a la actual situación del régimen instaurado.

Vale recordar que con la entrada en vigencia de la ley 13.850 (de reforma tributaria), se

modificó el art. 182 del Código Fiscal, ratificándose legalmente que el impuesto sobre los

ingresos brutos reviste el carácter de anual -en cuanto a su periodicidad-, y que se ingresará

mediante anticipos mensuales liquidados por la Autoridad de Aplicación.

Asimismo, se dejó establecida la salvedad respecto de que la Autoridad de Aplicación

podrá disponer, de manera general, o para determinado grupo o categoría de contribuyentes

o responsables, la liquidación del impuesto e ingreso de los anticipos sobre la base de

declaraciones juradas.

En el mismo sentido, fue reformado el art. 183 del mismo cuerpo legal, estableciéndose

que:

"Los anticipos a que se refiere el Artículo anterior, se liquidarán -excepto contribuyentes

del Convenio Multilateral- de acuerdo con las normas que dicte al efecto la Autoridad

de Aplicación, debiendo ingresarse el anticipo dentro del mes calendario siguiente al

vencimiento de aquellos. Asimismo, dicha Autoridad establecerá la forma y plazos de

inscripción de los contribuyentes y demás responsables.

Juntamente con el pago del último anticipo del año, deberá presentarse una declaración

jurada en la que se determinará el impuesto del período fiscal anual e incluirá el resumen de

la totalidad de las operaciones del período..."

En cumplimiento de dicha prerrogativa, es que la ARBA dicta la normativa impugnada,

estableciendo un sistema de liquidación administrativa de los anticipos del gravamen, como

así también una "pre-liquidación" del impuesto definitivo de carácter anual.

Es así que la ARBA dispuso que todos aquellos contribuyentes directos del impuesto sobre

los Ingresos Brutos, que en el año calendario inmediato anterior, no hubieran superado

el tope de ingresos brutos operativos por $ 450.000, deberán ingresar los anticipos del

gravamen, de acuerdo a la liquidación que confeccionará la Administración con una

periodicidad mensual. Esto, se contrapone con el anterior sistema, en donde el propio sujeto

pasivo realizaba su declaración jurada, exteriorizando la materia imponible, e ingresando

el anticipo de forma bimestral -siempre y cuando el contribuyente no sobrepasara un tope

de ingresos que fijaba la Administración, en cuyo caso la obligación adquiría el carácter de

mensual-.

Resulta primordial destacar que de acuerdo al régimen anterior, los diversos aspectos

del hecho imponible, principalmente, la base de cálculo, eran exteriorizados por el

contribuyente, que es quien tiene a disposición la contabilidad y demás comprobantes que

permiten efectuar la liquidación de manera correcta y adecuada. Ahora, al ser el anticipo

liquidado por el Fisco, se ha cambiado la metodología de cálculo, toda vez que el tributo se

determina de acuerdo a los datos que posee la Administración. Así, el art. 5 de la R.N. 111/

2008, establece que:

"A los efectos de la liquidación de los anticipos mensuales del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos que deberán ingresar los contribuyentes de conformidad a la presente, la Agencia

de Recaudación tomará en consideración la información vinculada al contribuyente,

las declaraciones juradas presentadas, la información proporcionada por los agentes de

recaudación y demás datos obtenidos a través de otros organismos públicos o privados" (el

resaltado me pertenece).

Vale destacar, que este sistema de pagos de anticipos a cuenta del impuesto definitivo,

sigue coexistiendo con los numerosos regímenes de recaudación, que también constituyen

pagos a cuenta de la obligación tributaria. La propia normativa establece que la Autoridad

de Aplicación considerará las retenciones, percepciones y demás pagos a cuenta sufridos

(art. 6). Pero, por otro lado, le prohíbe a los contribuyentes que estén alcanzados por el

sistema ARBANet, solicitar la exclusión de los regímenes de recaudación, aún cuando por

las excesivas recaudaciones sufridas (art. 17), se le generen constantes saldos a favor, los

que solo podrá recuperar, promoviendo el respectivo juicio de repetición (art. 15), una vez

que sea presentada la declaración jurada anual del período en cuestión.

En resumen, se ha pasado de un sistema en donde el propio sujeto pasivo exterioriza en

que medida se ha producido el hecho imponible, que corresponde al anticipo del período

de que se trate, hacia un sistema en donde el gravamen es liquidado completamente por la

Administración, con datos que se desconocen y son de imposible contralor, no teniendo el

contribuyente otra opción que aceptar y pagar la liquidación propuesta, so pena de iniciarse

contra él un juicio de apremio (conf. 1er. párr. del art. 50 del Cód. Fiscal, reformado por la

ley 13.850).

VII.- FUNDAMENTOS:

A continuación, se expondrán las distintas circunstancias fácticas y jurídicas, como así

también de detallarán los puntos de impugnación y de ilegalidad que se atribuye a la

normativa atacada, solicitando en consecuencia, que dichos fundamentos sean acogidos por

V.S., y se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Normativa Nº

111/2008 dictada por la ARBA.

VII. A.- Liquidación de los anticipos sobre base presunta. Violación de la Ley de

Coparticipación Federal:

Como se lo adelantó supra, el nuevo sistema de liquidación de anticipos a instancias de la

Administración, se basa en un sistema de cálculo sobre base presunta. Así, textualmente

dispone el art. 5 de la R.N. 111/2008 que:

"(...) la Agencia de Recaudación tomará en consideración la información vinculada al

contribuyente, las declaraciones juradas presentadas, la información proporcionada por los

agentes de recaudación y demás datos obtenidos a través de otros organismos públicos o

privados".

Esto se traduce en un anticipo liquidado en base a indicios, presunciones, índices,

estimaciones, etc., de la posible actividad del contribuyente en un período de tiempo -que,

como se verá más adelante, ni siquiera coincide con la del anticipo a liquidarse-, que se

traduce en un conocimiento -como mínimo- indirecto, de la materia imponible.

En materia de determinación de las obligaciones fiscales, el método de la base presunta

sigue aún siendo una vía subsidiaria, rigiendo el principio de que se debe determinar los

extremos de la obligación tributaria de acuerdo a una base cierta, por conocimiento directo

de la materia imponible. Pero amén de este principio receptado por nuestro Código Fiscal -

que se desarrollará posteriormente-, el acudir a presunciones y estimaciones indirectas para

la liquidación del anticipo se encuentra en pugna, de manera clara y directa, con la Ley Nº

23.548 (de coparticipación federal de recursos fiscales), que dispone que los mismos deben

ser sobre base cierta.

No es posible afirmar a ciencia cierta -al menos por esta parte-, cual es la metodología

que utiliza ARBANet para calcular los anticipos, dada la falta total de previsión normativa

de tales métodos. En cambio, ARBA, a través de distintos canales, ha ido filtrando cierta

información sobre los medios utilizados.

Así, de accederse al sitio web de la institución, podrá observarse en la sección de

"PREGUNTAS FRECUENTES", una enumeración genérica de las fuentes de información

utilizadas para calcular el anticipo. Bajo el rótulo "¿Cómo se calcula ArbaNet?" se ofrece la

siguiente respuesta:

"Para el cálculo de los anticipos ArbaNet, se toman en consideración varios parámetros

que indican la existencia de actividad e ingresos. Entre ellos se consideran:

Declaraciones
Juradas del Impuesto al valor Agregado • Información de percepciones informadas por

los Agentes de Percepción • Información de retenciones informadas por los Agentes

de Retención • Información de acreditaciones bancarias informadas en el Régimen de

Retención sobre Acreditaciones Bancarias • Información de ventas con tarjeta de crédito o

débito, informadas en el Régimen de Información de Tarjetas de Compra. • Índice de ajuste

por crecimiento de precios y actividad, construido a partir de índices de precios y actividad

oficiales. • Remuneraciones pagadas • Aportes Jubilatorios • Declaraciones en Ganancias

Índice verde Objetos Asociados Los anticipos liquidados por la Administración tienen
en cuenta las fluctuaciones que está atravesando la economía en estos momentos, como

así también las actividades estacionales y de intermediación. Por último las retenciones

y percepciones efectuadas e informadas por los agentes de recaudación son deducidas

en el cálculo de los anticipos. En el formulario 450 B -solo para el mes de noviembre

2008- se muestro el monto acumulado por tales conceptos durante todo el año." (http://

www.arba.gov.ar/Informacion/Preguntas Frecuentes/FAQs.asp?sector=ARBN, consultado

el 14/05/2009).

Asimismo, se ha puesto a disposición un detalle pormenorizado de los índices y métodos

en el mismo sitio web, en donde se explican las metodologías basadas en Acreditaciones

Bancarias, Regímenes de Percepción, Regímenes de Retención y Régimen de Información

de Tarjetas de Compra (http://www.arba.gov.ar/NoticiasHome/MasInfo_Noticias.asp?

idNoticia=204), todo lo que se acompaña al presente como prueba, y donde de su lectura se

podrá fácilmente concluir el carácter presuntivo de tales formas de liquidación.

Observará V.S., que la liquidación se efectúa sobre base presunta.

VII. A. 1.- Sobre la base presunta:

El art. 37 del Cód. Fiscal, dispone que cuando el contribuyente o responsable no hubiere

presentado declaración jurada o la misma resultare inexacta, por falsedad o error en los

datos o errónea aplicación de las normas fiscales, o en el caso de liquidación administrativa

-tal lo que acontece con Arbanet), la Autoridad de Aplicación determinará de oficio la

obligación fiscal, sobre base cierta o presunta.

A continuación, el art. 38 del mismo código, establece la procedencia de la determinación

sobre base cierta, al prescribir que la misma se practicará cuando el contribuyente o los

responsables suministren a la Autoridad de Aplicación todos los elementos comprobatorios

de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles.

Por su parte, el art. 39 del mismo cuerpo, sienta los principios para aplicar la base presunta,

al establecer la misma se efectuará considerando todos los hechos y circunstancias que, por

su vinculación o conexión con las normas fiscales, se conceptúen como hecho imponible

y permitan inducir en el caso particular la procedencia y el monto del gravamen. El

mismo artículo se encarga de aclarar que la determinación de oficio sobre base presunta

se efectuará también cuando de hechos conocidos se presuma que hubiera habido hechos

imponibles y su posible magnitud, por los cuales se hubiere omitido el pago de los

impuestos.

Sigo en el próximo mensaje

Experto:  Dra. Graciela escribió hace 3 meses.

Continúa:

también el principio de seguridad jurídica, valor al que la Corte Suprema de Justicia

Nacional ha reconocido jerarquía constitucional (cfr. Fallos: 220:5; 243:465; 251:78;

253:47; 254:62; 316:3231; 317:218, entre otros).

Ello implica -también- prescindir de la "...necesidad de que el Estado prescriba claramente

los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus

conductas respectivas en materia tributaria" (C.S.J.N. Fallos: 253:332; 315:820; 316:1115,

más recientemente en autos "DGI en autos BBVA TF-19.323-I", de fecha 02/12/08, Fallos:

331:2649), vulnerando claramente la seguridad jurídica.

VIII. 3.- Razonabilidad:

El acto impugnado, en tanto permite a la Agencia de Recaudación liquidar una carga

tributaria (denominada "anticipo") con absoluta prescindencia de las normas legales y

constitucionales aplicables, resulta -además- manifiestamente arbitrario e irrazonable,

vulnerando los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional.

Así, el reglamento atacado, no sólo fue emitido incumpliendo el principio de reserva de ley

o legalidad, lo cual afecta el debido proceso adjetivo o formal (como se expuso en el Punto...

Sigo en el próximo mensaje

Experto:  Dra. Graciela escribió hace 3 meses.

o material, o en otros términos, por carecer de razonabilidad.

En efecto, el principio de razonabilidad importa, dentro de nuestro constitucional, la

exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad, en el ejercicio de las prerrogativas

de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar

jurídico, que obliga a dar a la ley -y a los actos estatales de ella derivados inmediata o

mediatamente- un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser

obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que ella prohíbe, siempre que

el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, y sea válido (conf. BIDART CAMPOS,

Germán; Derecho Constitucional, Tomo II, Editorial Ediar, págs. 118-119)

Es dable advertir, sin dificultades, que el reglamento dictado viola el mencionado principio,

toda vez que permite a la ARBA exigir una obligación tributaria en forma arbitraria, sin

sujeción al bloque de legalidad, dejando a su sola voluntad el establecimiento de la deuda

que le corresponde abonar a cada contribuyente. De ello se deduce, la manifiesta iniquidad

de la norma impugnada.

En tal sentido, solicito la aplicación de la doctrina judicial del Máximo Tribunal Nacional,

que desde antiguo ha establecido que

"las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables,

o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuen a los fines cuya realización procuren,

o cuando consagren una manifiesta iniquidad" (C.S.J.N., Fallos: 98:20; 147:462; 150:89;

160:247; 171:348; 199:433; 200:450; 247:121; 249:252; 250:418; 253:478; 256:341;

263:460; 288:325 y finalmente, 299:428 del 28/12/77).

Lo expuesto, causa cuestión federal suficiente para acudir -vía recurso extraordinario- a la

Corte Nacional.

VIII. 4.- Jerarquía normativa y supremacía constitucional:

Como se lo expuso, la Resolución Normativa Nº 111/2008, resulta repugnante, directa o

indirectamente, a numerosos principios y normas de la constitución nacional, provincial,

ley de coparticipación federal y Código Fiscal -los que han sido detallados a lo largo del

presente-, motivo por el cual impugnamos dicho reglamento por violar expresamente el

artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece la jerarquía normativa y supremacía

constitucional.

"Nuestra constitución en sus arts. 4, 17 y 67 consagra la máxima de que solo el Congreso

impone las contribuciones nacionales, y estas disposiciones, en virtud de lo sintéticamente

expuesto, han de ser entendidas como bases inmutables igualmente para los gobiernos

de provincia con referencia a las propias legislaturas, ya que los Estados particulares

deben conformar sus instituciones a los principios de la Constitución nacional, expresa

o virtualmente contenidos en ella (arts. 5, 31 y 108)" (CSJN; Fallos 155:290, 184:542,

186:521 entre otros)

En tal sentido, debido a que nuestra Carta Magna es rígida, cualquier intento de las normas

inferiores -en el presente caso locales- de modificar dicho cuerpo normativo, al no

seguir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 30 de la C.N., es

jurídicamente insostenible y debe fulminarse con su nulidad.

En efecto, las cuestiones constitucionales suscitadas y expresadas en este escrito, deben

ser resueltas en todos los procedimientos judiciales y en todas las instancias, debido a que

de lo contrario, se omitiría aplicar la Constitución Nacional, vulnerando claramente la

supremacía constitucional.

Por lo expuesto, en caso de no proceder al tratamiento de los planteos de

inconstitucionalidad alegados, dejo expresamente introducida la cuestión federal para

acceder por recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia Nacional, por violación

de los artículos 30 y 31 de la Constitución Nacional.

VIII. 5.- Derecho de propiedad:

El Reglamento que se impugna, también viola el artículo 17 de la Constitución Nacional.

En efecto, la CSJN ha sostenido que:

"El término 'propiedad', cuando se emplea en los arts. 14 y 17 CN. o en otras disposiciones

de ese estatuto comprende, como lo ha dicho esta Corte, 'todos los intereses apreciables que

un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad'. Todo derecho

que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de

derecho privados sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados

o públicos), a condición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que

intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional

de 'propiedad'" (CSJN, en autos "Bourdieu, Pedro E. v. Municipalidad de la Capital

Federal", de fecha 16/02/1925, Fallos: 145:307).

Partiendo de tal concepto, la reglamentación dictada por la Agencia de Recaudación de

la Provincia de Buenos Aires, al pretender establecer una carga tributaria basada en su

sola voluntad, vulnera dicho principio. En tal sentido se ha pronunciado la Corte Nacional

frente a actos similares del Poder Ejecutivo (y organismos autárquicos), donde tuvo la

oportunidad de expresar:

"Que según surge de los artículos 4 y 67, inciso 2º, de la Constitución Nacional [actual

75 inciso 2º] y la doctrina de esta Corte que tiene establecido que el cobro de una

contribución sin ley que la autorice, vulnera la garantía de la propiedad del art. 17 de

la Ley Suprema (doctrina de Fallos: 155:290; 174:225; 180:3894; 186:521; 195:539;

206:21 y sus citas), sólo por ley del Congreso de la Nación se podría haber creado un

gravamen que incidiera en el contrato celebrado entre el usuario y la empresa prestataria

del servicio de transporte afectando la salida de los accionantes al exterior del país",

agregando que "...en orden al punto cuadra añadir que este principio de reserva de la ley

tributaria, de rango constitucional y propio del Estado de Derecho, únicamente admite

que una norma jurídica con la naturaleza de ley formal tipifique el hecho que se considera

imponible y que constituirá la posterior causa de la obligación tributaria, por más que se

motive la resolución adoptada en genéricas 'pautas de políticas fijadas por las autoridades

económicas' (fs. 16) y la existencia 'de un estado de calamidad económica interna' (y fs.

54 del expte. E-98), debido a que dicho sistema supone un Estado cuyas potestades son

limitadas y se hallan sujetas en ese deslinde de competencias fijadas en la Constitución,

predispuesto para garantizar una estabilidad calculable entre gobernantes y gobernados

(Fallos: 248:291)" (CSJN, en autos "Alberto Francisco Jaime Ventura y otra v. Banco

Central de la República Argentina", de fecha 26/02/76, Fallos: 294:152)

En consecuencia, la violación de este derecho fundamental por el obrar ilegítimo del Fisco

provincial, habilita el planteo de esta cuestión federal para ocurrir oportunamente -de ser

necesario- mediante el remedio extraordinario federal.

VIII. 6.- Principio de igualdad:

En el presente caso, y tal como se expuso, la discriminación efectuada por parte del sistema

ARBANet, en cuanto exceptúa del mismo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos

brutos mayores a $ 450.000 en el período anterior o estén comprendidos en las previsiones

del Convenio Multilateral, importa una clara desigualdad y una discriminación irrazonable,

y como tal, viola lisa y llanamente el artículo 16 de la Constitución Nacional; 1º de la

Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano; 2º de la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre; Preámbulo, 1º y 7º de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos; 24º de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos,

considerandos del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Por lo expuesto, el tratamiento distinto de las partes en idéntica situación, produce una

violación de la constante y uniforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional,

quien ha sostenido desde antaño que la garantía de la igualdad ante la ley ha de traducirse

en la paridad de trato para quienes se encuentran en idénticas condiciones, y en que no se

establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en

iguales circunstancias (Fallos 138:813; 16:118; 74:133).

En tal sentido sostuvo dicho tribunal desde hace mucho tiempo que:

"El texto de tal disposición, inspirada por la conciencia democrática de sus autores,

que abominaban toda primacía ilegítima, que no admite prerrogativas de sangre ni de

nacimiento, que suprime los títulos de nobleza y los fueros personales, para declarar

enseguida, que todos los habitantes son iguales ante la ley, demuestra con toda evidencia

cuál es el alto propósito que la domina: el derecho de todos a que no se establezcan

excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales

circunstancias (Fallos: 16:118, 101:401)" (Corte Suprema de Justicia Nacional, en autos

"Eugenio Díaz Velez c. Provincia de Buenos Aires", de fecha 20/06/1928, Fallos 151:359)

Observamos que en el presente caso, la infundada discriminación entre aquellos sujetos

que quedan comprendidos en el sistema ARBANet por poseer ingresos brutos operativos

menores a $ 450.000 anuales, y aquellos que lo superan, no encuentra parámetro de

distinción razonable. Lo mismo sucede cuando se compara con contribuyentes excluidos

por estar adheridos a las normas del Convenio Multilateral, aún cuando ambos tengan

ingresos menores a los referidos. Estas distinciones no encuentra sustento ni justificación

razonable alguna, lo cual permite concluir que se trata de una burda discriminación, basada

en un parámetro totalmente arbitrario, situación que claramente viola los artículos de la

Constitución y los tratados internacionales referidos.

IX.- PRUEBA:

Solicita a V.S. que oportunamente disponga la apertura de la causa a prueba, ofreciendo la

siguiente en sustento de las consideraciones formuladas:

1.- Documental:

a) Copia autenticada del ejemplar Nro. 26.034 del Boletín Oficial del día 9 de diciembre de

2008, en donde consta la publicación de la Resolución Normativa ARBA Nº 111/2008;

c) Copia de los instructivos sobre las metodologías utilizadas para calcular los anticipos

mensuales (4);

2.- Informativa:

a) Para el caso de que se desconozca la documentación presentada y de entenderlo V.S.

necesario, solicito se libre oficio al Departamento Boletín Oficial de la Dirección de

Impresiones del Estado y Boletín Oficial, a los efectos de que informe si oportunamente ha

sido publicado el texto de la Resolución Normativa ARBA Nº 111/2008, enviando en su

caso, copia auténtica del ejemplar;

3.- Confesional:

a) Se cite al Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, a los

efectos de que absuelva posiciones a tenor del pliego de posiciones que en su oportunidad

se acompañará.

X.- TASA DE JUSTICIA:

Que atento a lo normado por el art. 20 de la ley 13.928, la presente acción se encuentra

exenta del pago de todo tributo, y en especial, de la Tasa Retributiva por Servicios

Judiciales, lo que se solicita se tenga presente.

XI.- PETITORIO.

Por todo lo expuesto, de V.S. solicita:

1.- Se lo tenga por presentado, parte y con el domicilio procesal constituido y por

promovida en legal tiempo y forma la presente acción de amparo;

2.- Se tenga presente y por debidamente introducida la cuestión federal;

3.- Se tenga presente la prueba ofrecida y la documental acompañada;

4.- Se otorgue la medida cautelar solicitada;

5.- Oportunamente, se dicte sentencia acogiendo la pretensión de esta parte.

Proveer de conformidad;SERA JUSTICIA